"No sabemos nada. Pregúntale a Campagnoli", responde, molesto, un diputado del Frente de Todos interesado en conocer la reforma judicial anunciada por Alberto Fernández, pero sin un solo dato. 

Escuchó al presidente prometer "nuevas jurisdicciones" en su última entrevista en televisión, pero la ministra de Justicia, Marcela Losardo, no supo dar definiciones. Sólo admitió que "es posible" descentralizar los juzgados federales py, en cuyas 12 oficinas se tratan las causas por corrupción de cada Gobierno.  

Según versiones nunca confirmadas, el plan de Alberto es sumar juzgados federales para restarles poder a la docena de magistrados más poderosos del país. Gustavo Béliz, secretario de Asuntos Estratégicos y mano derecha del presidente, preferiría fusionar la justicia penal ordinaria de Capital Federal. 

Se trata de un viejo proyecto de Béliz de cuando era ministro de Justicia de Néstor Kirchner y tuvo que irse por una fuerte pelea con el ex espía Jaime Stiuso. El mayor ruido en el kirchnerismo es que uno de sus asesores es el fiscal José María Campagnoli, el mismo que impulsó una causa contra Lázaro Báez en 2014 que casi le cuesta su cargo.

Alberto anunció una reforma judicial para aprobar antes del 1 de marzo, pero nadie la conoce y la trabaja bajo llaves con Béliz. En  el kirchnerismo temen que lo asesore Campagnoli. 

Diez años antes había sido subsecretario de Protección Civil del Ministerio de Justicia, a cargo de Béliz, quien llevó a su gabinete al grupo de fiscales recordados como "Los Centauros", como Norberto Quantin y Pablo Lanusse.

Algunas fuentes kirchneristas negaban que Campagnoli haya trabajado junto a Béliz porque en estos días estaría disfrutando de sus vacaciones, pero no ocultaban su inquietud. "¿Acaso vamos a tener que leer el proyecto en dos días y aprobarlo? Si es así, tendrá cambios", aclaraban. 

La urgencia de desbaratar Comodoro Py tampoco está clara, porque la mayoría de los jueces conflictivos está en retirada, a excepción de Claudio Bonadío, y perderán peso si se aprueba el sistema acusatorio que le da más poder a los fiscales en la investigación. 

Además, hay cuatro Cámaras vacantes que Albero podría cubrir y tener un control pleno del fuero federal, tal como funciona ahora. En el Ministerio Público también esperan una ola de jubilaciones masivas, aunque mucho dependerá de la suerte que tenga en el Senado Daniel Rafecas, candidato a procurador general, el jefe de los fiscales. 

En el Congreso el oficialismo lamenta la falta de información del Ejecutivo después de haber logrado un funcionamiento monolítico, que hasta le permitió a Cristina Kirchner y Sergio Massa firmar resoluciones conjuntas para congelarse los salarios y restringir la planta política de ambas Cámaras. No hay antecedentes de semejante coordinación.

Massa pasó todo el mes en su despacho dispuesto a sesionar cuando sea, pero como los proyectos no llegaron la fecha estimada para abrir el recinto es el 29 o el 5 de febrero, con la reforma judicial, la de hidrocarburos, que Alberto también prometió y nunca  envió.  Tampoco llegó la eliminación de las jubilaciones de privilegio para magistrados y diplomáticos anunciada en diciembre por el presidente.

La misma inquietud existe en la oposición, con varios de sus referentes de retorno por temor a un "desguace" de la justicia federal, decididos a resistir como en 2013, cuando no pudieron impedir una reforma de Cristina Kirchner finalmente sancionada, con varios artículos declarados inconstitucionales. 

También hay algún temor entre los bloques aliados de Diputados, que en diciembre le garantizaron la emergencia económica. "No podemos quedar como socios de una apropiación de la justicia. Tienen que pensar bien cómo lo presenten", advirtió el referente de una de esas bancadas a LPO. 

Muchos legisladores actuales, después de aquella experiencia, repiten que  una reforma judicial requiere consensos amplios que acobarde a los jueces de todo el país. Y no tienen papeles para empezar a buscar aliados.