La trágica muerte ocurrida recientemente en el Volcadero de Paraná volvió a colocar en las primeras planas un asunto que es harto conocido pero que, lamentablemente, se ha mantenido sin cambios desde hace más de 100 años.
El basural a cielo abierto de la ciudad de Paraná, conocido popularmente como “Volcadero”, es el predio donde se disponen diariamente miles de toneladas de basura generadas por particulares, comercios y empresas de la capital entrerriana y buena parte del área metropolitana. Solo una fracción de dicho total recibe algún tipo de tratamiento o clasificación diferencial, sea a partir de las acciones que realizan de forma informal grupos de cartoneros y/o recicladores que se dedican a recuperar materiales para después comercializarlos, como a través de aquellas iniciativas que cuentan con algún tipo de acompañamiento estatal, como es el caso de la Planta Clasificadora “Manuel Belgrano” que se encuentra instalada en las adyacencias al predio.
Lo que pasa en el Volcadero persiste desde hace décadas, pero se agravó en el contexto del confinamiento obligatorio impuesto por la pandemia, primero; y por la profundización de la crisis económica actual, segundo, de la mano de una licuación de ingresos con una inflación interanual que está bordeando los tres dígitos.
En el año 2014, con la sanción de la Ley Provincial N°10311 de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU), se prohibió la quema de basura en toda la provincia y se estableció la obligatoriedad de cerrar y clausurar todos los basurales a cielo abierto existentes. Esto daría lugar a un proceso de regionalización, que incluiría la instalación de cuatro centros de disposición final -rellenos sanitarios, en un sistema similar al vigente hace años ya en otras provincias de la Región Centro- en: Paraná, Concordia, Tierra de Palmares (Colón-San José) y Santa Elena.
Sin embargo, casi no se ha avanzado en la materia. Pese a ser considerado una prioridad absoluta por el gobernador Bordet a poco de asumir [1], lo cierto es que, hasta este momento, solamente se ha avanzado en la construcción del relleno sanitario de Concordia, ciudad gobernada por el PJ de forma ininterrumpida desde el regreso de la democracia. En el resto de la provincia, poco y nada.
El caso de Paraná resulta paradigmático: la Municipalidad adquirió un terreno en el año 2014 que iba a permitir que los residuos no solo de la ciudad sino también de las vecinas localidades de San Benito, Colonia Avellaneda y Oro Verde tuviesen un destino final adecuado. Esta obra contaba con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y a instancias de una labor articulada entre los distintos niveles de gobierno, durante los cuatro años de la gestión Cambiemos trabajamos incansablemente para no solo avanzar con la licitación de la obra, sino también, para poner en marcha un plan de fortalecimiento institucional en materia de GIRSU que incluyera el relevamiento de las familias que habitan la zona del Volcadero y sus barrios circundantes, el diseño de un plan de inclusión social con participación de las cooperativas y, finalmente, la clausura del actual predio Volcadero y su posterior saneamiento. Incluso dicha obra llegó a aparecer en los Presupuestos Nacionales aprobados por el Congreso en los años 2018 y 2019.
De esta forma, y más allá del resultado electoral de 2019, hasta el final de la gestión seguimos trabajando en miras a finalizar los trámites pendientes, para así obtener el visto bueno final de las autoridades provinciales y del BID para convocar a la audiencia pública, instancia de participación ciudadana previa al llamado a licitación pública.
Habiendo pasado ya más de tres años de estos hechos, nos sentimos en el deber ciudadano de interpelar públicamente al intendente de Paraná y ex vicegobernador Adan Bahl y al gobernador Gustavo Bordet (cuyo segundo mandato finaliza el próximo año) por qué motivo, razón o circunstancia, pese a conocer de primera mano la complejidad de este asunto no se ha avanzado en la solución definitiva en la materia. ¿Por qué no se licitó la obra de relleno sanitario para Paraná?; ¿por qué tampoco se han dado a conocer propuestas alternativas en la materia?; ¿qué pasó con el financiamiento internacional otorgado para esta cuestión?, y la más importante, ¿hasta cuándo vamos a seguir impávidos, naturalizando el humo y la pobreza que sufren cientos de familias en la zona del Volcadero? ¡El predio se encuentra a escasas 15 cuadras de Casa de Gobierno!
Sin dudas es un tema delicado que combina dimensiones ambientales, económicas y sociales. Pero tratándose ambos (Bordet y Bahl) de protagonistas absolutos de los gobiernos PJ de los últimos dos periodos, ¿no les parece que deben rendir cuentas, responder y no permanecer en silencio frente a esta situación que perdura hace décadas?
Y también le digo a la ciudadanía en general: que no permanezca en silencio, y demande y reclame a los gobernantes tal y como la Constitución lo establece, ya que, como tristemente hemos comprobado, la desidia y la inoperancia también generan muertes.
(*) Ingeniera Agrónoma UBA. Docente y especialista en educación ambiental. Fue subsecretaria de Ambiente de la Municipalidad de Paraná gestión 2015-2019
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