Desde el año pasado varias decisiones del Gobierno que intentaron frenar los aumentos de precios recibieron una dura respuesta por parte de las empresas afectadas, que pidieron medidas cautelares en la Justicia porque consideran que buscan responsabilizarlas por problemas macroeconómicos que no pueden resolver. Algunas de esas medidas fueron otorgadas, mientras que las cuestiones de fondo siguen sin resolverse.

El caso de las empresas de telefonía móvil, fija, internet y televisión por cable se remonta a comienzos de la pandemia de Covid-19. Por el decreto 311/2020, las compañías del sector, al igual que las de energía eléctrica, gas y agua corriente se vieron impedidas de cortarles el suministro a determinados sectores vulnerables y tuvieron que empezar a comercializar paquetes de servicios reducidos ante la falta de pago.

Sin embargo, el diálogo entre el sector y el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) parecía fluir hasta que, en agosto, salió el DNU 690/2020, que declaró a las telecomunicaciones servicios públicos esenciales y estratégicos en competencia y determinó que los incrementos iban a estar fijados por el organismo, que recién en diciembre autorizó una suba del 5%.

Con este panorama, las empresas recurrieron a la Justicia y la primera en obtener una cautelar del Juzgado Federal N° 1 de Córdoba fue la cableoperadora TV Cable Color SA en febrero de este año. A este fallo se sumó luego la Asociación Argentina de Televisión por Cable (ATVC).

 Telecom obtuvo otro fallo cuando el viernes 30 de abril la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal hizo lugar a la medida cautelar que pidió y luego la misma sala también convalidó el planteo de Telecentro y DirecTV el 23 de junio pasado.

El Enacom apeló el fallo de Córdoba y presentó un recurso de queja ante la Corte Suprema por el fallo de Telecom y un recurso extraordinario federal ante la Sala II por la cautelar de Telecentro y DirecTV.

Hasta el momento el incremento autorizado llega al 20% para el caso de la telefonía móvil y al 22,5% para el resto de los servicios, pero algunas empresas ya actualizaron sus valores en al menos un 30%.

Las prepagas

En cuanto a las prepagas, estas recurrieron a la Justicia en junio de este año porque, según argumentaban, a pesar de los aumentos otorgados por el Gobierno, persistía un desajuste del 40% entre el aumento de los costos y lo que cobraban en concepto de cuotas de sus planes.

La semana pasada el juez a cargo del Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal N °7, Pablo Cayssials, ordenó la suspensión de las resoluciones 1787/20 (artículo 1º) y 2988/20 del Ministerio de Salud de la Nación hasta tanto se resuelva el remedio interpuesto por las accionantes en sede administrativa. Esto implica, según explicó Claudio Belocopitt, presidente de la Unión Argentina de la Salud (UAS) y dueño de Swiss Medical, que se autoriza un aumento del 32% a valores de octubre –que equivaldría a un 26% desde septiembre próximo–, debido a que las resoluciones ahora suspendidas habían impedido tres aumentos autorizados por el Gobierno (del 15%, 10% y 7%, respectivamente).

Estaba previsto que el Estado apele la medida, pero en el sector iban a proceder a comunicarles el aumento a los afiliados.

Otra empresa que presentó una acción de amparo ante el Juzgado Federal de Venado Tuerto y solicitó con urgencia una medida cautelar fue el frigorífico Black Bamboo, por el cepo a la exportación de carne establecido el 20 de mayo para bajar los precios al consumo interno.

“Confiamos en que la Justicia pueda atender nuestro reclamo, que es legítimo y busca mantener un esquema de trabajo que brinda empleo a 600 personas en Hugues. Somos el primer empleador del departamento General López y hoy la planta opera a un 60%”, explicó Luis Medina, director de Desarrollo de negocios de la firma, en contacto con el portal Punto Biz.

El planteo ante la Justicia ya tiene varias semanas y se hizo antes de que el Gobierno emitiera la resolución que estableció el régimen de cupos a la exportación.

Inequidades

Consultado por este escenario, el economista jefe de Ecolatina, Matías Rajnerman, dijo que la judicialización de la economía siempre es una mala noticia porque se generan inequidades entre las empresas que acceden a la medida cautelar y las que no, y/o puede haber represalias de facto de parte del Gobierno hacia las que obtienen los fallos.

Por otro lado, sostuvo que, pensando en la inversión, es un mal síntoma. “Si una empresa tiene que recurrir a abogados y luego tiene que decidir la ampliación de una planta productiva, va a pensar si puede lograr la diferencia económica que le devuelva la inversión”, agregó.

En el mismo sentido opinó José Martínez de Hoz, socio de MHR Abogados.

“Si las prepagas fueran un gran negocio, no faltarían camas y habría más clínicas, pero no las hay porque hay incertidumbre, no hay incentivos a invertir. Y, cuando pasa esto, baja la calidad del servicio. Los mismo se aplica a las telecomunicaciones. Este es un país que se está achicando. Hay problemas, pero, en lugar de incentivar la inversión, se administra la escasez. Son medidas que interfieren con derechos constitucionales y eso ocasiona las medidas judiciales que ponen al Poder Judicial en un lugar difícil. De ahí la importancia de tener un sistema judicial independiente, pero lamentablemente la debilidad institucional argentina no colabora”, concluyó.

Por María Julieta Rumi