En el Ejecutivo sostienen que no hay nada qué discutir y que el dinero no circulará. Desde el Ministerio de Hacienda aseguran que de los municipios depende que se descongele el goteo. Irreconciliables posiciones que dejarán a la cúpula judicial con la responsabilidad de definir sobre si pesa más un decreto o una ley, con el telón de fondo de una nueva intervención de la Corte en cuestiones que atañen a la Provincia de Corrientes.

Estériles resultaron las balas de salva que dispararon desde Casa de Gobierno, envueltas en un presunto acuerdo con los municipios reclamantes del punto extra, asegurando que éstos adherirían al Decreto 2.034, de uso específico de los recursos coparticipables. Igual de infructuoso fue el intento conciliatorio de las comunas pejotistas, que ante el titular del Superior Tribunal de Justicia, Guillermo Semhan pidieron a los delegados provinciales en la mediación que se liberen los fondos retenidos de la coparticipación. Y un similar accionar tullido demostrará hoy la cabeza del Poder Judicial en una resolución alternativa de disputa que nunca amagó con alcanzar buen puerto.

Con este escenario se cruzarán dos veces las partes en conflicto. Primero, en la Sala de Acuerdos de la Corte provincial; y después, en la Cámara de Senadores.

En ambos lugares darán qué hablar tanto radicales como peronistas, y luego se vería una tercera voz, la de la Justicia.

Parece claro que en la Legislatura el oficialismo apuntará a sanear una iniciativa que como la del decreto venía floja de papeles como para pasar el examen de los jueces. Con la presentación del proyecto no hizo sino reconocer implícitamente la validez de los planteos del PJ. Aun así queda claro que la cuestión no se desjudicializará por la sola promulgación de la Ley.

Queda lo adeudado y -mientras Colombi supone que el PJ se allanará a las condiciones impuestas de desistir de las acciones judiciales- en el peronismo hay decisión firme de no dar un solo paso atrás, obligando a que sean los jueces quienes pongan límites a las decisiones arbitrarias del poder político provincial.

En el medio, los llamados "Tres Mosqueteros" que lo que menos que quieren es aparecer funcionales a los intereses políticos del Gobierno, tanto más cuanto se ha relacionado la actitud de Guillermo Semhan como dilatoria y en línea con una actitud incompatible con la urgencia que supone la no transferencia de recursos a los municipios.

"Entre el lunes y el martes, el Superior Tribunal resolvería la cautelar", comentó a EL LIBERTADOR el asesor legal del Municipio capitalino, Justo Pío Sierra, anticipando una coyuntura alejada de la conciliación.

Es que las palabras del propio Gobernador y de su ministro de Hacienda representaron el preludio de un final anunciado (ver notas aparte).

Las voces del PJ también marcaron la postura infranqueable del peronismo vernáculo.

El senador, Rubén Bassi cuestionó el "disciplinamiento" que quiere  imponer literalmente Colombi en su proyecto de ley para blanquear lo que el Decreto Nº 2.034 intentó facilitar.

Y quien fue más incisivo fue Roberto Miño, quien criticó las dotes de palabra del mandatario correntino y de la UCR. "El Gobernador incumplió la promesa del punto", advirtió, alegando ello como disparador de la arremetida justicialista a escala judicial.

La senadora, Carolina Martínez Llano destacó que en este tema no hay posiciones contrapuestas ni entre los legisladores, ni entre los intendentes, siquiera con las autoridades partidarias. "Hay una sola posición que pasa por demandar justicia en el marco del equilibrio de poderes que determina la Constitución", remarcó la legisladora, quien indicó que la posición es a favor de la derogación del decreto y en contra de la iniciativa de alterar lo dispuesto en la Ley vigente. "Si lo hacen -indicó- será sólo por una decisión del oficialismo que en principio tiene número. Nosotros no podemos convalidar esto", concluyó.

En concreto, los dos "ringsides" (la mediación y la Legislatura) instalarán un horizonte recalcitrante que promete alcanzar puntos de erupción conforme los tiempos vayan acercando los escenarios electorales de 2015 y más aun de 2017, cuando el radicalismo intente estirar a 18 años un modelo cuyo líder hasta el momento demuestra el síndrome del "pato rengo", y cuando el peronismo busque romper una racha de más de cuatro décadas sin gobernar.

Por el lado de la conciliación, la decisión quedará en manos de los supremos, quienes deberán marcar qué tiene mayor preponderancia, si el Decreto Nº 2.034 o la Ley, mientras cursa autos para la cautelar solicitada por las comunas afectadas con la retención de fondos y el no reintegro de los recursos coparticipables que desde el 1 de agosto comenzaron a gotear del Ejecutivo.

Por el lado parlamentario, se descuenta que el oficialismo buscará avanzar hoy (ver página 5) con el proyecto de ley que tampoco esquivó la polémica, con varios artículos observados por la oposición. Los de ECO saben que el Frente para la Victoria le hará sentir el peso que representa no respetar acuerdos alcanzados, más si se tiene en cuenta que dichos consensos permitieron al oficialismo obtener el aval para el Presupuesto provincial, en el cual se contempló el tan nombrado y cuestionado punto extra coparticipable.

Lo que queda para el análisis es el por qué de la decisión del Poder Ejecutivo de poner en manos de sus senadores el costo político de ser ellos mismos los que propicien un cambio de postura a menos de un año de haberse comprometido con sus pares del justicialismo a otra cosa.

VAZ TORRES: "De las comunas depende cuándo comenzarán a recibir los fondos"

El Ministro de Hacienda explicó la restricción que implica la judicialización del Decreto que da lugar al reparto de fondos por parte de Capital y otras cuatro Comunas. "Pueden recibir los fondos ya mismo, para lo cual deben retirar la objeción sobre el Decreto N° 2.034 que rige el reparto de estos y adherirse al mismo; o esperar a la sanción de la Ley, es su decisión", especificó el funcionario. "En cualquier caso, los recursos irán a obras públicas, tal cual lo planteó el Gobernador", apuntó.

Consultado sobre la situación planteada en el ámbito judicial por cinco de los setenta y un municipios respecto del aumento de recursos a las comunas para ser destinados a obras, el ministro de Hacienda, Enrique Vaz Torres, aseguró que "depende del Municipio de la Capital, cuyo Intendente ideó esta estrategia errónea, cuándo comienzan a recibir los fondos que están reservados por la judicialización".

RUBÉN BASSI: "Es muy autoritario"

El senador del PJ, Rubén Bassi hizo hincapié en el proyecto de ley presentado por el Ejecutivo y que tendrá hoy tratamiento en la Cámara alta provincial sobre el punto extra de coparticipación con uso específico en obras. "El disciplinamiento es un artículo muy autoritario", aseveró el legislador en referencia al apartado Nº 7 de la propuesta oficial.

"Es un artículo autoritario por parte del Gobernador. O se hace lo que yo digo o no reciben nada, eso dice", remarcó Bassi, quien comentó a Sudamericana que analizaron la moción radical y repararon en detalles de los artículos 4, 5 y 7. "Estamos conversando y analizando ciertos puntos con los que no estamos de acuerdo", comentó.

ROBERTO MIÑO: "El Gobernador incumplió la promesa del punto"

El senador del Frente para la Victoria, Roberto Miño resaltó ayer que la instancia judicial fue el último recurso que les quedó a las comunas debido a la falta de palabra que demostraron desde el Gobierno y el oficialismo parlamentario. "No queríamos llevar el tema a la Justicia, pero el Gobernador incumplió con la promesa del punto", asestó el legislador.

Miño anticipó lo que será el perfil opositor en la Legislatura, a la hora de hacerles recordar a los oficialistas qué acuerdos quebraron y qué coyuntura instalaron tras romper códigos que sirven para el funcionamiento aceitado de las instituciones, los cuales permitieron el año pasado a ECO obtener el apoyo opositor para el Presupuesto, donde se acordó el punto extra.

"No sólo ese punto de más es lo que vamos a tratar, queremos que se cumplan los otros acuerdos firmados porque son muy importantes para las comunas", aclaró el Senador, en referencia a los dineros correspondientes al Fondo Educativo y al Fondo Sojero.

RICARDO COLOMBI: "Están escondiendo la mala administración que tienen en sus municipios"

El gobernador de la Provincia, Ricardo Colombi se refirió al tan polémico punto extra de la coparticipación para las comunas con el uso específico en obras. Sin ganas de ofrecer algún atisbo de conciliación con los cinco municipios que judicializaron la cuestión y que hoy participarán de la tercera audiencia de mediación, el mandatario arremetió asegurando que "se trató, como siempre se hace desde la Comuna de la Capital, de poner en dudas el objetivo".

Es que para Colombi, está más que clara la aceptación al decreto que ahora intentará reemplazar por ley, cuyo avance del proyecto se dará hoy en el Senado. "De los 71 municipios, 66 estuvieron de acuerdo; es decir que prácticamente el 97, 98 por ciento fueron contestes con lo que creemos que hay que hacer y consideramos que hay que hacer por la misma situación que estamos viviendo", remarcó.

Y como para subir un poco la temperatura antes de la mediación, sostuvo que "algunos, que son los menos, creen que se está avasallando la autonomía municipal; no es así. Creo que en definitiva lo que están escondiendo es la mala administración que tienen en sus municipios".

De esta manera dejó instalada la postura de la Provincia, que hoy se sostendrá en la figura del Fiscal de Estado y los asesores técnicos y legales del Gobierno, anticipando un final anunciado de la conciliación intentada por el Superior Tribunal de Justicia. "Indudablemente estos fondos, que son producto del esfuerzo de todos los correntinos, deben tener un fin productivo", sentenció para no dejar dudas.