El pasado miércoles 28 de enero la presidenta Cristina Kirchner propuso ante el Senado la designación del abogado Roberto Carlés como sucesor del cargo vacante que dejó Eugenio Zaffaroni en la Corte Suprema de Justicia tras su renuncia en diciembre de 2014.

A partir de esto, muchos funcionarios, tanto oficialistas como opositores, respaldaron la decisión, mientras que otros todavía dudan y no coinciden en que el joven se convierta en ministro.

En esta provincia, referentes del sector dialogaron con LA VOZ DEL CHACO y expresaron sus posturas.

La ministra del Superior Tribunal de Justicia, María Luisa Lucas, se mostró indiferente a la propuesta de la mandataria nacional ya que desea que sea una mujer la que ocupe este puesto. «No conozco el trabajo de Carlés, pero preferiría que la Corte tenga dos mujeres en su cuerpo y que se cumpla el decreto dictado por Néstor Kirchner, donde avala y resalta la figura de las mujeres en este organismo, respetando el cupo para estas», explicó.

Consultada sobre quién de ellas estaría capacitada para ejercer este rol, Lucas señaló que existen muchas personas dentro de la justicia nacional y provincial con antecedentes comprobables, como Susana Medina, de Entre Ríos, «por nombrar una», determinó.

Desde el Consejo Profesional de Abogados y Procuradores de Resistencia, su presidente, Hilario Bistoletti, mencionó que mañana tendrán la primera reunión del instituto donde analizarán esta decisión de Cristina Kirchner y adoptarán una postura al respecto.

SIN TRAYECTORIA

JURIDICA

De igual manera señaló que a nivel personal no conoce la trayectoria jurídica de Carlés. «Sé que es joven, lo cual no le resta posibilidades, pero tengo mis dudas sobre su trabajo jurídico, lo cual me impide manifestarme sobre su idoneidad o no para cumplir con semejante cargo», sostuvo.

«Igualmente, creo que si la Presidenta lo nombró, deberá reunir los requisitos correspondientes», agregó.

Respaldando la posición de Bistoletti, José Sánchez, integrante del Consejo y afiliado al Colegio de Abogados de Resistencia, indicó que «cualquier postulante a ocupar un puesto de la Corte Suprema de Justicia no puede tener ni un mínimo de sospecha de parcialidad porque sería un acto contrario a la institucionalidad».

«Que sea tildado de partidario le impide ser independiente en sus decisiones. Además no se le conocen antecedentes ni trayectoria», aseveró.

Por su parte, la jueza de Faltas de Barranqueras y referente en la provincia de la Asociación Pensamiento Penal apoyó sin rodeos y contrariando a sus colegas, la postulación de Carlés, destacando su idoneidad, su calidad humana y su alto compromiso político con probada independencia partidaria.

TIENE CONDICIONES

«Desde la Asociación pensamos que es una persona que cumple sobradamente con las exigencias constitucionales para cubrir el cargo, que tiene idoneidad y que ha exteriorizado a lo largo de su corta carrera condiciones profesionales sobresalientes, que cuenta con una intachable calidad humana y gran compromiso político», subrayó Saidman.

Con respecto a los cuestionamientos por la juventud de Carlés, la jueza aclaró que «el doctor tiene 33 años y los requisitos exigidos por nuestra Constitución establecen 30 años de edad, 8 de ejercicio en la profesión y 6 de ciudadanía. Todo el fundamento de que el doctor Carlés es joven son condicionamientos subjetivos o políticos». En ese sentido, advirtió que «debiéramos modificar la Constitución si nos parece que 33 años no son suficientes para cubrir el cargo».

Saidman sostuvo, además, que la decisión de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner de formular una postulación para cubrir la vacante dejada por el retiro del doctor Eugenio Zaffaroni se corresponde con el artículo 99 de la Constitución Nacional. «Es la Presidenta la que eleva la propuesta al Senado que con dos tercios en sesión pública debe nombrar al juez de la Corte Suprema», precisó.

Del mismo modo, la jueza de Faltas de Barranqueras también ponderó que la designación de Carlés «significaría oxigenar al máximo tribunal de nuestro país, no sólo desde el punto de vista de la edad, sino también de la lógica judicialista». En ese sentido, explicó que «el doctor Carlés no ha ejercido la función judicial y quiénes integramos el Poder Judicial muchas veces nos oponemos a que abogados que no provienen desde el seno del Poder Judicial ocupen cargos judiciales, y creo que es una lógica equivocada, que conserva una lógica corporativista».