A través de un video institucional, se dieron detalles del funcionamiento de la “wiskería” ubicada en 11 de Septiembre casi La Rioja, y se advirtió que cada año facturaba “entre cuatro y cuatro millones y medio de pesos” por la explotación de mujeres paraguayas.

El fiscal federal Pablo Larriera recorrió las instalaciones del inmueble ubicado en 11 de Septiembre 3028, que solía tener luces de neón, vidrios espejados y faroles de luces rojas en su vereda. El lugar está a seis cuadras de la comisaría primera, a cinco de la Municipalidad y a apenas 50 metros de la vivienda del obispo local. El salón central, lleno de mugre actualmente, solía “ofertar” -como si se tratara de mercancías- al menos 16 mujeres traídas desde Paraguay, aunque se estima que llegó a haber más de 30. Allí tomaban “copas” con los ocasiones o recurrerentes clientes/prostituyentes, y luego salían al hotel lindero a concretar los denominados “pases”.

El fiscal reparó en que no había una puerta interna, a pesar de que ambas propiedades pertenecían a la red. “Era tal la impunidad que iban por la calle, a la vista de todos”, sostuvo. A su vez, advirtió que las mujeres eran llevadas en combis o en taxis desde una casa -situada en 20 de Septiembre 3532- donde vivían hacinadas hasta el prostíbulo donde eran explotadas.

Por su parte, Marcelo Colombo, titular de la Procuraduría para el Combate de la Trata y Explotación de Personas (Protex), destacó que esta causa deja en evidencia el carácter de delito trasnacional de la trata de personas, al ser las víctimas traídas desde Paraguay, y el poder económico de estas redes: los financistas de la organización construyeron el hotel lindante -llamado El Paraíso en ese momento- para la concreción de los “pases”.

LOS IMPUTADOS

Larriera sostuvo que la red de trata tenía dos cabezas visibles: Juan Carlos Motillo, encargado de organizar y regentear el prostíbulo, además de cobrar pases, quien falleció a la espera del juicio oral; y su mujer, Alicia Acevedo Galeano, quien quedó procesada en junio, luego de estar prófuga y presentarse ante la Justicia a principio de año. Era la encargada de viajar a Paraguay a reclutar víctimas, a veces acudía en una camioneta a nombre de la sociedad, que tenía muchos otros bienes. “Era una dinámica de enriquecimiento económico: por año podían llegar a facturar entre cuatro y cuatro millones y medio de pesos”, aseguró el representante del Ministerio Público Fiscal.

A su vez, hay otras cinco personas imputadas en la causa. La Cámara Nacional de Casación Penal resolvió anular el dictamen de la Cámara de Apelaciones de Mar del Plata que había determinado la falta de mérito María del Carmen Castrege y su esposo Aníbal Soria, los presuntos financistas de la organización, quienes finalmente quedaron procesados por la Cámara Federal de Apelaciones.

Las otras tres personas implicadas en la causa fueron personal empleado en el lugar: un hombre de seguridad, un colaborador y un barman que actuaba como administrador del prostíbulo.

SENTÓ PRECEDENTE

Colombo destacó que esta investigación “tuvo la virtud de ir a buscar a las personas que financiaban la construcción del hotel y se beneficiaban por los servicios sexuales que se concretaban en ese hotel”.

Daniel Adler, jefe de los fiscales federales en la ciudad, puso en relieve el trabajo desde el Ministero Público Fiscal -aún cuando los jueces de primera instancia negaban allanamientos e indagatorias- y aseguró: “Este caso nos demuestra que cuando se quiere, e puede”.

Justamente, ante la negativa de los juzgados de primera instancia a avanzar en allanamientos, Colombo destacó el camino emprendido por la Fiscalía: “Se podía no hacer nada, porque no es apelable, o forzar la interpretación tradicional de la jurisprudencia, ya que como jueces no podían negar un recurso arbitrariamente. Fuimos tratando de ser lo más creativos posibles, y a partir de este caso, se creó una jurisprudencia muy valiosa en la Cámara Federal de Apelaciones, que hoy se utiliza en otros casos de todo el país”.