Mauricio Caminos

Varios poroteos vía Zoom entre el domingo a la noche y este lunes al mediodía profundizaron la incertidumbre sobre la votación en particular de la ley ómnibus. La sesión en Diputados se retoma este martes desde las 14, pero terminaría el miércoles o el jueves. Los cuestionamientos son tan variados y la forma de negociación de Javier Milei tan brumosa, que la expectativa es que para muchos de los artículos cruciales no se sabrá de antemano el resultado hasta el preciso momento en que los legisladores voten. El Gobierno entrará al recinto de la Cámara baja casi a ciegas.

La duda principal siguen siendo los pasajes de la ley Bases que más le interesan al Presidente: delegación de facultades, privatizaciones, Fondo de Garantía de Sustentabilidad, impuesto PAIS y la emergencia en seguridad. 

El domingo estuvieron en contacto dos espadas de la oposición aliada referenciada en los gobernadores: Oscar Agost Carreño, de Hacemos Coalición Federal –el bloque que conduce Miguel Pichetto–, y Pamela Calletti, de Innovación Federal. Hoy ya lo extendieron a todo el bloque, que votó dividido la general. El radicalismo armó su propio Zoom este lunes para consensuar una postura común. La fuerza que conduce Rodrigo de Loredo repasó cómo votará los más de 300 artículos de la ley, pero ya se avizora una cuña: a la reunión faltó Facundo Manes, luego de diferenciarse junto a Pablo Juliano el viernes en la votación en general.

Entre los radicales y los federales suman 60 bancas -ya que hay que restar a los radicales díscolos, los socialistas y Natalia de la Sota–, muy apetecibles para el oficialismo si quiere aprobar el contenido de la ley Bases. Los 37 del PRO juegan en tándem con los 38 de La Libertad Avanza. Sin acuerdo con ellos, algunos ítems del texto terminarán por caer. La aprobación en general del viernes fue 144 a 109. Además de los aliados, se sumaron algunas fuerzas provinciales.

Este lunes Martín Menem esperaba recibir el listado de los oradores por bloque para la votación en particular. Se esperan otra vez sesiones largas: a diferencia de otras leyes, puede que haya cierta discusión sobre los capítulos, más las propuestas de modificación y planteo de disidencias. Se está negociando que la votación sea por capítulos, con el interrogante de qué pasa con los artículos más criticados. Es el caso del capítulo II del proyecto, con apenas tiene dos artículos pero de peso trascendental: uno sobre la declaración de la emergencia, otro sobre la delegación de esas facultades. Cada ítem será una batalla. 

El ministro del Interior, Guillermo Francos, el jueves en la Cámara de Diputados. NAFacultades y el reclamo de los gobernadores

Uno de los negociadores de la UCR adelantó a elDiarioAR que sobre el capítulo de las emergencias hay rispideces. Les preocupa la facultad de reorganización administrativa, “probablemente la más amplia –señaló– en vista de las intervenciones a organismos que el Presidente está disponiendo estos días”. Milei intervino este lunes los medios públicos –paso previo a su privatización– y antes había hecho lo mismo con el Enacom. 

Los gobernadores pusieron el grito en el cielo sobre el poder que tendría el jefe de Estado en barrer con los fondos fiduciarios, muchos de los cuales afectan a las provincias. Hay desde fideicomisos de obras públicas a uno que rige la actividad del tabaco. 

Los mandatarios también continúan reclamando compensaciones a las provincias a través del FGS o el impuesto país. Esperaron en vano hasta ahora un llamado de Guillermo Francos. “El Gobierno tiene que decidir qué va a hacer con lo del impuesto PAIS, que quitó de las supresiones al dictamen, y lo relacionado a eso con las provincias, para saber así si cuenta con todos los bloques para la sesión o no”, consideró un operador de los aliados. “No habrá convocatoria a los gobernadores”, anticiparon en Casa Rosada.

Antes de que Milei partiera a su gira por Israel e Italia, el ministro de Interior salió este lunes temprano a advertir en público que si la oposición incorporaba la coparticipación del impuesto PAIS en la ley, el Presidente lo va a vetar. “La transitoriedad hace que no sea factible coparticiparlo”, argumentó técnicamente el funcionario sobre el gravamen a la compra de divisas que tiene fecha de caducidad en diciembre próximo.

Como ya lo detalló elDiarioAR, el reclamo por el impuesto PAIS está atado al futuro del FGS. Los gobernadores –los de Juntos por el Cambio, pero también el peronista cordobés Martín Llaryora– piden una compensación para armonizar las deudas que hay entre la Anses y las Cajas de Jubilaciones locales. Si eso no ocurre, quieren retener el 30 por ciento del impuesto PAIS que va a un fideicomiso para obras en barrios populares. 

Menem y Lule Menem, secreteando en el recinto durante las primeras jornadas del tratamiento de la ley ómnibus. NAPrivatizaciones, derechos humanos y ambiente

Sobre el punto de privatizaciones, hay un acuerdo transversal entre los radicales y HCF, luego de que el Gobierno accediera a dividir en bloque las empresas. Son cuatro artículos distintos, que corresponden a cuatro anexos diferentes con las empresas sujetas a privatización. Sin embargo la oposición acuerdista exige algunos cambios en los artículos que hablan de transparencia y sobre la comisión bicameral. “Hay libertad de acción en este tema”, fue la orden que bajó en la UCR. Lo mismo para HCF, tan heterogéneo en su conformación. 

El Gobierno mantiene la privatización parcial de Banco Nación, Nucleoeléctrica Argentina y ARSAT. Retiró del listado al Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), Casa de Moneda, Dioxitek S.A; Fábrica Argentina de Aviones, Fabricaciones Militares, Radio de la Universidad del Litoral, Servicio de Radio y TV de la Universidad de Córdoba, Vehículo Espacial Nueva Generación y Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio. Y dejó a 27 empresas sujetas a privatización, entre las que figuran Aerolíneas Argentinas, Correos Argentinos, Aysa, Ferrocarriles Argentinos, Administración General de Puertos, Yacimientos Carboníferos Fiscal, y los medios públicos (Télam y RTA).

También hay preocupación por los alcances de la emergencia en seguridad, tras el nivel represivo fuera del Congreso durante los tres primeros días de debate. El clima de las negociaciones por los artículos de este capítulo “se enrareció”. Tanto que solo ocho diputados de los 34 radicales estarían dispuestos a apoyar lo que pide Patricia Bullrich, supo este medio. Hay mucha resistencia a la suba de penas –las consideran “desproporcionadas” respecto a la organización y participación de los piquetes– y a los artículos referidos a la legítima defensa y resistencia a la autoridad. 

A estos reclamos opositores sobre el articulado se suman los cuestionamientos que aún persisten sobre otros puntos de la ley, como son el capítulo ambiental y el cultural. Sin ser condiciones sine qua non  en la negociación entre oficialistas y aliados, es desde la sociedad civil donde se motoriza su rechazo. 

Desde las cátedras de derechos humanos en la Universidad Nacional de Rosario cuestionaron en un comunicado difundido este lunes que la ley Bases “pone en crisis los fundamentos del sistema democrático y los estándares vigentes en materia de derechos humanos, comprometiendo la responsabilidad internacional del Estado argentino”. Y, a su vez, más de 250 organizaciones ambientalistas y sociales denunciaron lobby minero contra la Ley de Glaciares, que se modifica en el articulado para permitir la explotación en cuerpos de hielo de montaña. Estás también serán microbatallas durante las sesiones de votación en particular de la ley ómnibus.