El subsecretario de Coordinación Operativa del Ministerio de Seguridad, Diego Poretti, sigue en la mira de la Legislatura por la investigación de la justicia federal que lo acusa por los supuestos delitos de "allanamiento ilegal" e "incumplimiento de los deberes de funcionario público". Los otros imputados son el ex jefe de Policía de la provincia, Hugo Tognoli, el ex jefe de la Guardia de Infantería, Marcelo Bustamante y el juez de Instrucción, Jorge Pegassano. El jueves, los diputados del PJ intentaron votar sobre tablas un pedido al gobernador Antonio Bonfatti para que lo separe del cargo, pero no lograron reunir los dos tercios -faltaban dos votos- porque tres legisladores cercanos a Miguel del Sel no acompañaron la minuta: el jefe del Pro, Raúl Fernández y sus colegas, Miriam Cinalli y Norberto Nicotra, que armaron su propio bloque. El proyecto pasó a comisión por lo que ahora seguirá el trámite normal y saldría por mayoría simple. Y el miércoles, le despacharán también una nota al fiscal general de la provincial, Julio De Olazábal, para que no le tome juramento a Poretti en un puesto que ganó por concurso el año pasado: subsecretario de Persecución Penal -una especie de nexo entre la Policía y los fiscales- que dependerá del fiscal regional de Santa Fe, Ricardo Fessia.

Apenas, el Ministerio Público Fiscal imputó a Poretti en la causa, fuentes de la Casa Gris dijeron que el funcionario ya no estaba en el Ministerio de Seguridad. Sin embargo, los legisladores del PJ retrucaron. "Tenemos la plena certeza de que Poretti se encuentra en funciones en el Ministerio de Seguridad", dijo el presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales, Leandro Busatto. "Y también tenemos la certeza de que ha concursado un cargo en el Ministerio de Público de la Acusación, en la Fiscalía Regional de Santa Fe. Por tal razón, queremos evitar que se cometa una atrocidad y que funcionario que está sospechado e imputado en una causa penal asuma en el nuevo sistema penal como funcionario de la Acusación, ni más ni menos que como subsecretario de Persecución Penal", agregó.

"Le pedimos al gobernador que acepte la renuncia y el desplazamiento de Poretti y le vamos a solicitar por escrito al fiscal general y titular del Ministerio Público, doctor De Olazábal, que evite tomarle juramento a Poretti".

-El gobernador Bonfatti dijo que Poretti ya no es más funcionario político del Ministerio de Seguridad -le planteó un colega.

-Acabo de constatarlo. Llamé al Ministerio de Seguridad y me dijeron que estaba en una reunión. Está en funciones, esta semana trabajó en su oficina en el Ministerio de Seguridad -contestó Busatto.

La denuncia contra Poretti, Tognoli y el juez Pegassano fue presentada la semana pasada por el fiscal federal Walter Rodriguez y el titular de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procurar), Félix Crous ante el juez federal N 2, Francisco Miño. Es por un procedimiento antidrogas que se realizó en una vivienda de Colastiné, el 27 de junio de 2012, que Miño anuló el 19 de diciembre de 2013 porque se realizó sin "orden de allanamiento fundada" ni "expediente" y dictó el sobreseimiento de dos imputados.

El requerimiento de instrucción de los fiscales Rodriguez y Crous adviertió sobre una supuesta "connivencia en procedimientos irregulares" entre Poretti, Tognoli y Pegassano. "Aquí radica la suma gravedad institucional del caso", dice. "Funcionarios provinciales de la más alta jerarquía han sido cómplices de violaciones a garantías constitucionales de carácter elemental, en lo que, inclusive, pareciera haber sido una práctica habitual en la Policía de Santa Fe. Cada uno de ellos, desde la posición institucional que ocupaba, habría obrado muy por debajo del estándar mínimo del necesario deber de cuidado con el cual corresponde que desempeñen su tarea los miembros de la administración pública", agregó.

El diputado Héctor Acuña dijo que "Poretti era el funcionario del Ministerio de Seguridad que tendría que haber garantizado que el procedimiento se hiciera conforme a derecho. Es inadmisible que siga estando en el gobierno. Y le vamos a pedir al fiscal De Olazábal que no le tome juramento como funcionario de su equipo porque alguien que viola las garantías constitucionales y tiene poco apego por la ley no puede ser designado subsecretario de Persecución Penal", comentó.