En el marco de la implementación del nuevo Código Procesal Penal de la Provincia, el presidente del Colegio de Magistrados y Funcionarios de Río Negro, Héctor Leguizamón Pondal, se refirió a la nueva Ley procesal, y expresó que “sin duda este nuevo Código es el esfuerzo de muchos y el logro de todos. Las tareas que se han realizado a lo largo de estos últimos años muestran una propuesta de trabajo distinto en el Sistema Penal”.

Para que el Código fuera posible, “es necesario agradecer la participación del Gobernador de la Provincia, Alberto Weretilneck, que fue quien continuó el proceso de reforma, entendiéndolo como una política de estado. También a la Legislatura de Río Negro, que consideró la propuesta del Colegio de Magistrados y que, junto con la necesidad de cambio que la sociedad reclamaba, dispuso una reforma parcial y luego ésta de carácter integral. Al Superior Tribunal de Justicia que acompañó el proceso de implementación con normas prácticas y nuevas capacitaciones. A los colegios de abogados que, a través de sus asociados, revelaron las necesidades detectadas en el ejercicio profesional. Y a todos los que de alguna forma ocuparon su tiempo a través de acciones y aportes para que se concretara esta transformación política y jurídica”, detallo Leguizamón Pondal.

Más adelante, el Presidente del Colegio reseñó que, “desde aquellos días del año 1996, cuando junto a unos colegas cursábamos en Esquel una Especialidad en Derecho Penal, y con el desafío que nos hiciera el profesor Alberto Binder de soñar con un Sistema Penal moderno para la provincia de Río Negro, transcurrieron numerosos avatares. En el Colegio nos propusimos sincerar el Código ritual con la manda constitucional provincial que, desde 1988, indicaba que el verdadero proceso político punitivo debía navegar las aguas del acusatorio, e incorporar una forma de juzgamiento conclusiva a través de los jurados; todo ello considerando también la reforma de la Constitución Nacional de 1994 que establecía un marco de convencionalidad, lo que hacía impostergable que nos sumáramos al movimiento de reformas que se gestaba en Latinoamérica”.

“Ocurrido el cambio de Gobierno y ya en funciones el actual Gobernador, entendió la necesidad de la reforma y, lejos de cercenar su avance, vio en la iniciativa una política de estado, encomendándole al por ese entonces Vicegobernador Carlos Peralta que concretara la ley que permitiera un nuevo Código Procesal Penal. Así, el 10 de diciembre del año 2013 se aprobó en primera vuelta, y en diciembre del 2014 se sancionó la Ley 5020. En ella, y a los efectos de una adecuada implementación del nuevo sistema procesal penal, se crea una comisión inter poderes que dé seguimiento al proceso de reforma. Integrada la Comisión Legislativa, coordinada políticamente por la legisladora Tania Lastra, se nutre de los aportes del Superior Tribunal de Justicia que se integra a través de su Presidente, de nuestro Colegio a través de su presidencia, de los abogados y representantes del Ejecutivo Provincial. De este modo, el Colegio se siente partícipe en la legitimación de la tarea judicial y aportante de su experiencia”, sostuvo Leguizamón.

En relación a las características del nuevo Código, explicó que “permite una oralidad plena, a la vez que materializa los principios republicanos de soberanía del pueblo, publicidad de los actos de gobierno, facilitando con ello el control ciudadano a través de su participación, para determinar la responsabilidad funcional”.

Al finalizar, el presidente del Colegio, mencionó que “se establecen de este modo puentes entre un poder del Estado y el pueblo, para y por quien ejerce este servicio de administración de Justicia, y quien hoy también lo integra y controla. Nuestro sueño cobró forma, nuestro anhelo nos esperanza con una pacificación social”.