Desde empresarios hasta miembros del Poder Judicial. Con la condena a Jaime Lamont Smart, por primera vez se encontró culpable por delitos de lesa humanidad a un funcionario civil. La causa Papel Prensa y los expedientes demorados.
Mientras ya son investigados sectores económicos –ejemplos de esto son la causa Papel Prensa, el procesamiento del dueño del Ingenio Ledesma, Carlos Blaquier, y las causas abiertas contra jueces y fiscales de todo el país–, hay apenas diez personas que tuvieron algún cargo en los Ejecutivos nacionales, provinciales o municipales que están procesados, a los que se suman seis funcionarios universitarios investigados como integrantes de la CNU de Mar del Plata.
Un paso en ese sentido fue dado en la semana por el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata, que condenó a Smart pero también ordenó la detención de Alberto Rodríguez Varela, ex ministro de Justicia de la dictadura, y pidió investigar por los secuestros que sufrieron la familia Graiver y Papaleo en el caso Papel Prensa a un grupo de dirigentes civiles que integraron el gobierno nacional y provincial durante el terrorismo de Estado. En la lista se encuentran Roberto Durrieu, ex viceministro de Justicia de la dictadura; el ex subsecretario de Gobierno bonaerense, Juan María Torino Olivieri, el ex subsecretario de Asuntos Institucionales bonaerense Edgardo Frola; Héctor Munilla Lacasa, ex subsecretario de Justicia de la provincia, y el ex presidente del Banco Provincia Roberto Bullrich.
La investigación de este grupo de ex funcionarios se suma a los pocos civiles que ya han sido procesados por la justicia. Es el caso del ex ministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz y su secretario de Hacienda, Juan Alemann. Este último comenzó a ser juzgado semanas atrás en el megajuicio de la ESMA, donde deberá responder como coautor de tormentos cometidos a Orlando Antonio Ruiz, secuestrado en ese centro clandestino a mediados de 1980. Alemann fue visto allí por sobrevivientes, quienes declararon que participó del interrogatorio al detenido para conocer si había sido parte de un atentado en su contra en 1979.
Su ex jefe, Martínez de Hoz, también se encuentra procesado junto al dictador Jorge Rafael Videla y Albano Haguindeguy por el secuestro extorsivo de Federico y Miguel Gutheim. Por esa causa actualmente está preso en su departamento del edificio Kavanagh, con prisión domiciliaria.
Según pudo determinar la justicia, los Gutheim, titulares de una empresa algodonera, estuvieron secuestrados entre noviembre de 1976 y abril de 1977, y fueron forzados a mantener reuniones con empresarios ingleses y chinos, y a firmar acuerdos comerciales en los que estaba interesado Martínez de Hoz.
Otro ex funcionario de esa cartera que será investigado es Guillermo Walter Klein, quien fuera secretario de Estado de Programación y Coordinación Económica. Así lo solicitó la fiscalía en el alegato de la causa por la que fue condenado este viernes Héctor Pedro Vergez, ya que aparecieron testimonios que lo vinculan con el secuestro de Juan Carlos Casariego de Bell, un alto funcionario del ministerio que permanece desaparecido.
Otro que aparece complicado es el ex vicepresidente del Banco Central durante la dictadura, Alejandro Reynal. Si bien el expediente fue cerrado, recientemente Reynal fue citado por la Cámara Federal porteña a una audiencia para decidir si se reabre la causa por la liquidación del Banco Latinoamericano, previo secuestro de su titular, Eduardo Saiegh, en 1980.
En la localidad santafecina de San Lorenzo, Pedro "Pili" Rodríguez, ex director de asuntos jurídicos en la municipalidad durante la dictadura, permanece procesado como partícipe necesario de la privación ilegítima de la libertad y tormentos de Manuel Casado, delegado del Sindicato de Trabajadores Municipales de esa localidad. Su caso llegará a juicio el año próximo.
Otro caso paradigmático de la represión donde se encuentra imputado un funcionario civil es la causa por los delitos de la Triple A, antes de que comenzara el autodenominado Proceso de Reorganización Nacional. Allí se encuentra procesada María Estela Martínez de Perón, que asumió la presidencia tras la muerte de Juan Domingo Perón. La entonces jefa interina de Estado está imputada en la causa que lleva el nombre del fallecido jefe de la Triple A, Rodolfo Almirón, y su extradición fue rechazada por la justicia española.
En el mismo expediente figura como procesado Carlos Duarte, jefe de la Secretaría Privada del fallecido José López Rega en el Ministerio de Bienestar Social, al igual que su yerno y su secretario de Prensa, el periodista Jorge Conti; Carlos Villone, secretario de Coordinación y Promoción Social, y Julio José Yessi, mano derecha del ministro, jefe de la Juventud Peronista de la República Argentina –la llamada "jotaperra"–, y presidente del INAC (Instituto Nacional de Cooperativas).
De manera similar a la Triple A, la Concentración Nacional Universitaria (CNU) de Mar del Plata fue una agrupación de ultraderecha cuyos integrantes se instalaron en estructuras del Estado, como ocurrió en los casos de la Universidad Provincial de Mar del Plata y la justicia.
Entre los procesados en esta causa figuran el abogado Roberto Coronel, quien era asesor letrado de la casa de altos estudios marplatense; José Luis Granel, quien fuera coordinador docente de la Facultad de Ciencias Turísticas y, luego, decano normalizador de esa facultad; y el ex fiscal Gustavo Demarchi, que ocupó el cargo de coordinador docente de la universidad provincial, y fue uno de los jefes de la CNU. «
la pata económica de la dictadura militar
Uno de los grandes avances de las causas por violaciones a los Derechos Humanos este año fue la investigación a los sectores económicos que respaldaron la última dictadura. El caso más resonante fue el procesamiento del presidente del Ingenio Ledesma, Carlos Blaquier, acusado junto al ex administrador Alberto Lemos de haber aportado camiones y camionetas para secuestrar a 29 personas en las localidades jujeñas de Libertador San Martín y Calilegua en La Noche del Apagón.
En la provincia de Salta, este año fue procesado otro empresario, Marcos Levin, dueño de Veloz del Norte, por el secuestro de uno de los delegados de la empresa de transporte durante la última dictadura.
En dos localidades bonaerenses, por la información que surgió en los juicios, los Tribunales ordenaron avanzar con investigaciones del rol de empresa en la represión ilegal. En Bahía Blanca, el tribunal que juzgó la represión en el Quinto Cuerpo del Ejército ordenó investigar a directivos del diario La Nueva Provincia, actualmente a cargo de Vicente Massot. En Tandil, se investigará el accionar de la cementera Loma Negra en el secuestro y asesinato del abogado laboralista Carlos Moreno, que representaba a trabajadores de la empresa perjudicados por las malas condiciones. También avanza, aunque lenta, la causa Papel Prensa en la que están imputados Héctor Magnetto, Ernestina Herrera de Noble y Bartolomé Mitre, entre otros.
A los sectores económicos se suman los funcionarios judiciales. El único condenado hasta el momento fue el ex juez federal de Santa Fe Victor Brusa pero hay más de 40 están siendo investigados y otros 12 jueces, fiscales y secretarios procesados. Uno es el ex camarista mendocino Otilio Romano, de quien se espera su extradición desde Chile. También están acusados otros ex camaristas mendocinos: Luis Miret y Guillermo Petra.
En La Rioja está procesado y detenido el ex juez Roberto Catalán por delitos de lesa humanidad al igual que el ex juez federal de Tucumán Manlio Torcuato Martínez, entre otros.
El dato
Economía
La cartera de Economía tiene a varios ex funcionarios comprometidos.
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