Las empresas energéticas conversan con los referentes económicos del futuro gobierno sobre el nuevo esquema tarifario para el sector sobre la base de un esquema de precios desdoblado. La hipótesis de trabajo consiste en desvincular del dólar a las tarifas de luz y gas para usuarios residenciales y usinas eléctricas, liberando el resto de los productos, en particular los destinados a la exportación. La actual dinámica impondría inevitables subas superiores al 70% en las facturas de la luz, que la administración de Alberto Fernández no está dispuesta a convalidar.

El nuevo esquema tarifario no está plasmado por escrito, entre otras cosas, porque aún no hay un interlocutor oficial ungido por el Frente de Todos para el área, como tampoco hay una entidad genuinamente representativa del segmento patronal. Pero responde a un criterio en el que empezaron a encontrar coincidencias empresas del sector con economistas ligados al candidato de la agrupación, aun antes que las urnas lo consagraran como el futuro presidente de los argentinos.

Esta fórmula de desdoblamiento es incluso bien vista por funcionarios ligados a la gestión de Mauricio Macri y bien reputados consultores del sector, que la conciben como una única salida en este contexto macroeconómico.

Varias empresas consultadas por el Económico confirmaron un trabajo en esta línea, que implicaría para ellas resignar parcial y temporalmente la dolarización plena de los precios del rubro, a sabiendas que sostenerla es social y políticamente inviable.

Las recientes declaraciones formuladas por el mandatario electo en México dieron una pauta del diseño de esa plataforma de diálogo, todavía en una instancia informal pero en plena consolidación. Fernández cuestionó la ligazón al dólar de los precios de la energía y sostuvo que las empresas tendrán que hacer un esfuerzo: éstas ya descuentan ese aporte y ensayan ideas de caminos intermedios.

Los detalles del mecanismo por implementar es algo a definir. Podrían pesificarse a partir de cierto momento los precios de usuarios domiciliarios y el gas para las usinas para actualizarlos, luego, por algún indicador más amigable para el consumidor final, como un índice de evolución salarial.

La fórmula se extrapolaría también para el petróleo y las naftas, lo que implicaría que desde lubricantes hasta el crudo que se exporte tendrán precios libres y emparentados con la evolución de la divisa.

Emanuel Álvarez Agis, economista de las huestes albertistas, acaba de describir en una reciente presentación en Estados Unidos el gran problema en el que se encuentra el país para resolver el tema, con foco en las tarifas eléctricas. En el flamante documento detalla el “trilema de los subsidios”, que impide congelar los precios sin aumentar subvenciones o sin violar contratos que desanimen a los inversores.

Para explicar el cuadro puntualiza que, si se cumpliesen los contratos de pago a la generación eléctrica (segmento no regulado) de 68 dólares el megawatt / hora y, al mismo tiempo, se respetara el tope acordado con el FMI de que los subsidios económicos no superen el 0,8% del PBI, las tarifas deberían aumentar un 77%. El salto es inconcebible para una política que postula la recuperación del salario real.

En otras palabras, no es fiscalmente factible seguir aumentando el nivel de subsidios, pero tampoco trasladar a los usuarios finales los costos plenos de la generación eléctrica o la producción de hidrocarburos, hoy dolarizados. Álvarez Agis ensaya, entonces, una fórmula intermedia, que supondría repartir las cargas: la remuneración a las usinas bajaría a 50 dólares el MWh, los subsidios treparían a 1,2% del PBI y el aumento tarifario se acotaría al 30 ó 35%.

Según el Proyecto de Presupuesto 2020, las asignaciones estatales para el sector energético alcanzarían el año próximo 280.643,4 millones de pesos, equivalentes al 0,9% del PBI y un 37% más que lo estimado para este año. Casi la mitad de ese monto iría para Cammesa (Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico), es decir, para limitar las subas de la luz para el usuario final.

Vaca Muerta

La iniciativa bajo análisis parlamentario también incluye el apoyo fiscal para Vaca Muerta. La subvención para el gas no convencional será de 34.062,9 millones de pesos, 42,7% más que en 2019. Este programa vence en el 2021 y la apuesta a los hidrocarburos no convencionales irá mucho más allá de entonces. El futuro gobierno decidió impulsar su desarrollo pleno, que permitiría convertir a la Argentina en un exportador neto de gas.

Difícilmente esas subvenciones se recorten. El desafío de la nueva gestión es cómo evitar que suban dando, al mismo tiempo, un estímulo a los inversores privados para que sigan desembolsando dólares que resultan vitales.

Las empresas saben que la futura gestión estará tan embretada como ésta en ese sentido y ya explicaron al entorno de los Fernández que la producción de Vaca Muerta puede pararse tan rápido como crece si no hay inversiones.

El aviso fue bien comprendido. De ahí que bajo el comando de Guillermo Nielsen, otro alfil de la futura gestión, ya se alistó un anteproyecto de ley con una serie de ventajas para los inversores del megayacimiento, que incluiría la libre disponibilidad de las divisas que se obtengan por las ventas externas.

Hace dos semanas también se redondeó un demorado acuerdo clave para el sector. Productoras y distribuidoras gasíferas adhirieron a la propuesta oficial de cobrar a partir del mes pasado en treinta cuotas mensuales, con la tasa pasiva del Banco Nación, una compensación de 24.000 millones de pesos por la devaluación que hubo entre abril de 2018 y 2019. Un esfuerzo fiscal para evitar que a ese costo lo paguen los usuarios, después de la firme resistencia que había generado el aumento habilitado por Juan José Aranguren.

“El pasado no importa —minimizó ante este diario el directivo de una petrolera—. Nos importa más el futuro y estamos dispuestos a ayudar al gobierno haciendo un esfuerzo”.

El futuro diagrama de precios desdoblados no soluciona otros problemas que plantea la coyuntura, y que impusieron a las empresas resignar expectativas. Hoy el gas se remunera a los productores con un tipo de cambio de 41 pesos por dólar, lejos de la cotización real. Esta fórmula debía actualizarse el mes pasado, pero se decidió mantenerla hasta fin de año para evitar un ajuste en pleno período electoral.

También a partir de esa fecha las facturas gasíferas deberán incluir el 22% del monto de las boletas invernales que se difirió para el verano. No se trata de convalidar nuevos cuadros tarifarios sino, simplemente, de pagar un gas ya consumido en los meses más fríos. Una y otra cuestión fijan el “piso” de un ajuste tarifario que parece inevitable, más allá de los esfuerzos que haga la próxima administración para contenerlo.

El escenario no es simple. Alberto Fernández tendrá que resolver, además, qué hacer con el paquete de deudas que las distribuidoras eléctricas del interior hoy tienen con el sistema. Entre las morosas hay firmas privadas, cooperativas y empresas públicas, que en conjunto deben más de 20.000 millones de pesos a Cammesa, que cubre con fondos estatales los baches del sistema.