Los aumentos a los trabajadores de seguridad no fueron sumas remunerativas, sino en negro, que no impactaron en el sector pasivo de esas fuerzas.

En la jornada de hoy, desde las 9 de la mañana en la plazoleta Manuel Belgrano de la Capital de Corrientes, policías retirados acompañados de familiares volverán a reunirse en asamblea. Los agentes venían realizando un plan de lucha con el fin de hacerse escuchar por las autoridades del Gobierno.

Los retirados decidieron suspender esas medidas mientras se prolongue el Festival Nacional del Chamamé, debido a la presencia de turistas que en gran cantidad llegan a Corrientes con este motivo.

El vicegobernador Gustavo Canteros, en diálogo con EL LIBERTADOR, había manifestado a su vez que se esperaría el retorno del gobernador Ricardo Colombi (cosa que ocurrió ayer, ver aparte) para realizar un análisis sobre esta problemática y buscar darle una solución.

Los reclamantes llegaron a impedir la circulación vehicular en forma normal por el puente General Belgrano, así como se obstaculizó el tránsito fluido en varios puntos de las rutas provinciales.

Finalmente planificaron una nueva asamblea para hoy en el mismo escenario de la plazoleta Manuel Belgrano, donde ya habían mantenido un anterior encuentro. Allí decidirán si aceptan participar en un diálogo convocado por el ministro de Seguridad de la Provincia, Pedro Braillard Poccard para abordar la cuestión de los reclamos que los mismos vienen realizando.

Diversas voces de los organizadores y protagonistas de la protesta se hicieron oír alrededor de este conflictivo tema.

QUÉ PIDEN

Como una forma de responder a la pregunta sobre qué es lo que reclaman los sectores pasivos de la Policía y del Servicio Penitenciario de la Provincia, el comisario inspector retirado Juan Ramón Romero explicó que lo que se pide es "nada más y nada menos que la movilidad jubilatoria amparada por nuestra Constitución nacional (artículo 14 bis)".

Haciendo un poco de historia, en una extensa nota que publicó en un portal policial dice Romero que "allá por mayo de 2014, a través de un nucleamiento o asociación de hecho reclamamos por escrito a los distintos estamentos de la Administración Pública provincial la recomposición de nuestros haberes".

Recordó que en marzo de ese año "el hoy subsecretario de Hacienda, Marcelo Rivas Piasentini, hacía un anuncio rimbombante en conferencia de prensa y anunciaba la política salarial del Gobierno, diciendo entre otros conceptos que los aumentos se liquidarán en tres etapas, con los sueldos de los meses de marzo, julio y octubre y se trataba en todos los casos de subas remunerativas que impactan en otros conceptos del salario y que llegarán en todos los casos a los jubilados y pensionados de cada sector".

Subrayó que los fondos destinados a los aumentos a estatales, sumados a los incrementos a docentes, trabajadores de seguridad y el adicional de 600 pesos, alcanzarían una suma del orden de los 1.300 millones extras que se invertirán en salarios este año. "Además, se garantizó el salario inicial de 8.000 pesos para los agentes de seguridad (policías y penitenciarios), lo cual se suma a los montos fijos otorgados a toda la escala entre los meses de diciembre y marzo, que ya quedaron de manera permanente en el salario".

Pero Romero señala que eso es "mentira, porque los aumentos otorgados a los trabajadores de seguridad (Policía y Servicio Penitenciario) no fueron sumas remunerativas, sino en negro, que no impactaron en el sector pasivo de esas fuerzas, ante la crítica situación que esto generó en los retirados de la institución, sumado a la inflación galopante que todo lo corroe, se depreciaron enormemente nuestros haberes, ante el congelamiento incalificable y atroz a sectores vulnerables de la sociedad".