El dato de la posible protección que daban algunos policías a un grupo de narcos, saltó en una escucha telefónica que Gendarmería realizaba a un sujeto por otro caso, allá por septiembre pasado. Y por esas mismas escuchas, siete meses después, se supo que los principales implicados sabían que eran investigados: ‘Che, se comprobó lo del federal’, fue, según fuentes judiciales, la frase que precipitó al juez federal Leopoldo Rago Gallo a ordenar ayer en la madrugada 11 allanamientos y las detenciones de cinco efectivos policiales y dos civiles implicados.

Según el juez Rago Gallo, la sospecha es que los policías cobraban a los narcos para dejarlos vender drogas sin molestarlos, les avisaban cuando les iban a allanar sus casas para que eliminaran pruebas. Y también suponen que les ‘liberaban zonas’ para que cometieran otros delitos.

Los inéditos allanamientos en la Policía, sobre todo en el área que debía controlar el narcotráfico, Drogas Ilegales, terminaron ayer con la detención del máximo jefe de Investigaciones y miembro de la Plana Mayor de la Fuerza provincial, el recién ascendido a comisario general Héctor Raúl Páez. En su casa hallaron también una ‘pequeña’ cantidad de marihuana.

También cayeron el segundo jefe de Drogas Ilegales, el subcomisario Rolando Narváez y sus dirigidos en esa área, el oficial subinspector Eduardo ‘Perico’ Pérez y el recién ascendido a cabo Lucas González. Personal de Gendarmería también detuvo al suboficial José Herrera, con actual destino en la seccional 4ta pero con un pasado cercano en el área de Drogas, que depende directamente de la Jefatura de Policía.

Los otros sospechosos apresados son David ‘Thiago’ Castillo (que operaba en la zona Norte Chimbas), y Paula González, que hace poco fue sobreseída de una gran causa por narcotráfico y lavado de dinero que aún involucra a su pareja, uno de los jefes de la barrabrava de San Martín, Elio Barrozo. Ambos viven en el barrio Cabot de Concepción, Capital, que es su principal zona de influencia.

Teléfonos, dinero, documentos y otros efectos fueron secuestrados en los domicilios frecuentados por los sospechosos y también en su lugar de trabajo, Drogas Ilegales y la seccional 4ta en el caso de algunos policías.

REACCIÓN OFICIAL:

Luego de que el juez federal y el fiscal Francisco Maldonado ofrecieran una conferencia de prensa en la que precisaron los nombres de los detenidos y algunas generalidades sobre el escandaloso caso, el propio gobernador Sergio Uñac ofreció una rueda de prensa acompañado del ministro de Gobierno, Emilio Baistrocchi, y el jefe de Policía Luis Martínez.

Uñac dijo que se irá ‘a fondo’ con la investigación contra quien sea, porque no se encubrirá a nadie y porque el compromiso del Gobierno es con la sociedad.

’Es una noticia que lamentamos y no sólo lo digo como gobernador sino como ciudadano sanjuanino porque evidentemente algunos efectivos, en cuanto a la nómina que ha dado el juez federal Rago Gallo, presuntamente estarían implicados en un caso de drogas’, dijo el mandatario provincial.

‘Creo que debemos separar la institución de las personas. Ir a fondo con la actitud y con el accionar de ellos, en el caso que sea así (sic)’, agregó.

El Gobernador también confirmó que el jefe de Drogas Ilegales, Carlos Avellá, fue relevado de su cargo por su responsabilidad funcional (tres detenidos estaban a su cargo) pero no por su vinculación con la maniobra delictiva investigada (ver página 8).

Según fuentes judiciales, Uñac estaba al tanto de la investigación antes de que ocurrieran los allanamientos.

LOS DELITOS:

Según fuentes judiciales, los sospechosos serán indagados ahora como parte de una asociación ilícita, que se configura cuando sus miembros se ponen de acuerdo para cometer distintos tipos de delitos, como el narcotráfico. También podrán atribuirles coima, extorsión y no cumplir sus deberes de funcionario.

En el caso de Páez, se sospecha que cobraba para dejar operar casas de juegos de azar y desarmaderos ilegales. Y que Narváez ‘archivaba’ denuncias anónimas contra sus protegidos.

Los sospechosos conocerán todas las pruebas en su contra cuando sean indagados. También si se les atribuye autoría o participación. Luego podrán ofrecer su versión de los hechos e incluso aportar las pruebas que consideren que pueden beneficiarlos.

El juez deberá decidir también si los libera o no. Y finalmente si cabe procesarlos o no por la maniobra investigada.