Con una gran incertidumbre por delante, y sobre todo muchas posibilidades de que la detención de policías se incremente, el Jefe de Policía, comisario, Mauricio Silvestri, como así también la plana mayor que lo secunda no saben qué hacer para salir de esta profunda crisis.Por la cartera de Seguridad, en tanto, la situación no es diferente.

El ministro, Carlos Oliver,desapareció de los ligares que solía frecuentar, diría el reporte policial respecto a su paradero. Y, la verdad, no es para menos, pues al funcionario todavía le retumban las quejas que diputados y senadores le hicieron cuando fue interpelado el 25 de octubre pasado.De aquella visita al edificio de Mitre 550, Oliver no salió bien, en realidad su actuación fue patética. Sus explicaciones, algunas de ellas a media lengua, sólo permitieron el lucimiento de algunos diputados, ya conocidos por su verborragia.Oliver, finalmente, se marchó con la promesa de realizar un mayor control y ejecutar mecanismos de autosaneamiento interno, sin embargo, los días pasaron y el avance de las causas judiciales contra otros policías que se hallaba fuera de la Ley dejaron expuesto que el problema no es coyuntural, sino estructural.

Hoy, a 25 días de las primeras detenciones, ocho narcopolicías arrestados por orden de la fiscal, Gabriela Buabse, la cantidad de policías corruptos prácticamente se duplicó, con el agravante de que ya no sólo se trata de efectivos implicados en la comercialización de drogas, sino también efectivos imputados por delitos sexuales, robo y torturas.

Esto no hace más que dejar aún más expuestas las falencias en materia de seguridad, pues es por más evidentes de que las detenciones no surgieron de manera espontánea sino que son producto de un descontrol absoluto dentro de las filas de la policía. La lista negra El correlato de esta crisis comenzó el 21 de octubre cuando la fiscal Buabse solicitó la detención del Sector 5 de la División de Drogas Peligrosas, integrada por el subcomisario Ricardo Enrique López; el oficial auxiliar Daniel Vizgarra; el sargento ayudante Rafael Siares; el agente Sergio López; la sargento ayudante Nancy Bruna; y los cabos Pedro Gustavo Carrizo, Carlos Alfredo Erazo y Javier Ramón Costilla.

Para dejar en claro que la situación de estos policías es grave, la fiscalía imputó a los ocho efectivos los delitos de asociación ilícita, confabulación, omisión de deber, tenencia de drogas con fines de comercialización e incumplimiento de deberes de funcionario público, cargos que, de ser confirmados en el juicio, dejaría a los policías presos por más de 15 años.Aunque el propio jefe de la policía intentó salir en defensa de los ochos policías detenidos, las escuchas telefónicas en las que los acusados dejaron por sentado una estrecha relación con una mujer dedicada a la venta de droga en el barrio Alta Tensión, no le dejaron margen para nada.

Según pudo saber El Intransigente, los policías habían montado una especie de cartel policial que se dedicaba no sólo a proteger y potenciar una boca de expendio de drogas, sino también a sacar del negocio a los competidores a través de procedimientos falsos, en los cuales los policías plantaban drogas para inculparlos.El 2 de noviembre, en tanto, el fiscal penal 4, Santiago López Soto, ordenó la detención de Iván Alancay, un agente del Sector 4 de Drogas Peligrosas, quien fue acusados por sus colegas de proveer drogas a revendedores de la zona de este de la ciudad.

El tercer golpe a los narcos que operan desde las filas de la policía, en tanto, se dio ayer, cuando el fiscal penal 6, Horacio Córdoba Mazuranic, ex director de la Agencia Antidrogas, ordenó la detención de dos efectivos del Sector 6 de Drogas Peligrosas.

La acusación, hasta anoche hermética, según investigaciones de El Intransigente, gira sobre los mismos ejes que los casos anteriores, aunque en este caso, como el primero, existen escuchas telefónicas que comprometen seriamente a los dos efectivos detenidos ayer. Torturadores El 24 de octubre, y a pedido del fiscal de Derechos Humanos, Gustavo Vilar Rey, cuatro policías de la Brigada de Investigaciones de Rosario de la Frontera fueron detenidos por el delito de “torturas”, “privación ilegítima de la libertad” y “apremios ilegales”.Se trata de los policías Gustavo Orlando Orozco; el sargento, Víctor Alejandro Luna; el cabo, Rubén Darío Medina y el agente, Javier Sebastián Reynoso, quienes permanecen detenidos con un pedido de juicio en su contra.

Los efectivos están acusados de haber torturado y golpeados a dos vecinos de la localidad de El Potrero, a quienes querían obligar a hacerse cargo del crimen de un jornalero, Martín López, quien había aparecido golpeado a orillas de un río de la zona.La frutilla del postre, en tanto, la dio un efectivo de la División Rural de la Policía, quien fue detenido por el delito de abuso sexual, hecho que cometió junto a un guardiacárcel en perjuicio de una joven a quien adormecieron, para posteriormente violar en un motel alojamiento de Villa Palacios.

Como si esto no fuera poco, existe en curso otra acusación contra policías, en este caso, de la División de Drogas Peligrosas de Orán, quienes fueron acusados de haber golpeado a un hombre, como así también habría abusado de una mujer y robaron una suma de 20 mil pesos. No saben no contestan La detención de sus subalternos por delitos graves dejó a la jefatura de la policía prácticamente sin habla, pues desde la fallida declaraciones de Silvestri tras las primeras detenciones, al parecer, los jefes policiales prefirieron llamarse al silencio.Esta actitud, claro está, y según pudo tomar conocimiento El Intransigente, no se debe sólo a una orden de “arriba” sino a la ausencia de argumentos y explicaciones al crítico momento que atraviesa la institución policial, la cual es deshojada como una margarita por los fiscales.

Desde el ministerio de Seguridad, en tanto, la situación no es nada distinta, pues Oliver ha evitado el contacto con los medios, un tanto porque no sabe qué decir y otro porque desde “arriba” fueron muy claros de que “calladito se ve más bonito”.Sin dudas, la situación que vive la policía dejó al gobierno en una situación complicada, pues desde las primeras declaraciones del gobernador, Juan Manuel Urtubey, respecto a que tal vez era hora de hacer una limpieza general dentro de las filas policiales, es cierto que sus dichos quedaron sólo en eso.

La única medida dispuesta desde el Grand Bourg, según trascendidos, fue dirigida al sitio más oficialista que posee: Informatesalta, a cuya redacción llegó la orden de no hablar mal de la policía, premisa que trata de cumplirse al pie de la letra, aunque los constantes traspiés de los policías obligan a romper esa regla, como en los últimos días.Oliver, por su parte, ofreció como sacrificio la cabeza de la entonces Jefa de la División de Drogas Peligrosas, un jefe de tercera línea, ofrenda que claramente no sólo no está a la altura de la crisis sino que es insuficiente, pues lo que no se expuso hasta el momento son la toma de medidas de fondo para revertir el trance en que se encuentra inmersa la policía.

A esta altura, está claro que no basta con reconocer la enfermedad, ya que las circunstancias exigen soluciones más profundas que no pasan solamente por el cambio de figuras, sino por la implementación de nuevas medidas o reglamentación que generen cambios estructurales.Hasta el momento no se vieron señales de que se busque una reestructuración, sino signos de una policía en terapia intensiva, y sin un tratamiento de rehabilitación próximo, lo cual preocupa mucho más a los salteños.Silvestri, un jefe inerte 

La actuación de este comisario, que no puede endilgarle la culpa de todo a su antecesor (Marcelo Lami), pues fue su segundo al mando, raya lo paupérrimo, pues en su primera intromisión no hizo más que meter la pata con declaraciones desacertadas.Tampoco su segundo, el comisario Luis Aberastain, tuvo una buena experiencia frente a los micrófonos, pues al igual que Silvestri se limitó a obviar el problema de fondo y ensayó una defensa de los policías detenidos por narcos.

Tampoco lo hizo bien cuando al salir a luz los míseros viáticos que recibieron los policías de Homicidios para detener en Buenos Aires al asesino del enfermero Núñez, una suma de 144 pesos, salió al rebatir el informe de un medio local.Aberastain dijo que en realidad no era esa la suma, sino 187 pesos, como si esta cifra fuera suficiente para subsistir un día en Buenos Aires. Luego, para sumar mayores tropiezos, Silvestri faltó a la cita que la fiscalía le hizo a fin de prestar declaración testimonial.Peor fue cuando finalmente asistió. Silvestri dijo que sus declaraciones, a favor de los policías detenidos, surgieron de un informe que le proporcionó su colega de la Policía Federal, comisario Fernando Chaín, quien obviamente nunca le iba a decir todo lo que sabía.Pero lo peor, si se quiere, sucedió en otro párrafo de su declaración, a las que El Intransigente tuvo acceso; Silvestri sostuvo que sus expresiones obedecieron a un libreto que le fue ordenado desde el Ministerio de Seguridad, con lo cual dejó mal parado a los funcionarios de dicha cartera.Por esto, y otros yerros más, Silvestri fue llamado al silencio, como así también a la inercia, pues desde que inició su gestión sólo atinó a arengar a sus subalternos a través de Facebook, esperanzado de que esta herramienta pudiera salvarlo.