“Cuando hay un hecho de inseguridad, los ciudadanos enseguida focalizan en el intendente”, dijeron los jefes comunales que a principios de agosto volvieron a instalar el debate sobre el manejo de las fuerzas de seguridad locales, defendiendo su postura de que el control deben tenerlo los distritos y no la Provincia.

Es que el funcionamiento de las Unidades de Policía Local todavía no está reglamentado, más allá de una resolución ministerial y, luego, un decreto de la gestión del ex gobernador Daniel Scioli, que en su momento no logró el consenso en la Legislatura para impulsar una ley (teniendo las mayores diferencias hacia dentro del propio Frente para la Victoria).

Entonces, la forma en la que fueron creadas limita la capacidad que tienen los intendentes para conducir a la fuerza. Según el decreto, los efectivos locales dependen de la estructura del Ministerio de Seguridad bonaerense, aunque durante la gestión de Alejandro Granados se habilitó “de hecho” a los dirigentes comunales a tener injerencia, tanto en la elección de los jefes policiales como en otros aspectos.

Sin embargo, el desembarco de Cristian Ritondo cambió las reglas de juego. Primero, el subsecretario de Planificación del Ministerio de Seguridad, Fernando Jantus -un civil del riñón de Granados-, quien había sido uno de los principales armadores de las policías locales, quedó desplazado; y luego, su reemplazante, el ex representante de futbolistas Patricio Lombilla -otro civil-, también se fue.

De esta forma, el diagrama original de manejo de la Policía Local entró en crisis, y el Ministerio de Seguridad volvió a tomar las riendas de la fuerza policial, generando rispideces y encontronazos con los intendentes.

Hay que tener en cuenta que si bien a los salarios de los efectivos los paga la Provincia, muchos municipios han hecho importantes inversiones para que la Policía Local pueda funcionar (ver aparte), ya sea en la construcción de comisarías, pago de becas, combustible para patrulleros o escuelas de formación, entre otros puntos. Claramente, a ninguno de los mandatarios le sienta bien poner dinero de la Comuna para capacitar y desarrollar una fuerza a la que no podrán controlar.

Por esta razón, un grupo de intendentes impulsó un proyecto para reglamentar por ley a “los pitufos”, solicitando su traspaso a las comunas. De todas formas, el debate va para largo. 

El presidente de la comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados bonaerense, Orlando Yans, afirmó en torno a la iniciativa impulsada por los alcaldes: “Es un proyecto que está bien para empezar a charlar, que puede ser razonable, pero en tanto se resuelvan algunas incógnitas”.

El legislador remarcó que recién se está empezando a “estudiar” la propuesta, aludiendo a que los plazos van a prolongarse; y objetó algunas indefiniciones que tiene el proyecto, como el hecho de no precisar “los escalafones y rangos bajo los cuales va a funcionar esta fuerza”.

En el mismo sentido, en la reunión que mantuvo con los intendentes de Lanús (Néstor Grindetti), Lomas de Zamora (Martín Insaurralde), Quilmes, (Martiniano Molina), Almirante Brown (Mariano Cascallares) y Esteban Echeverría (Fernando Gray), la gobernadora María Eugenia Vidal explicó que su intención es primero avanzar en un diagnóstico preciso sobre la Policía Local, para luego abordar el debate sobre un posible traspaso. 

En lo que parecen consensuar todos los sectores es en la necesidad de establecer una reglamentación por ley sobre cómo funciona este cuerpo policial, dado que el decreto que lo rige es impreciso en cuanto a funciones, escalafones, objetivos y controles.

En ese marco, el diputado del bloque FPV-PJ Rodolfo “Manino” Iriart, también integrante de la comisión de Seguridad, señaló: “Hay un proyecto de mínima, que sería que no pase nada y quede todo como está; es decir, que salga una ley que reglamente lo que ya está. Segunda posibilidad: que las policías locales se traspasen efectivamente a los municipios y que se regularice. La tercera posibilidad es este proyecto que desde hace dos meses estamos discutiendo: que las poli-cías preventivas puedan trabajar desde cada uno de los municipios”.

En efecto, el único proyecto de ley que hoy está en debate no sólo plantea el control por parte de los municipios de las unidades de Policía Local, sino también el paso de todas las policías de seguridad del distrito (esto incluye, por ejemplo, a la llamada CP). La iniciativa plantea la creación de una Policía de Seguridad Municipal, como una nueva fuerza, completamente a cargo de las intendencias que se adhieran a la normativa.

El debate sobre qué hacer con “los pitufos” tiene hoy estas tres alternativas, y de fondo está la disputa entre los intendentes, que quieren que los recursos que ponen en seguridad se traduzcan en control de la fuerza, y la Policía Bonaerense, que históricamente se opuso a la creación de cualquier otro tipo de fuerza que le dispute el territorio y los recursos. En este escenario, el gobierno de la provincia de Buenos Aires todavía no definió una estrategia clara, y por el momento estira los tiempos del debate hasta fin de año.