A la derecha del presidente del cuerpo legislativo, Pablo Aued, se sentaron los tres expositores que respaldaron el sistema: Diego Carrera (representante del Partido Fe); Gustavo Anadón (Partido Celeste y Blanco) y Hugo Rago (coordinador en Prevención Ciudadana del municipio), mientras que a la izquierda del titular del HCD se colocaron los que rechazaban esta propuesta: Mónica Conesa (Partido Obrero); Héctor Bertoncello (UCR, ex secretario de Seguridad bonaerense) y Mario La Battaglia (concejal socialista). 

Regular cantidad de público se dio cita para observar el desarrollo de esta segunda jornada, en la que fuera moderador el periodista Gustavo Nicolás. 

El próximo miércoles se efectuará la última en la Unión Vecinal de Fomento de Quequén, a partir de las 18.30, en tanto que la consulta popular no vinculante tendrá lugar el viernes 29 y sábado 30 del corriente mes. 

Luego de la apertura de Pablo Aued, la representante del Partido Obrero fue la primera en exponer y descargó severas críticas hacia la Policía, afirmó que "no hace falta” este nuevo sistema y consideró que "será un elemento más en el aparato de represión del Estado”.

Habló de la corrupción "dentro de la Bonaerense”, aunque entendió que hay complicidad del Poder Judicial y del poder político.  Puso como ejemplo la desaparición de 6 kilogramos de cocaína en la sede del Juzgado Federal de 61 y 56, así como también aludió a un informe internacional que, según aseguró, Puerto Quequén forma parte de una red de trata de personas ("salen para Brasil y España e ingresan de la República Dominicana y Paraguay”, expresó).

Mónica Conesa interpretó que "se está en presencia de un engendro” y se preguntó con qué fondos se abonarán 125 sueldos más, cuando hay reclamos salariales como los del sector docente. 

Para el abogado Diego Carrera se trata de una "novedosa herramienta”, aunque aclaró que "no sabemos si fracasará o tendrá éxito”, pero sostuvo que "es un grano de arena pequeño que ayudará, porque habrá mayor presencia policial en las calles; el Intendente podrá participar en el diseño de políticas de seguridad y será bueno para la economía local los nuevos puestos de trabajo”. 

Sin embargo, el representante del Partido Fe señaló que "como peronistas queremos mayor inclusión social” y fustigó las políticas del kirchnerismo porque "significaron mayor exclusión y esto trae aparejado mayor inseguridad”.  Además, reconoció que "nos hubiera gustado que la Policía Local saliera por una ley y no por un decreto, aunque no nos podemos dar el lujo de rechazar 125 policías en esta emergencia”. En similar dirección se pronunció el abogado Gustavo Anadón, quien hizo alusión a una encuesta que demuestra que la inseguridad ocupa el primer lugar de prioridades para la ciudadanía.

"Estos 125 efectivos contribuirán a que en los barrios disminuyan los arrebatos y entraderas, así como se evite la venta de droga en las plazas y en la puerta de los colegios”, afirmó.  Anadón requirió que "no se confunda a la gente con cuestiones dialécticas o semánticas”, insistiendo en la necesidad de fortalecer la prevención, para reivindicar la participación del municipio porque "cuando hay reclamos se viene a manifestar la gente a la puerta” de la comuna. 

Héctor Bertoncello, abogado de Bahía Blanca que fuera secretario de Seguridad bonaerense, entre otros cargos en gobiernos radicales, calificó como "una regresión histórica” a la Policía Local, advirtió que "apurarse es grave” y abundó en los aspectos negativos que se registran en Estados Unidos, poniendo como ejemplo un caso de gatillo fácil en el cual un policía ultimó a un joven negro de un disparo en la cabeza. 

El ex funcionario, que admitió no haber leído el decreto, señaló la necesidad de "darle poderes” a los Concejos Deliberantes, realizar una "efectiva descentralización” y concretar la coordinación de los efectivos actuales con las restantes fuerzas de seguridad. 

Luego de elogiar la ley que crea la Policía Comunal, entre otros aspectos, porque permite elegir al jefe (dijo que puede ser cualquier ciudadano con buenos antecedentes), fustigó el decreto del gobernador Daniel Scioli y puso de relieve los "riesgos” que pueden producirse, por ejemplo, en el Conurbano. 

"Con la Policía actual, la Provincia ni siquiera paga el combustible para los móviles y la Municipalidad se priva del correspondiente para las máquinas para dárselo a la Policía”, remarcó. Abogó por la Policía Judicial y recordó con ironía el anuncio del ministro de Justicia (en ese entonces también era de Seguridad), Ricardo Casal, sobre la construcción de la Alcaidía que nunca se levantó en nuestro medio, insistiendo en que la seguridad "es una competencia de la Provincia”.

Los fondos asegurados

El coordinador del área de Prevención Comunitaria, Hugo Rago, aseguró que los fondos para el funcionamiento de la Policía Local están garantizados porque "será financiada por el Ministerio de Seguridad” de la Provincia de Buenos Aires.

El funcionario municipal insistió en que "se enviarán recursos, como armas, uniformes o móviles”, para admitir que "tal vez en el medio haya cuestiones menores”, en tanto que consideró a los nuevos 125 efectivos que se sumarán como "un importante aporte” en materia de prevención. 

"La gente está pidiendo respuestas concretas de mayor presencia policial en las calles”, expresó Rago, señalando que el mencionado personal se apostará en "barrios complicados” o en la zona céntrica "en horarios pico”.  "Representarán un apoyo para el sistema actualmente en funcionamiento”, agregó. 

Negó que se trate de un esquema "represivo”, sino que "contribuirán a la prevención” y dijo que "estarán debidamente capacitados”.  Al mismo tiempo, Hugo Rago, quien se encuentra en situación de retiro tras haber ocupado cargos jerárquicos en la Policía Bonaerense, destacó el "esfuerzo” del municipio para acondicionar galpones del Polideportivo para el anexo de la Escuela Vucetich, donde se forman los futuros policías. 

Se mostró molesto por las críticas de quienes se oponen y por las alusiones a la "maldita policía” (así se denominaba a la Bonaerense), recordando que la droga sustraída en el juzgado de 56 y 61 era custodiada por fuerzas federales.

"El convenio se puede rescindir si no se cumple”, aseveró Rago, rechazando las alusiones a la "mafia” que se formularon, para indicar que en Lobería y San Cayetano "funcionan bien” los esquemas de Policía Comunal. ///