Hace 20 años que en la provincia de Buenos Aires se habla de Policía Judicial, sin embargo, aún no se ha logrado conformar este cuerpo de investigadores judiciales, encargados de atender de forma científica la indagación de los delitos complejos. De nada ayudó que fuera un instituto obligado por la reforma constitucional de 1994 (artículo 166), ni que signifique un cambio sustancial en la división de los poderes, ya que este cuerpo de investigadores se haría cargo de un peritaje que hasta la fecha estaban realizando fiscales y policías, en la mayoría de los casos de forma precaria o poco profesional.

Cuando a fines de 2012 la Legislatura convirtió en ley este nuevo equipo de profesionales de la Justicia, todo parecía indicar que el recorrido legislativo había terminado y se iniciaba un nuevo proceso.

La promesa, tras promulgarse la ley, fue empezar a partir de 2013 una prueba piloto en los municipios de Mar del Plata y Junín, y de forma progresiva ir conformando estos grupos en todos los departamentos judiciales de la Provincia. Sin embargo, superado el primer semestre de 2014, ni siquiera se ha logrado establecer el proceso de designación de las máximas autoridades del nuevo cuerpo, pese a que, en el artículo 55, la norma establece que “el director general, el subdirector general y los secretarios deberán ser nombrados en un plazo que no exceda los seis meses desde la sanción del proyecto”.

Tampoco se ha alquilado, condicionado, comprado o adaptado algún espacio físico para que trabaje este nuevo grupo. Desde el gobierno provincial le pasan la pelota al Parlamento, con argumentos que por momentos parecen desconocer la ley aprobada. “La Legislatura con la bicameral está terminando la reglamentación para citar a concurso para elegir a las autoridades”, asegura a La Tecla el ministro de Justicia, Ricardo Casal. En realidad, lo que se ha conformado hasta la fecha es el jurado para la evaluación de autoridades del cuerpo de investigadores, de acuerdo a lo que fija en el artículo 29 la ley 14.424.

Fue a través de una resolución de la Suprema Corte (Nº 1899), firmada el 15 de agosto de 2013 y en la cual se convoca

a León Arslanian (ex ministro de Seguridad), Hernán Gómez (fiscal de Estado), José Martocci (Asociación por los Derechos Civicles), Liliana Maero (fiscal general del departamento judicial Zárate - Campana), Federico Storni (director general de la Policía Judicial del Ministerio Público de Córdoba) y Hernán Gullco (académico y jurista). Por el Senado, a Emilio López Muntaner (FpV), Alejandro Dichiara (FpV) y Diana Larraburu (quien reemplazó a Juan Simón, con mandato cumplido). Por Diputados, Guido Lorenzino (FpV), Nelson Silva Alpa (FpV) y Liliana Denot (UCR).

Esta junta recién se convocó este año, tuvo cuatro encuentros y hasta la fecha todavía no logró definir el sistema de exámenes para crear los principales cargos directivos. Por su parte, la procuradora general de la Corte, María del Carmen Falbo (encargada de dirigir a la nueva Policía y elaborar el plan de tareas), afirmó que las demoras se deben a que “los pasos fijados por la ley son muy complejos”. Aunque ya lograron presentar a la Corte “el programa para poder terminar con la selección de quienes van a dirigir la Policía Judicial, el director, el secretario, los subsecretarios y los dos regionales, que serían Mar del Plata y Junín, para que se termine en noviembre esa etapa”, añadió a este medio. Otro de los puntos en discusión es el tema financiero. Aunque se ha fijado en el presupuesto de este año una partida de 2.973.651.000 pesos para el Ministerio Público, no se especifica que sea para la nueva Policía Judicial. Lo mismo sucede con la infraestructura, donde se habla de 50 millones de pesos para la puesta en marcha, pero hasta la fecha no se ha gastado ni el uno por ciento de esos recursos.

Desde la Comisión Provincial por la Memoria ya alertaron sobre la posibilidad de que, en pos de mostrar que la Policía Judicial está en marcha, se termine “rejuntando” estructuras que ya existen en el ámbito de la Procuración. La CPM fue una de las mayores impulsoras de esta ley, y participó de los foros que en 2012 impulsó el vicegobernador, Gabriel Mariotto, para discutir la propuesta inicial presentada por el gobierno de Daniel Scioli. En algo coinciden los representantes del Ejecutivo, de la Justicia y la Legislatura: hasta el año que viene no va a haber ninguna novedad de la Policía Judicial.