La Policía de Córdoba comenzará a cobrarles a las empresas de monitoreo de alarmas alrededor de 100 pesos por abonado. De esta manera, si no absorben parte de los costos, la factura vendrá a partir de marzo con un aumento de entre el 40 y el ciento por ciento. Algunas ya están anunciando que lo cobrarán a partir de febrero (Ley de alarmas).

Así lo fijó la Provincia por decreto en agosto pasado, al publicar una nueva reglamentación a la llamada Ley de Alarmas (7.899) que autoriza a empresas “a ofrecer y prestar servicios de alarma que tengan por objeto poner en conocimiento de la Policía de la provincia la comisión de delitos”.

En la actualidad, las 30 empresas que operan en Córdoba pagan a la Policía apenas seis pesos por abonado. En total, tienen alrededor de 40 mil clientes en toda la provincia (30 mil en la ciudad de Córdoba), según datos aproximados del sector (Decreto reglamentario de la "Ley de alarmas").

El nuevo decreto reglamentario 785/12, que se publicó en el Boletín Oficial el 14 de agosto del año pasado, prevé aumentar ostensiblemente ese canon. Establece que las empresas deben abonar a la Policía el “1,5 por ciento del valor del Índice Uno, establecido en la Ley de Presupuesto General por cada abonado”, lo que equivale a 75 pesos mensuales. Para industrias y comercio es el doble (tres por ciento), e implica 150 pesos más.

A ese importe, aseguran los empresarios, hay que agregarle los impuestos, lo que supondrá el desembolso de 100 pesos por mes por abonado de casa de familia y 200 en caso de industrias y comercios. Cuando el servicio se presta a entidades bancarias, deberán pagar 15 por ciento de la cuota mensual.

El abono cuesta entre 90 y 270 pesos en casas de familia, según la empresa y el tipo de servicio. Así, el aumento será de entre 40 y el ciento por ciento.

A pesar de que la Policía aún no aplica el decreto, su concreción es inminente. Según una alta fuente del Ministerio de Seguridad, en marzo comenzarán a regir los aumentos.

La razón del retraso es que las empresas realizaron múltiples reclamos a la Provincia para que revea los aumentos. Al estar en “tratativas”, ni los funcionarios ni los empresarios quisieron ser citados.

Los empresarios argumentan que el nuevo régimen es tan oneroso que hará quebrar a la mayoría en un breve lapso, y no sólo debido al aumento de la “cuota” mensual. El decreto incluye un sistema de abultadas multas por alertas originadas en la negligencia o malicia del abonado, lo que llama “alarma no válida”, consignadas como “falsas alarmas”.

Así, cada vez que la Policía deba ir a un hogar debido a alarmas no válidas o falsas alarmas, le cobrará una multa a la empresa de 250 pesos. En caso de comercios e industrias, el doble. La Policía dice que hay entre 1.500 a dos mil falsas al mes.

Los empresarios interpretan que cada “reincidencia” (o nueva alarma no válida) supondrá un aumento del 50 por ciento sobre la última multa. Así, la segunda costará 357 pesos, la tercera 562, la décima nueve mil y la vigésima 554 mil pesos.

El artículo 43 del decreto dice: “Se considera reincidente a quien habiendo sido sancionado por una infracción a este reglamento incurra en otra de idéntica naturaleza dentro del término de un año a contar desde la fecha de imposición de la anterior, sufriendo la nueva infracción cometida un aumento del 50 por ciento”.

Sin embargo, la Provincia está decidida a aplicar la nueva “lista de precios”, confirmó una alta fuente del Ministerio de Seguridad. Sólo está dispuesta a hacer una rebaja a las empresas con menos de mil abonados, y cobrarles 35 pesos por mes en vez de los 75.

Qué dice la Policía

Ganancias. Las empresas cobran a sus abonados entre 100 y 270 pesos por mes y pagan sólo seis pesos a la Policía. El Ministerio asegura que el actual sistema “congestiona el sistema provincial” mientras que las empresas “hacen un negocio fabuloso”.

Falsos disparos. La Policía tiene que acudir a entre 1.500 y 2.000 hogares por mes debido a alarmas que se disparan por un descuido del abonado (como dejar una ventana abierta y que la alarma se accione por el viento) o por fallas en el sistema, según datos del Ministerio de Seguridad provincial.

Cuentas claras. Además, desde el Ministerio aseguran que hay empresas que sólo declaran 20 abonados, es decir, esconden la cantidad de clientes que tienen con el objetivo de pagar a la Provincia menos de lo que deberían. El nuevo régimen incorpora la base de datos de clientes a un sistema informático que las empresas deben controlar periódicamente. Así, se controlará que los vecinos a los que se tengan que asistir estén declarados. “No podemos saber el total de clientes porque no nos blanquean las listas”, aseguraron desde el Ministerio.

Costos. “El costo más grande del sistema es de los policías. Las empresas sólo pagan un call center”, dijo una alta fuente del Ministerio.

Qué dicen las empresas

Prevención. Los empresarios aseguran que el mero hecho de que un hogar tenga alarma disuade al potencial ladrón de cometer delitos. Cabe recordar que los abonados cuelgan en el frente de las casas el sistema de monitoreo de alarma que contrataron.

Multas. “La progresión de las multas del nuevo régimen es imposible, quien lo ideó no tiene noción de lo que significa matemáticamente. Las empresas van a quebrar entre el primero y el segundo mes”, aseguró un empresario del sector. Dijo que los clientes que deban pagar multas por “falsos disparos” (arrancan en 250 pesos) dejarán de estar abonados al servicio de seguridad privada.

Seguridad. “La Policía debería ser la más interesada de que funcione el sistema, porque si las empresas cierran se va a resentir el tema de la seguridad”, manifestó otro empresario cordobés.

Trabajo. Además, los empresarios aseguran que si los negocios cierran, se perjudicaría a las Pymes cordobesas y a múltiples fuentes de trabajo.

Quejas. Desde el sector empresario aseguraron, además, que ellos estaban de acuerdo con actualizar el régimen legal, en especial por cuestiones técnicas que están desactualizadas. “Pero lo único que hicieron es un decreto totalmente recaudatorio”, se quejó un empresario.

En detalle

Monitoreo. La tecnología se divide en tres grandes ramas, con diferentes costos mensuales cada uno. El promedio es de 200 pesos por abonado. Hay monitoreo por línea telefónica, por GPRS (celular) y por aire, en el que el costo de mantenimiento es bastante elevado.

Línea telefónica. El costo mensual de un servicio de monitoreo por línea telefónica es de 120 pesos en promedio.

GPRS. Por GPRS, donde hay que pagar el abono del celular, el promedio mensual está en 180 pesos.

Aire. Por aire, el costo mensual es de 235 pesos promedio.

La alarma comunitaria. Consta de una bocina que se ubica en el exterior de la casa, que se activa a través de un interruptor (o tecla) que está en el interior de la vivienda, alimentada a través de un transformador eléctrico.

Distinta. A diferencia de los sistemas tradicionales (y mucho más costosos), la bocina no se activa porque alguien entre a la casa o rompa una abertura, sino sólo cuando es pulsada la tecla.

Cuándo sirve. Esto representa que sirve para que, estando el propietario en la vivienda, pueda activarla ante alguna sospecha, en su casa o en la de sus vecinos. Es de mucha más utilidad cuando son varios vecinos por cuadra los que las tienen, y prestan atención cuando escuchan que otro la accionó. De allí lo de “comunitaria”.