La nueva Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA), que el gobernador José Manuel de la Sota anunció durante su discurso del sábado pasado en la Legislatura Unicameral, tendrá sólo 200 efectivos en toda la provincia. Según indicaron desde el gobierno, se tratará de un cuerpo especializado, altamente capacitado, que estará bajo las órdenes del fiscal general; es decir, dependerá de la Justicia y ya no estará bajo la órbita de la Policía.

La FPA es la respuesta institucional y organizacional que dio el gobernador después de que la división de Drogas Peligrosas de la Policía quedara envuelta en el narcoescándalo y sus más altos jefes fueran detenidos, acusados de asociación ilícita y de generar zonas liberadas para el tráfico de drogas, entre otros delitos.

De la Sota decidió sacar del ámbito de la Policía la lucha contra la droga y lo pasó a la Justicia. ¿Con qué fuerza? Con los 200 efectivos que el fiscal general podrá seleccionar para integrar la FPA. “Se le da la facultad al fiscal general para incorporar a efectivos de la Policía Administrativa, o la Policía Judicial o gente de civil que el fiscal y los jefes que conduzcan esta fuerza crean que es conveniente. Va a haber una transición y, después, un concurso de capacitación para integrar la Policía Antinarcóticos”, manifestó Sergio Busso, jefe del bloque de legisladores de Unión por Córdoba.

Hasta ayer, no estaba definido cuántos de esos 200 efectivos serán destinados al interior. El ministro de Gobierno, Walter Saieg, le dijo a este diario que las definiciones se producirán una vez que esté aprobada la ley que crea la Policía Antinarcotráfico. “Estimamos que la mitad de esos agentes estarán en la capital y el resto irá al interior. Pero todavía no hay nada definido. Primero deberá salir la ley”, indicó Saieg.

Trámite sin demora

El ministro de Gobierno manifestó que la pretensión del Ejecutivo es que la aprobación del proyecto se produzca mañana mismo, en la sesión ordinaria que está prevista en la Legislatura. Sin embargo, admitió que es poco probable y que el tratamiento sobre tablas se produciría recién la semana próxima. “Queremos que se apruebe lo antes posible para ponerla en marcha”, declaró.

Saieg indicó que la Provincia invertirá lo que sea necesario para que los integrantes de la Policía Antinarcotráfico sean altamente capacitados.

“No vamos a escatimar esfuerzos en que haya cursos especializados para esos efectivos. Si tenemos que traer gente especializada de cualquier lugar del mundo lo vamos a hacer”, manifestó el titular de la cartera de Gobierno.

Otro de los anuncios que hizo el sábado el gobernador fue el envío de un proyecto de ley para evitar que se repitan los motines policiales como los que pusieron en jaque a la provincia durante la huelga del 3 y 4 de diciembre del año pasado. Cuando se apruebe la ley, el gobierno estará autorizado a exonerar a quienes participen en las protestas.

“Creemos que es un avanve porque pone en claro cuáles son los derechos y las obligaciones de los policías. Va a quedar claro que no va a permitirse ninguna actitud de este tipo que implique amotinamiento o sedición. La consecuencia directa va a ser la cesantía o la exoneración, en un proceso sumarísimo”, manifestó Busso.

El jefe del PJ indicó que la nueva ley restablecerá la disciplina dentro de la Policía. “Es importante esta iniciativa porque nos hace revisar la relación de la sociedad con las fuerzas de seguridad, que ha decidido que un grupo de conciudadanos los defienda y los proteja y, de pronto, esos conciudadanos usan sus armas para extorsionar al gobierno con una serie de reivindicaciones, que pueden ser justas o no, pero que no pueden poner en vilo a toda la sociedad. Eso no se puede repetir”, dijo Busso.