El exdiputado Ricardo Gil Lavedra (actual coordinador del Programa Justicia 2020 que depende del Ministerio a cargo de Germán Garavano) fue contratado por Alberto Abad para llevar adelante el pleito de manera privada, pese a contar la AFIP con uno de los equipos jurídicos con mayor nivel de profesionalismo de la administración pública. 

Esto llamó la atención dentro de la propia AFIP ya que se detectaron contrataciones millonarias a Gil Lavedra, quien desempeña "ad honorem" el cargo en la cartera de Justicia, lo que le permite tener llegada directa con jueces y fiscales debido al rol institucional a cargo de un programa oficial. Bajo la descripción de "contratación de servicios profesionales", el expediente 0252543/16 le permitió embolsar al excamarista en junio del año pasado la suma de $2.178.000 pagados directamente a su nombre y bajo su número de CUIT. Esa orden de compra se complementó con una abonada el 23 de mayo de 2017 por el mismo monto ($2.178.000) en concepto de contratación de servicios bajo la orden de compra 5200002353 pagados por la AFIP, quien a lo largo del litigio ha desembolsado al menos $4 millones sin haber todavía percibido el monto reclamado por la falta de pago del Impuesto a la Transferencia de Combustibles (ITC) que se le reclama a la petrolera Oil, lo que derivó en el dictado por parte del juez Julián Ercolini de una inhibición general de bienes que ha impedido el efectivo traspaso de las acciones en cabeza de Cristóbal López y Fabián De Sousa.

La insistencia para evitar que la demanda pueda ser encauzada por otra vía y los nuevos accionistas definan el pago de las obligaciones impositivas adeudadas también consigue explicación en la denominada "cuota litis", es decir los honorarios que percibirían los abogados encargados de representar a la AFIP en la demanda, que en este caso no es su división legal que actúa en la mayoría de los litigios, sino el propio Gil Lavedra. Ese monto, pese a que es fijado por el juez, escala a un máximo del 10% del monto total de la demanda, lo que de aplicarse, aún con una quita le permitiría cobrar una cifra cercana a los $600 millones. 

El caso de Gil Lavedra no es el único de contrataciones cursadas vía ordenes de compra directas pagadas por Abad de los fondos del organismo recaudador. Aunque sí por los montos más elevados. Juan José Antonio Ávila también fue contratado para "defensas institucionales" en materia penal pero por montos que apenas superan los $1.161.600, lejos de la cifra que percibió Gil Lavedra y mucho menor a la que aspira a cobrar al final del juicio. 

El otro gestor en el entorno de Abad de las relaciones con la justicia es Ernesto Donato, subdirector general de Coordinación Técnico Institucional. Mano derecha desde el inicio de la primera gestión de Abad en la AFIP con Eduardo Duhalde, se le adjudica a Donato la presión sobre el juez comercial Héctor Vitale, quien en tiempo récord bloqueó la apertura del concurso de acreedores de Oil, aunque reconoció que "sin dudas" la empresa se hallaba en cesación de pagos, lo que técnicamente la habilitaría para que se inicie el proceso comercial previsto para su subsistencia, algo que también ha sido presentado por los nuevos accionistas como una vía de solución para la continuidad de las fuentes de trabajo de 15.000 personas que se desempeñan de manera directa o indirecta en las empresas que integraban el exGrupo Indalo. El destino del litigio va más allá de las consideraciones del derecho y ahora apunta a una definición política y con un mandato que Abad se jacta de tener directamente desde la Casa Rosada.