La distribuidora comenzó a instalar medidores prepagos en los barrios más humildes. Desde la empresa dicen que "es para que los vecinos puedan ir comprando energía en la medida de sus posibilidades". Las asociaciones de defensa del consumidor sostienen que el artefacto es ilegal y recordaron que el Estado debe garantizar el acceso universal al servicio.
A raíz del aumento de tarifas y la creciente cifra de clientes morosos en la Provincia, Edenor comenzó a instalar medidores prepagos en el partido de La Matanza. Según confirmó el vocero de la empresa, Eduardo Mirabelli, los mismos están siendo instalados en los barrios Los Ceibos, de González Catán; y Oro Verde, Esperanza y Sarmiento, de Virrey del Pino.
De acuerdo a lo que indicó Mirabelli, el objetivo es compensar las pérdidas de energía que se dan por las conexiones clandestinas y bajar los niveles de morosidad. "La idea es darles una opción a quienes están fuera de la ley y cometen una ilegalidad al robar energía. Es una herramienta ideal porque pueden ir comprando energía en la medida de sus posibilidades", explicó.
En declaraciones al medio local El1Digital, el vocero de Edenor dijo que con este sistema "se evitan los inconvenientes de no poder pagar las facturas y que les corten el servicio". Y precisó: "Cuando los usuarios acceden a la instalación del medidor prepago, Edenor les otorga 150 kWh gratuitos. Una vez consumidos, los clientes deben realizar recargas".
Mirabelli precisó que "como los medidores son electrónicos, los clientes pueden saber en todo momento cuánta energía les queda y cuánto están consumiendo en cada momento del día". "Hasta pueden configurar el sistema para que suene una alarma cuando están cerca de quedarse sin carga", agregó el hombre, quien aclaró que "la instalación es a voluntad del cliente".
Polémica y falta de reglamentación
Las asociaciones de defensa del consumidor rechazan este tipo de servicio porque "se están instalando por fuera de una reglamentación específica". En ese sentido, Pedro Bussetti, Presidente de la entidad Defensa de Usuarios y Consumidores (DEUCO), recordó que "la luz es un servicio público y el Estado debe garantizar su acceso universal".
"Motivos económicos ajenos a la voluntad del usuario, como son la pobreza y la vulnerabilidad económica, no deberían ser una restricción en el acceso", apuntó Busetti. "Que se deje de prestar el servicio a una familia que no llega a juntar 100 pesos para hacer una recarga es una barbaridad, porque es el Estado el que tiene que garantizar ese acceso", concluyó el titular de DEUCO.
Comentá la nota