Por: Lucía Sánchez Lucero. Los concejales de las distintas bancadas políticas tendrán que decidir hoy cuáles serán las derivaciones del caso que involucra a la Unión Cívica Radical en un posible reemplazo irregular de ediles con pedidos de licencia. El asunto podría llegar a la Justicia si se decide derivar este asunto hacia ese ámbito. Ésta parece ser la intención no sólo del oficialismo, sino también de las restantes fuerzas que componen el Concejo Deliberante. En tanto, el radicalismo buscará despegarse de cualquier tipo de presunción que indique que cometieron un delito.

Es que la comisión de Legislación, que continuará con el massista Cristian Azcona a la cabeza, tiene para tratar en el último lugar del orden del día la nota elevada recientemente por Rosana Morrone, quien pidió explicaciones por no haber sido convocada para reemplazar a ediles radicales en sesión desde finales de 2011 a la fecha.

Se trata de la persona que se encontraba en el tercer lugar de la lista de candidatos a concejales presentada en las elecciones de 2011 como parte del armado entre la UCR y el sector de Francisco De Narváez. En la actualidad, Morrone milita en el Frente Renovador.    

La polémica estalló hace 10 días cuando en plena sesión del Concejo Deliberante, la presidente de la bancada radical, Cristina Coria, solicitó la vuelta a comisión del expediente que otorgaba al concejal Maximiliano Abad el día 12 de marzo. 

En su momento se restó importancia al asunto y desde las filas radicales aseguraron que se había traspapelado una nota en la que se daba cuenta de que Morrone –quien debía asumir la banca siempre que se ausentaran Abad o Mario Rodríguez- no podía asistir y por eso Gonzalo Quevedo (siguiente en la lista) ocuparía el lugar.

Sin embargo, pocos días después la propia Morrone presentó una nota ante el Deliberativo para saber cuál era el mecanismo por el que se procede a los reemplazos de concejales y anunciar que “nunca” había sido notificada en caso de que se la hubiera requerido en los últimos 3 años. 

Ante esto, los presidentes de bloque coincidieron en pedir una serie de informes a fin de dilucidar las responsabilidades del radicalismo.

La posible comisión de un delito se explica en el artículo 246 del Código Penal, que reprime con prisión de un mes a un año e inhabilitación especial por doble tiempo, a quien “asumiere o ejerciere funciones públicas, sin título o nombramiento expedido por autoridad competente”.

Si se decide girar el expediente a la Justicia, tal como pretenden desde diversos sectores que salieron a criticar con firmeza el accionar de la UCR, se abrirá una investigación que volverá a dejar a los ediles radicales –por segunda vez en menos de un año- en vueltos en un escándalo político y judicial.  

DEFENSA RADICAL

La línea argumental del radicalismo para desmerecer la denuncia de Morrone tendrá dos aristas. Primero, plantearán que ni la Ley Orgánica de las Municipalidades ni el Reglamento Interno del Concejo Deliberante establecen un mecanismo formal de notificación para los reemplazos. Lo que sostienen desde las otras fuerzas es que debería haber una nota formal de Morrone que justifique su ausencia.

En segundo lugar, la UCR pondrá sobre la mesa una conversación mantenida entre Quevedo y Morrone, en la que la mujer habría determinado que no podía asistir al plenario. Esto, para el Partido, sería suficiente para descartar cualquier tipo de acción legal, pero de todas maneras quedará a juicio de sus pares, quienes tendrían intenciones de ir a fondo con la supuesta transgresión cometida.