A través de una denuncia ante la Fiscalía de Estado y el Tribunal de Cuentas de la provincia, concejales radicales de Tunuyán quieren que el intendente Martín Aveiro explique por qué contrató de forma directa a una empresa para recolectar los residuos del departamento, sin haber pasado antes por un proceso licitatorio.

La acusación llega a esta instancia debido a que los ediles denunciantes consideran que las explicaciones entregadas por el Ejecutivo al Concejo Deliberante “no fueron satisfactorias”, dado que la medida es “una acción ilegal” que no sólo generó fuertes erogaciones sino que además, “se dejó de dar empleo a trabajadores tunuyaninos” para contratar a terceros de otros departamentos.

Aveiro y su entorno niegan la ilegalidad de la medida y aducen que se trató de una acción “necesaria” debido a las “malas condiciones” que estaba el servicio al momento de hacerse cargo del gobierno municipal.

Un DNU por $1,8 millón

Con fecha 28 de diciembre de 2011, a pocos días de haberse hecho cargo de la Intendencia, Aveiro firmó un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que llevó el número 1.115/11 y en el que consideró que existía “emergencia de higiene urbana”, tal como la definió el jefe de Gabinete, Julio Villafañe, en relación a la recolección de residuos.

El decreto le abrió las puertas al jefe comunal para tercerizar un servicio que desde su punto de vista era deficiente, permitiéndole desembolsar $ 1.800.000 durante 6 meses ($ 300 mil mensuales) que le fueron entregados a “Bodegas y Viñedos Santa Elena”, la empresa que terminó haciéndose cargo de la limpieza departamental.

Esta es una de las principales razones por las que los concejales radicales, enterados de la medida, el 29 de marzo de 2012 hicieron un pedido de informe para que el intendente explicara la situación en el recinto.

En abril el cuerpo aprobó la solicitud y finalmente, el 11 de mayo llegó el informe del Ejecutivo, pero para los demandantes, la respuesta “no cubrió” todos los puntos solicitados y “no permitió aclarar” la contratación. “No había emergencia. El 1.115 apareció de la noche a la mañana” señaló Daniel Martínez, concejal denunciante, en referencia al DNU, al que consideró “ilegal” porque “no se llamó a licitación”.

De forma similar opinó Felipe Aguilera, también de la bancada radical, al precisar que se trató de una circunstancia “irregular” el haber contratado directamente, y si bien reconoció problemas en el normal funcionamiento del servicio, consideró que la situación “no era tan caótica” como para plantear una emergencia.

Además, los concejales consideraron que no se tuvo en cuenta a trabajadores de esa zona. “Se trajo a gente de otros departamentos sin tener en cuenta a los tunuyaninos”, coincidieron.

Más allá del reclamo, el Concejo votó y aprobó el informe de Aveiro (con el rechazo radical), archivando la causa, lo que motivó que los opositores llevaran a instancias superiores su denuncia, la cual aún no ha sido respondida por la Fiscalía de Estado, aunque ha logrado el compromiso del Tribunal de Cuentas que examinará el caso.

Lo legal y lo ilegal

Un reclamo fundamental de los radicales se relaciona con que Aveiro incumplió la Ley provincial 3.799, de Contabilidad. Si bien el DNU precisa su conformidad con esa norma, específicamente con un inciso del artículo 29 que contempla “razones de urgencia”, los acusadores no perciben razones suficientes para encarar un gasto de $ 300 mil al mes.

Tanto Aveiro como Villafañe coincidieron en que “el mismo decreto habilita” esos gastos. “Nos asesoramos en la Fiscalía de Estado para emitir ese decreto”, dijo el jefe del Gabinete.

La Ley 5.182, confirmó que se podrán hacer contrataciones directas “cuando medien probadas razones de urgencia, o caso fortuito, no previsibles, o no sea posible la licitación o el remate público, o su realización resienta seriamente el servicio”.

En tanto que a través de la Ley 7.157, se actualizaron los montos autorizados para una “licitación privada”, por un valor “que no exceda de $ 20.000”, mientras que por "contratación directa “cuando el monto no exceda de $ 4.000". Más allá de que la Municipalidad considere el caso como "cerrado", son la Fiscalía de Estado y el Tribunal de Cuentas los que ahora deberán aclarar el caso.