Tras esa irregularidad, el radicalismo y el FPV se retiraron del recinto, lo que fue aprovechado por el oficialismo provincial, con la complicidad de Raúl Laborda Ibarra que les dio quórum, para aprobar la donación “por unanimidad”.

El terreno que ahora fue cedido al Obispado de San Luis es de 2 mil metros cuadrados y está ubicado sobre calle Pedernera, entre avenida Presidente Perón e Ituzaingo. Esta pacerla contiene actualmente la residencia oficial del obispo de San Luis, Pedro Martínez, y había sido cedida en comodato a la Iglesia hasta el año 2088, por el último gobierno de Adolfo Rodríguez Saá. Por su ubicación, dimensiones y el hecho de que gran parte de esos metros están cubiertos, estamos hablando de un terreno valuado en millones de pesos. 

Al parecer, Martínez solicitó que se le ceda al Obispado la titularidad del terreno, para así poder realizar mejoras en el lugar, algo que, señalaron desde el radicalismo, el obispo podía hacer con el comodato. El debate se calentó aún más con la intervención de Larrea, quien, fiel a sus ideales comunistas, disparó durísimas críticas contra la Iglesia Católica. 

Esto provocó que el diputado Gonzalo Estrada pidiera algo sumamente irregular, que la alocución del comunista Juan Larrea fuese borrada del registro escrito de la sesión; lo que fue sometido a voto por la presidenta de la Cámara, Graciela Mazzarino. 

Dada la gravedad del asunto, el presidente de la bancada radical, Alejandro Cacace, exigió a la presidencia que explicara el criterio por el cual la moción propuesta por Estrada iba a ser votada. Al respecto, Mazzarino alegó que la votación se iba a hacer apartándose del reglamento, lo que provocó que el radicalismo y el kirchnerismo se retiraran de la sesión.

"Cuando le hicimos ver a la Presidente de Diputados que estaba haciendo algo que no estaba contemplado en el reglamento, dijo que lo harían igual por fuera del reglamento", dijo Cacace. "Excluir la intervención de un diputado no está contemplado en el Reglamento Interno. Eso representa un grave atropello a la representación. Los diputados no pueden ser censurados en sus opiniones, ya que la Constitución protege la expresión", agregó el diputado radical.

"Más allá del tema de discusión, hubo una serie de irregularidades muy importantes y se propuso dar legitimidad a la censura de la opinión de un diputado", cuestionó, por su parte, su compañero de bloque Juan Manuel Rigau.

En el marco del debate que disparó este acto de censura hacia Larrea, cabe recordar que, a fines de abril, la Cámara de Diputados aprobó la donación de más de cinco hectáreas a la Iglesia Católica, una institución millonaria que posee dinero de sobra para pagar por todos los terrenos que desee adquirir. También cabe destacar que todas estas donaciones se aprobaron a partir de decretos emitidos por la gestión de Claudio Poggi.