El Ejecutivo municipal y el Concejo Deliberante andalgalense mantienen una polémica, que incluye reiterados cruces mediáticos, a raíz de la ordenanza aprobada por los ediles, que propone que el 25 de mayo los habitantes se pronuncien por el Sí o el No a la explotación minera.

Mientras los concejales aseguran que la iniciativa está firme -ya que no fue vetada por el intendente José Perea-, el fiscal municipal, Daniel Farroni, los acusó de "hacer demagogia y presionar", cuando aún está fresco en la memoria el levantamiento vecinal del 15 de febrero, que terminó en serios desmanes y destrozos.

"Si lo que se pretende es seguir creando conflictos sociales en Andalgalá, están bien las medidas. Ahora, si lo que se pretende realmente es tener posibilidades ciertas de que se establezca un referéndum para que los ciudadanos se expresen, éste no es el mecanismo. Nosotros lo hemos explicado y manifestado claramente: el único facultado para llevar adelante esto es el Gobierno de la Provincia. La Secretaría de Minería es el órgano de aplicación sobre el tema minero y es la Provincia de Catamarca, a través del Gobernador, quien debe convocar a un referéndum", dijo.

El funcionario tildó esta iniciativa, igual que al proyecto para que se prohíba la minería a cielo abierto, como "inconstitucionales".

Para Farroni, la Legislatura es el ámbito propicio para debatir estos temas, y no el Concejo.

"Hay un camino que es demagógico, que es para la tribuna, para calmar algunas aguas, y hay otro camino que es el que debemos transitar si queremos que realmente se logren los objetivos planteados", agregó.

El funcionario mencionó en ese contexto problemas prácticos que una iniciativa de ese tipo puede tener para su efectiva concreción.

En tanto, ambientalistas andalgalenses esperan una reunión con el juez de Minas, Guillermo Cerda, lo que motivó que levantaran una guardia que tenían frente a Agua Rica.

"Si lo que se pretende es seguir creando conflictos sociales en Andalgalá, están bien las medidas". Daniel Farroni, el fiscal municipal se refirió a los proyectos en el CD.

Demorado

Un ambientalista de Tinogasta fue demorado ayer, acusado de agredir a un ex legislador, luego de un cruce que se originó por cuestiones personales, aunque luego terminó en el tema minero. El ambientalista fue identificado como Darío Moreno, quien, en medio de una discusión, habría agredido al ex diputado Mario Herrera. Moreno fue denunciado por Herrera, lo que motivó que se lo detuviera. Anoche, miembros del grupo Autoconvocados por la Vida aguardaban su liberación.

Perea no vetó la iniciativa

El intendente de Andalgalá, José Perea, sorteó el rechazo ambientalista que le hubiera acarreado un veto a la ordenanza que disponía la realización de un referéndum por el sí o no a la instalación de Agua Rica, derivando la cuestión a la Corte de Justicia. El pasado 22 de marzo y a través de sus abogados, presentó ante el máximo tribunal provincial un recurso para que declare la inconstitucionalidad del instrumento y una acción de amparo.

El municipio presentó también una medida cautelar por la que se solicita que se suspenda la aplicación de la ordenanza hasta que se resuelva la cuestión de fondo. Es que, de acuerdo con los plazos establecidos en el instrumento, el 25 de mayo debería realizarse la consulta popular.

Públicamente, funcionarios andalgalenses dijeron que el municipio no está en contra de un plebiscito para saber la opinión de la gente, pero que ésta es prerrogativa de la autoridad provincial. Entonces, el referéndum aprobado por el Concejo sería "inconstitucional".

La presentación del Ejecutivo tuvo como antecedente el rechazo de la Corte a una medida similar que planteó el ex intendente de Tinogasta Hugo Ávila.