El informe sobre las declaraciones públicas de los integrantes de la mesa judicial del macrismo que hizo la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJuDeCO) desató una polémica al interior de la Corte Suprema. Después del acuerdo del jueves, los supremos pidieron informes al organismo para que explique en diez días si era competente para realizar el relevamiento en redes sociales y medios de comunicación que muestra cómo integrantes del gobierno de Cambiemos hicieron blanco sobre la entonces procuradora Alejandra Gils Carbó y la jueza de la Cámara Federal de Casación Penal Ana María Figueroa.

El miércoles por la tarde, un grupo de legisladores de la Coalición Cívica, que responden a Elisa “Lilita” Carrió, presentó una nota dirigida al presidente de la Corte, Horacio Rosatti, por la confección del informe que había sido pedido por el fiscal federal Franco Picardi. El fiscal es quien lleva adelante la investigación sobre la mesa judicial del gobierno de Mauricio Macri bajo la hipótesis de que hubo un hostigamiento a determinados magistrados y magistradas que no comulgaban con los intereses de esa administración. Carrió apareció en el relevamiento señalada como quien públicamente pedía que Gils Carbó terminara presa e incluso, como resaltó este diario, escribía en redes sociales que no tenía inmunidad de arresto en una especie de exhortación a los jueces.

Desde la Coalición Cívica, le reclamaron a los supremos que se expidan sobre el informe y que hagan “cesar el hostigamiento”. Para los lilitos, el informe podría considerarse de inteligencia y atenta contra la inmunidad de opinión de los legisladores. “Es la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación la responsable por la elaboración de informes de esta Dirección, quien claramente no tiene competencia para realizarlos aún cuando se trate de un pedido de actuación por parte de un fiscal federal”, dice la nota.

La interna en la Corte con la DAJuDeCo

El enojo de “Lilita” caló hondo en el cuarto piso. Los cuatro integrantes del tribunal, Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, se reunieron el jueves y, de ese encuentro, salió la decisión de pedirle explicaciones a la DAJuDeCo. Se deduce que Lorenzetti no habrá sido el impulsor de la medida, dado que sus enfrentamientos con Carrió son públicos al igual que los múltiples pedidos de juicio político que la dirigente presentó contra el supremo.

El pedido de informes no salió con la firma de ninguno de los integrantes del tribunal, sino de Sebastián Clerici, titular de la Dirección Jurídica General de la Corte. El oficio le da diez días a la oficina que está en cabeza del camarista Javier Leal de Ibarra para responder si efectivamente es competente y remite a una acordada de junio de 2019. La acordada en cuestión se firmó cuando estaba en plena vigencia el festival de escuchas a los presos kirchneristas en los medios de comunicación. Entonces, la Corte pidió a los jueces que redujeran la participación de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) en las escuchas, dijo que las interceptaciones solo debían hacerse cuando había órdenes fundadas y recordó sobre el deber de preservar la privacidad de las personas.

En la DAJuDeCO dicen que la cuestión está en pleno trámite y, por el momento, guardan silencio mientras preparan la respuesta a la Corte. La medida, ordenada por Picardi, estuvo en conocimiento de quienes están presentados en el expediente de la mesa judicial --como el exministro de Justicia Germán Garavano, el exministro de Trabajo Jorge Triaca y el exsecretario de Legal y Técnica Pablo Clusellas-- y no fue impugnada su realización.

La DAJuDeCO funciona en la vieja Dirección de Observaciones Judiciales de la SIDE, más conocida como la Ojota. Esa oficina, de la calle Los Incas, quedó en manos de la Corte con un decreto que Macri firmó en la navidad de 2015 como estrategia para despojar de poder justamente a Gils Carbó, quien tenía a su cargo las interceptaciones desde la reforma de la ley de inteligencia que se había aprobado ese mismo año. Bajo la órbita de la Corte, la DAJuDeCO fue sumando más atribuciones y coordinando la tarea de distintos peritos.

El hostigamiento a Ramos Padilla

La explicación más extendida en el cuarto piso del palacio de Tribunales es que la DAJuDeCO intervino a pedido del fiscal, aunque también hay quienes sostienen que nunca antes se había hecho relevamientos de este tipo. Es probable que la carta de los diputados que responden a Carrió logre frenar la otra parte del relevamiento que había sido pedido por Picardi. Como informó Página/12, la DAJuDeCO trabajaba en un informe sobre las declaraciones públicas en torno al camarista Eduardo Farah, a su excolega Eduardo Freiler y concretamente sobre el actual juez federal de La Plata Alejo Ramos Padilla, que también fueron blanco de los ataques del gobierno de Macri.

El 4 de agosto pasado, Ramos Padilla declaró por escrito ante Picardi. Allí remarcó que tanto el fiscal Carlos Stornelli como la propia Carrió motorizaron “causas mellizas” en los tribunales de Comodoro Py para entorpecer la investigación que él llevaba adelante desde el juzgado de Dolores sobre espionaje y que orbitaba alrededor del falso abogado Marcelo Sebastián D’Alessio. También mencionó al diputado Pablo Tonelli, a Garavano y Juan Bautista Mahiques --por entonces representante del Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura y actual fiscal general de la Ciudad-- por impulsar pedidos de juicio político en su contra después del inicio de la causa. En esa misma línea también recordó que el propio Macri dijo en una entrevista que Ramos Padilla ya les había hecho varias. De continuarse con el estudio, la DAJuDeCO debería rastrear en fuentes abiertas elementos que permitan acreditar lo denunciado por Ramos Padilla. Pero todo está en veremos por ahora.