Sobre tablas y sin debate, en los primeros días de julio el proyecto obtuvo el visto bueno de la Cámara de Senadores casi por unanimidad. La noticia trascendió, pero no se hizo hincapié en su pata más controvertida: impulsa una ley que autoriza las fumigaciones con glifosato a 10 metros de los límites urbanos.

Varias organizaciones ambientalistas y políticas ya pusieron el grito en el cielo y la rebautizaron como "ley procáncer". "¿Cuál es el criterio objetivo para establecer una exposición humana a los pesticidas? ¿Qué estudios epidemiológicos se realizaron para establecer la exposición humana a los pesticidas? ¿No se estará tratando de buscar impunidad frente la generación de daños sanitarios y ambientales por uso masivo de pesticidas?", se preguntaron desde la Red de Pueblos Fumigados.

El proyecto que busca derogar la Ley 10.669 lleva la firma del presidente de la comisión de Ambiente del Senado bonaerense, Carlos Alfonso Coll Areco, del bloque Peronismo Bonaerense y cercano al ministro de Producción, Joaquín de la Torre. La iniciativa, sin embargo, no cuenta con el apoyo explícito del ministro de Agroindustria, Leonardo Sarquís, ex gerente de Monsanto y miembro de la Fundación Pensar, ligada al PRO. El funcionario jamás se pronunció, pese a que es un tema de su área y durante la campaña manifestó su voluntad de regular el uso de agroquímicos. En los pasillos del Congreso provincial no son pocos los que creen que el objetivo es que el costo político lo pague Coll Areco, que el año pasado abandonó el Frente Renovador y ahora quedó pegado al macrismo por la incorporación De la Torre al Gabinete de María Eugenia Vidal.

Aun así, en los medios tampoco hay muchas declaraciones de Coll Areco defendiendo su proyecto. "La ley establece una zona de exclusión total donde no se permite la fumigación; y alrededor una zona buffer o de amortiguamiento que, cuando las condiciones meteorológicas no están dadas, se convierte también en zona de exclusión", se defendió el legislador hace unos días. "Yo creo que en condiciones adversas se van a prohibir cosas que hoy se permiten en la pulverización terrestre. Tenemos que quedarnos tranquilos, porque si hay probabilidad de que el producto llegue a la zona urbana, estará prohibido", añadió.

En sus fundamentos, la iniciativa se presentó como una forma de regular el uso de agroquímicos para "proteger la salud humana y los ecosistemas", pero en el sector ambientalista creen que hoy ni siquiera se aplica la normativa vigente –pese a la gran cantidad de baches que tiene– y que se debe respetar la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia bonaerense. En efecto, en diciembre de 2014 el máximo tribunal confirmó que no se puede fumigar a menos de mil metros de una vivienda porque así lo disponen las normativas actuales. En otras palabras, el proyecto de Coll Areco ablandaría la protección legal.

La controversia más fuerte gira en torno al inciso b) del artículo 40, que prohíbe todo tipo de explicación "utilizando la técnica terrestre de todos los productos fitosanitarios, fertilizantes y otros plaguicidas comprendidos en las clases III y IV, conforme la clasificación toxicológica adoptada por esta ley, la cual está delimitada por 10 metros adyacentes contados desde el límite de la zona urbana".

El problema es que los plaguicidas III y IV son los que más se utilizan e incluyen, por ejemplo, al glifosato, considerado un producto "probablemente cancerígeno" por la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC), que forma parte de la Organización Mundial de la Salud de las Naciones Unidas.

"El proyecto en cuestión implica retroceder en las medidas de protección para la salud y el ambiente. Los únicos beneficiados son empresas agroquímicas", lamentó el responsable de la campaña de Agricultura en Greenpeace Andino, Franco Segesso. La organización recordó que "estudios médicos recientes han relacionado una mayor exposición a plaguicidas con un aumento en la incidencia de algunos tipos de cáncer, enfermedades neurodegenerativas y alteraciones en el sistema endocrino e inmunitario"