Vanesa Molina es ordenanza del Poder Judicial local, el miércoles se descompensó en su trabajo y terminó internada. El caso armó revuelo por el tiempo que pasó para que reciba asistencia médica. En el gremio aseguraron que recién dos horas después pudo ser trasladada a un centro de salud y que todo es culpa de la Corte de Justicia y el departamento de Recursos Humanos, debido a que no tienen un protocolo de actuación en situaciones de emergencia. Desde el máximo tribunal negaron semejante demora y aunque reconocieron que hubo problemas de comunicación, señalaron que sí hay planificación.

La tensión entre el sindicato y las autoridades judiciales no es nueva. Los reclamos de la Unión Judicial a viva voz y de muchos empleados en voz baja vienen de hace rato por el mal estado de los edificios, la falta de medidas de seguridad que ponen en peligro a los judiciales y la casi nula prevención que ha caracterizado a los integrantes de la Corte de Justicia (Ver recuadro). En ese marco fue que en el mes de mayo, por ejemplo, un abogado que está a cargo de una Secretaría de Primera instancia sufrió en Tribunales una fuerte descarga eléctrica que no terminó en desgracia de milagro.

Esta vez, el escenario fue el inmueble donde funcionan el fuero Laboral, ubicado en Laprida antes de Mendoza. Molina cumple funciones allí, el jueves llegó a las 7 como todos los días y unos minutos después les dijo a sus compañeros que estaba descompuesta y que le dolía mucho la cabeza. Hasta ahí, todos los actores coinciden. En el resto de la historia es donde nace la fuerte polémica.

Según contó el titular de la Unión Judicial, Sebastián López, una compañera de Molina llamó varias veces al edificio central del Poder Judicial para avisar que necesitaban una ambulancia y no la atendió nadie. Después logró comunicarse con Recursos Humanos para que pidan una movilidad a la ART, pero le respondieron que no correspondía porque no era un accidente y que tenía que contactar al servicio público de emergencias. Lo hizo, desde la compañía le dijeron que no podían intervenir al no ser un episodio sucedido en la vía pública y le recomendaron que alerte a la empresa de ambulancias del coseguro de la mujer, que finalmente llegó hasta el lugar justo cuando ella se desmayó.

El gremialista aseguró que Molina fue atendida y trasladada unas dos horas después desde que se descompuso y cargó contra la Corte, que es quien ejerce la administración del Poder Judicial. “Esto pasa porque no hay un protocolo de urgencias como dice la Ley de Riesgos de Trabajo, se perdió un montón de tiempo, ni siquiera las autoridades saben qué hacer, es una vergüenza”.

El subsecretario administrativo de la Corte, Mauricio Cerezo, lo cruzó. Señaló que “no pasaron más de 35 minutos” y negó que falte un protocolo. Pero cuando este diario le preguntó qué dice ese plan para situaciones como que sufrió la ordenanza del fuero Laboral, contestó: “No tengo todos los detalles, porque lo diseñó Recursos Humanos” (está bajo su órbita). Además, aseguró que ya se lo notificaron a las distintas áreas.

Fuentes de los juzgados Laborales dieron fe del relato de López, aseguraron que a Molina la tuvieron que bajar en brazos por las escaleras porque no hay ascensor y que el camarista Miguel Novoa fue testigo de esa situación. Al principio, por los síntomas, contaron, los médicos creyeron que podía ser un ACV, pero con una tomografía lo descartaron, quedó internada y le diagnosticaron estrés antes de ser dada de alta el viernes.

López se quejó de que “no puede ser que nadie en la Corte sepa a qué servicio de ambulancias hay que llamar, si era algo más grave podría haber sido una fatalidad”. El número dos del área administrativa insistió en que no pasaron dos horas, pero admitió que “hubo problemas involuntarios de comunicación”. Al mismo tiempo, adelantó que a raíz de lo que pasó en el fuero Laboral, “ya hemos pedido presupuestos para contratar una empresas de ambulancias y que nadie tenga dudas”.