Si bien tras la aprobación de las modificaciones y agregados introducidos en la ordenanza que regula el uso de agroquímicos en el Partido, las posturas de ambientalistas y productores parecían acercarse, con el correr de los días las aguas volvieron a dividirse. Así, la asamblea de autoconvocados “Paren de Fumigarnos” ya anunció que recurriría al ámbito judicial para dirimir la cuestión y ahora la asociación Bios planteó tener “algunas certezas y varias incertidumbres y dudas” en torno a la nueva normativa. Asimismo, el Centro de Estudios Jurídicos Socio Ambientales (Cejusa) presentó una nota ante el Concejo Deliberante para dejar constancia de las solicitudes de audiencia pedidas a diferentes organismos provinciales y nacionales para abordar la utilización de agroquímicos en la ciudad, también en el marco de la ordenanza cuestionada.

Vale recordar que la problemática se origina al entrar en vigencia la norma municipal 18740 que prohibía la fumigación en un radio de mil metros a partir de los núcleos poblacionales, entre otros puntos. Los productores exigieron entonces la derogación de ordenanza, mientras que los ambientalistas bregaron por la plena implementación. Una audiencia pública celebrada en el recinto de sesiones del Concejo Deliberante dejó bien delimitadas las posturas.

La solución -provisoria- que encontraron las autoridades municipales fue diferir la aplicación de algunos artículos por 150 días y añadir lineamientos menos restrictivos y prohibitivos que en la letra original de la legislación. Según manifestaron desde la Comuna, en el marco del tratamiento que tuvieron las modificaciones en el Deliberativo, se había dialogado con los diferentes actores involucrados en el tema y logrado el consenso.

La premisa duró poco. Tras la sanción de la nueva ordenanza, “Paren de Fumigarnos” anunció que presentaría un recurso de amparo para que se vuelva a aplicar la norma original, mientras surgieron más cuestionamientos de otras organizaciones.

Mediante un comunicado, Bios explicó que en su momento, se les había adelantado que se mantendría en el diferimiento por 150 días, “un mínimo espacio sin ningún tipo de aplicación” de agroquímicos. No obstante, resaltaron que “la letra de la modificación, redactada de modo confuso, parece señalar que con mochila es posible seguir aplicando productos clase 4”.

“Cuestionamos fuertemente las normas de la clasificación de los productos y acompañamos el pedido nacional de su revisión, por lo cual, nos preocupa que se den por inocuas sustancias que no lo son, aún en este supuesto ‘entretanto’”, sentenciaron.

Acto seguido, recalcaron que “la salud es prioritaria” y que “todo habitante que sea agredido con venenos, está asistido por el derecho de accionar penalmente contra quien ejecute esa agresión”.

En esta línea, criticaron que en la nueva legislación no se especifiquen criterios que conduzcan progresivamente a una transición agroecológica, tal como se había anunciado.

Por estos motivos, desde Bios determinaron permanecer en “guardia de cenizas”.

“Tenemos en la bolsa algunas esperanzas todavía. Dependerá del rumbo firme, escrito, publicado y ejecutado, que tomen cada una de las promesas y aseveraciones volcadas por la gestión política cuando dijo claramente que el camino era la transición agroecológica y que la salud de las personas estaba por encima de toda decisión”, concluyeron.

AUDIENCIAS

Por otra parte, este martes ingresó al Concejo Deliberante una nota el Cejusa para pedir que sea agregada al expediente iniciado por la Asociación Frutihortícola de Productores y afines para pedir modificaciones a la ordenanza 18.740. En la misma, adjuntaron una serie de solicitudes realizadas a dependencias provinciales referidas a la “difícil y crítica situación que se vive en el Partido”.

Entre otras, pidieron audiencia con la Defensoría General de la Nación en base a que en la ciudad “se violan y afectan sistemáticamente distintas garantías y derechos constitucionales colectivos (…), configurándose diversos delitos ambientales condenados por nuestra ley penal”.

En detalle, la organización aseguró que “se aplican indiscriminadamente, y manipulan sin control, las diferentes clases de agroquímicos (Bromuro de Metilo, 2 4d, Endosulfán, Glifosato, Metalmehído, Bromoximil, Carbaryl), los cuales están prohibidos en distintos lugares del mundo por sus efectos crónicos y agudos, cancerígenos, neurotóxicos y respiratorios, entre otros ”.

Además, añadieron en su presentación que con la modificación a la ordenanza 18.740m el Estado local “se coloca del lado de los intereses parciales y económicos del sector productivo”.

En esta línea, solicitaron que “se articulen los mecanismos necesarios e indispensables (…) para que se cumpla con la normativa aplicable y protectoria de los derechos de los trabajadores involucrados en la producción, los ciudadanos y vecinos afectados, y los consumidores de alimentos producidos mediante estas prácticas contaminantes y violentas”. Con iguales argumentos, el Cejusa se dirigió a la Procuración General de la provincia de Buenos, el Ministerio de Asuntos Agrarios y demás organismos que atienden en materia ambiental.