La Cámara Federal debe decidir si confirma ese procesamiento, lo que, de ocurrir, deja libre el camino para que el juez federal Ariel Lijo eleve el caso, al menos parcialmente, a juicio oral en 2015.

Los camaristas de la Sala I del tribunal, Jorge Ballestero, Eduardo Farah y Eduardo Freiler se reunieron el jueves pasado varias horas para intentar llegar a una sentencia antes de Navidad. Pero no lo lograron.

El viernes el juez Farah pidió licencia por ese día, con lo que el trío no se reunió. Y ayer el juez Freiler se fue de vacaciones -con una licencia previamente acordada- a Necochea. Regresará en 20 días.

En consecuencia, según explicaron a LA NACION fuentes de la Cámara Federal, la definición del caso Ciccone se trasladaría hasta febrero. La decisión va en contra del consejo de los más experimentados magistrados, que advierten que dejar en suspenso una causa tan pesada tanto tiempo da espacio y oportunidad para que operadores judiciales de todo color político busquen asegurarse un fallo o cambiarlo.

Con la decisión de Cristina Kirchner de descabezar la ex SIDE -supuestamente por incidir sobre los jueces federales para que fallen en contra de sus intereses- también es de prever un cambio en esas operaciones. Jaime Stiusso fue obligado a dejar formalmente la Secretaría, aunque sigue siendo el dueño de los secretos que garantizan su poder.

Por otro lado, en el nuevo elenco de la inteligencia local, Juan Martín Mena, ex jefe de asesores del ministro de Justicia, Julio Alak, ya se dedicaba a conversar con los jueces por las causas de interés del Gobierno que tramitaban en sus despachos y además tiene diálogo fluido con los camaristas que deben decidir sobre Boudou.

La última vez que sus siempre sigilosos encuentros con dos de esos jueces quedaron a la luz fue cuando intentó evitar que la Cámara Federal pulverizara el memorándum secreto con Irán. Ese día falló: el pacto fue declarado inconstitucional.

Lijo procesó a Boudou por dos delitos: negociaciones incompatibles con la función pública y cohecho. Interpretó que el vicepresidente pidió a los Ciccone una coima por el 70 por ciento las acciones de la imprenta a cambio de salvarla de la quiebra y permitirle seguir operando con negocios con el Estado, como por ejemplo, imprimiendo papel moneda.

Además, según Lijo, Boudou se valió de su cargo para, a través de su testaferro Alejandro Vandenbroele, incidir sobre la AFIP para que beneficiara a Ciccone con un plan de saneamiento fiscal.

Por eso es que en esta causa están procesados Vandenbroele, el amigo y socio de Boudou José María Núñez Carmona, y Nicolás Ciccone, dueño de la imprenta. Además su yerno Guillermo Reinwick, que se ofreció a contactar a Boudou para encontrar una solución al problema de la firma, y el jefe de asesores de la AFIP, Rafael Resnick Brenner, que piloteó el salvamento fiscal de la empresa.

Los camaristas Freiler, Ballestero y Farah deben decidir si desarman la bomba que dejó empaquetada Lijo o si la confirman.

Fuentes judiciales confiaron a LA NACION que los camaristas tenían decidido hasta ayer el procesamiento de Boudou por los dos delitos, lo que complicaría su caso y dejaría libres las manos a Lijo para elevar el caso a juicio apenas regrese de vacaciones en febrero.

"Los jueces tienen más coincidencias de las que se piensan", dijo una fuente del tribunal. De hecho, la razón jurídica invocada para posponer un fallo hasta febrero es que no se ponían de acuerdo en temas satélites al nudo del asunto, como los argumentos con que iban a rechazar planteos de nulidad que hicieron los acusados.

Otra novedad importante en la que hay consenso es en que deben juntarse las causas ligadas a Boudou, por ejemplo, la que investigan el juez Sebastián Casanello y el fiscal Carlos Rívolo por maniobras con la refinanciación de deuda de la provincia de Formosa. En esa causa, Boudou está acusado de valerse de la empresa The Old Fund, de Vandenbroele, para cobrar parte de los 7,8 millones de pesos que facturó la consultora por reestructurar la deuda pública formoseña.

Una tercera novedad que traería el fallo de la Cámara Federal es la ampliación de la investigación a otros funcionarios y personajes mencionados hasta ahora como testigos.

Por ejemplo, el tribunal piensa que hay que indagar en el rol de Jorge Brito y su banco Macro en la ruta del dinero aportado para levantar la quiebra de la imprenta.

En ese sentido, descreen que los aportes los hiciera el banquero Raúl Moneta, que está reclamando que le devuelvan ese dinero con documentos que, los jueces sospechan, fueron creados para la ocasión. Está claro que corresponde ampliar la investigación sobre socios aún no indagados, como Sergio Martínez, y fundamentalmente para analizar la ruta del dinero.