El suspenso se volvió a instalar en el Jury al fiscal de Estado, Joaquín de Rosas. Justo un día antes de la sentencia, el acusado fue internado en una clínica capitalina. Su abogado, Roberto Godoy Lemos, aseguró que sufrió una descompensación cardíaca y que por ello la crucial audiencia debería postergarse.

Por este motivo, en lugar de pronunciarse los alegatos (paso previo a la discusión del fallo), los miembros del Jury deberán resolver este jueves si es posible terminar o no el proceso sin la presencia del acusado.

El artículo 30 de la ley del Jury (4970) dice que se puede desarrollar el juicio a pesar de la "incomparecencia" del acusado o su defensor. Sin embargo, todo indica que será difícil continuar hasta que el fiscal se recupere, dado que eso podría violar el principio de legítima defensa y haría correr el riesgo de que todo el juicio pudiera ser declarado nulo más adelante.

De Rosas permanecía anoche internado en una sala común. Se trata de la habitación 27 del tercer piso del Hospital Privado, un sanatorio ubicado entre Pedro Molina y Colón, de Capital, lugar que hasta hace poco se llamaba clínica Mitre.

Godoy Lemos consignó que en la tarde del miércoles recibió la visita de un médico oficial del Cuerpo Médico Forense, quien acudió para constatar el estado de salud del acusado. "No soy médico", respondió tajante Godoy Lemos cuando se le consultó sobre el cuadro de De Rosas. Sólo indicó que su defendido "es una persona de 73 años que tuvo una descompensación cardíaca en horas de la madrugada y fue internado para hacerse una serie de estudios".

El letrado presentó al Jury el certificado de esa internación e informó que el fiscal firmaría anoche una nota pidiendo que se fije una nueva fecha para finalizar el juicio. Esta situación instaló la sospecha de que De Rosas quiere ganar tiempo, pero Godoy Lemos la rechazó: "Nosotros el proceso lo queremos terminar y tengo expectativas de que salga bien", afirmó.

El caso. La denuncia contra De Rosas dice que el fiscal de Estado favoreció a un privado (Dalvian SA) en la expropiación de terrenos para crear la reserva de Divisadero Largo: Dalvian recibió entre 13 y 17 pesos por metro cuadrado, mientras que a los propietarios vecinos les pagaron menos de 3 pesos. También se lo acusó por avalar una compensación de deudas de Dalvian con el Estado provincial en la cual la empresa privada resultó, una vez más, muy favorecida económicamente.

Al fiscal lo suspendieron de su cargo hace un año y medio, pero el juicio demoró demasiado: empezó hace solo unas semanas.

En el juicio declararon, entre otros, el contador general de la Provincia, José Caviggia; y el director de Asuntos Legales de la Fiscalía de Estado, Pedro García Espeche. Tras escuchar los testimonios, algunos miembros del Jury afirmaron que surgieron más elementos para reprocharle a De Rosas la expropiación de terrenos que la compensación de deudas, que no habría quedado probada.

Lo que queda del juicio es, para el abogado de De Rosas, muy importante, y no se puede hacer con el acusado ausente. "La audiencia es trascendental, mañana el fiscal acusa y la defensa tiene que rebatir la acusación. Y el fiscal de Estado tiene oportunidad de hablar", explicó Godoy Lemos.

También dijo el abogado que, en su caracter de patrocinante, no tiene poder para representar a De Rosas. "Sólo puedo hablar por él con él al lado", indicó.

Si al final De Rosas es destituido, Godoy Lemos señala que acudirá a la Corte provincial y a la Corte Nacional, pues el Jury rechazó la incompetencia planteada: la defensa decía que la conducta del fiscal de Estado ya fue merituada cuando el Senado aprobó su pliego.

Sin alteraciones. En el Jury, mientras tanto, creen que la demora que pueda generar el estado de salud del fiscal no alterará el proceso.

Si la definición del Jury se atrasa más allá del 30 de abril, dos legisladores finalizarán su mandato: Aldo Vinci (PD y Andrés Da Rold (PJ). Sin embargo, el organismo todavía estará lejos de quedarse sin quórum para dar sentencia.

Hay que recordar en este sentido que, de los 21 miembros del Jury, hoy por lo menos dos no están en condiciones de votar. Se trata del presidente de la Corte, Pedro Llorente, quien se tomó licencia por enfermedad; y el senador demócrata Ernesto Corvalán, quien no asistió a las audiencias. También se cree que tampoco podrá votar la diputada oficialista Silvia Ramos, porque faltó a algunas audiencias.

Así las cosas, si el juicio se extiende hasta mayo, votarían 16 miembros, cuatro más del mínimo necesario, que es 12.

Lo que sí es cierto es que cada ausencia juega a favor del fiscal, ya que tiene que haber 11 votos en contra para que sea destituido, independientemente de la cantidad de personas que voten.

En el terreno político, mientras tanto, no se observa en el Jury (donde 14 de los 21 miembros son legisladores) la existencia de una instrucción política para salvarlo. Algo que sí fue evidente allá lejos y hace tiempo, cuando De Rosas fue suspendido a pesar de que los legisladores del PJ intentaron evitarlo.