Greenpeace informó este jueves que Salta se encuentra entre las dos provincias que más desmontan en Argentina, sólo superada por Santiago del Estero.

El 80% de los desmontes se concentra sólo en cuatro provincias: Santiago del Estero (623.848 hectáreas), Salta (449.338 hectáreas), Formosa (221.756 hectáreas) y Chaco (218.034 hectáreas).

En el comunicado, la organización ambientalista asegura que, según datos oficiales, desde la sanción de la Ley de Bosques (noviembre de 2007) hasta fines de 2013 se deforestaron 1.893.128 hectáreas, lo que equivale a una hectárea cada dos minutos.

Agrega que a pesar de que casi todas las provincias realizaron el ordenamiento territorial de sus bosques nativos, resulta muy preocupante que desde su implementación se haya desmontado más en bosques protegidos por la normativa (553.332 hectáreas) que en los que sí está permitido deforestar (503.948 hectáreas). Las provincias en las que se desmontaron más bosques protegidos son Santiago del Estero (320.231 hectáreas), Salta (131.197 hectáreas) y Chaco (49.560 hectáreas).

“Resulta evidente la falta de decisión política para cumplir la Ley de Bosques de los gobiernos de Santiago del Estero y Salta, donde autorizan desmontes en bosques protegidos a pedido de los terratenientes, generando un grave impacto ambiental y el desalojo de campesinos e indígenas”, señaló Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace.

Greenpeace advirtió que el gobierno salteño otorgó autorizaciones para deforestar 150 mil hectáreas en zonas donde la normativa nacional no lo permite. La violación de la Ley de Bosques en Salta también fue cuestionada recientemente por la Auditoría General de la Nación, por la Defensoría del Pueblo de la Nación, y por más de cien organizaciones sociales y expertos, quienes solicitaron la urgente intervención de la Secretaría de Ambiente de la Nación y el Consejo Federal de Medio Ambiente.

“Es necesario que la Secretaria de Ambiente de la Nación, como máxima autoridad ambiental del país, realice las gestiones correspondientes para que los gobiernos provinciales cumplan la ley”, afirmó Giardini.