Pedro Lacour

Cuando todo parecía encaminarse hacia un desenlace promisorio, a último momento la cancha se embarró. La sorpresiva suspensión de la reunión de comisión prevista para ayer, y que tenía la misión de emitir los dictámenes para el tratamiento del Presupuesto 2025 en la Cámara de Diputados, no hizo más que confirmar cuál es el “Plan A” de Javier Milei: que el proyecto presentado en septiembre finalmente no prospere para, de esa manera, volver a prorrogar el existente, que fue votado en el año 2022, durante el gobierno del peronista Alberto Fernández.

Látigo y chequera: el Gobierno repartió $45.300 millones entre diez gobernadores en concepto de giros discrecionales

“Si no sale, mejor”, repiten hace meses en los pasillos de la Casa Rosada. Mientras en el Congreso faltan diez días para que finalice el periodo de sesiones ordinarias, en el Gobierno saben que tienen en sus manos una carta letal: si el proyecto que busca determinar los gastos del Estado de cara al año próximo no es aprobado, seguirá vigente el del 2023. Una movida que le permitiría a Milei seguir con su plan de ajuste sin necesidad de algún tipo de negociación.

Este miércoles vence por reglamento el plazo para que se puedan emitir dictámenes de comisiones, por lo que las posibilidades de avanzar hacia un consenso se desvanecen, dejando al Ejecutivo frente a la posibilidad de prorrogar el presupuesto actual —es decir, el de 2023, que elaboró Sergio Massa en carácter de ministro de Economía— por segundo año consecutivo, algo que no ocurrió nunca en la historia institucional argentina.

Para los bloques opositores de la Cámara baja la situación es preopupante ya que son conscientes de que, sin “ley de leyes” actualizada, Milei estaría facultado para continuar administrando discrecionalmente las partidas presupuestarias, postergando la actualización de aquellas dirigidas a educación, salud o programas sociales. Un arma poderosísima para el oficialismo que busca esquivar compromisos fiscales con las provincias en su afán por seguir manteniendo a los gobernadores, dependientes de fondos nacionales, alineados con Balcarce 50.

Milei y los gobernadores durante la firma del Pacto de Mayo.

En los últimos días la tensión con los gobernadores escaló, y todos los caminos conducen a una misma pulseada: la caja. El oficialismo se muestra abierto a discutir sus necesidades de financiamiento y ofrecerles recursos para proyectos específicos, pero con una condición: que respalden la regla del déficit cero. El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, es el encargado de dejarles en claro que, si no se logra consenso legislativo, Milei podría avanzar sin tener que ceder ante sus demandas. El mensaje es directo: o aceptan un presupuesto austero o se quedan con el del año anterior, lo que colocaría a las provincias en una situación de todavía mayor dependencia de la Casa Rosada, que tendría la última palabra en el manejo de los fondos.

Es que el debate en torno al Presupuesto 2025 dejó expuesto esa tradicional dinámica de “látigo” y “chequera” ejercida desde el vamos por Milei. Por eso, uno de los reclamos, sobre todo de los mandatarios que no fueron favorecidos con Aportes del Tesoro Nacional (ATN), es que se coparticipe el resto de los fondos discrecionales que no distribuyó. El Gobierno repartió entre diez gobernadores solo $45.300 millones de los $515.226 millones que tiene disponibles.

“Las provincias están pidiendo en total US$3.700 millones. Ellos piden, pero no hay plata, no vamos a poner nada”, planteó este martes un funcionario del oficialismo, que acusa a los dirigentes locales de “no proponer nada sobre de dónde sacar esa plata” que piden para el Presupuesto. El jueves pasado, las conversaciones con los aliados llegaron a un punto muerto cuando el ministro de Economía, Luis Caputo, rechazó propuestas presentadas por los mandatarios del PRO y la UCR. A esto se sumó el descontento de la mayorías de los gobernadores, quienes en una reunión en el Consejo Federal de Inversiones (CFI) expresaron su frustración por la falta de respuestas desde Casa Rosada.

Javier Milei junto a los gobernadores radicales Carlos Sadir (Jujuy), Gustavo Valdés (Corrientes), Alfredo Cornejo (Mendoza), Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Leandro Zdero (Chaco).

Aunque el comunicado oficial maquilló el encuentro como técnico, las exigencias planteadas fueron claras: coparticipación del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL), saldar deudas previsionales, finalizar obras públicas y explorar la transferencia de propiedades nacionales como parte de pago para calmar las aguas.

En ese contexto, el oficialismo mueve sus fichas con la tranquilidad de saber que el reloj corre a favor de su plan. Milei podría convocar a sesiones extraordinarias, incluyendo el Presupuesto 2025 en el temario, para que el Congreso pueda tratarlo a partir de diciembre, ya que el sábado 30 vence el período ordinario. Se trata de una posibilidad que, por ahora, el Gobierno mantiene en suspenso.