Mucha impotencia. Eso dijo sentir Claudia Ucello de Melino, la jueza Civil de Concarán, quien descubrió otra sentencia "trucha", con su firma apócrifa, que se suma a aquéllas que motivaron la investigación que derivó en el procesamiento del abogado Eduardo Eladio Ponce por falsificación, en 2012. “Es una situación sumamente irregular, que ha generado muchos problemas y perjuicios, y no sólo a los clientes de este profesional. Aquí, el Poder Judicial de San Luis ha sido claramente víctima del delito”, consideró la magistrada.

A pesar de la gravedad de la imputación, el letrado sigue litigando y, al menos por ahora, no ha sido sancionado por el Colegio de Abogados de Concarán.

El miércoles pasado, Ucello de Melino experimentó algo que bien podría compararse con un déjà vu, esa sensación de sentir que en el pasado ya fue testigo o protagonista de una situación nueva, del presente. Ese día una persona llegó a su juzgado con una copia de un fallo inexistente, con el que no podía registrar una propiedad.

Por lo que la magistrada mencionó el viernes en una entrevista que Alberto Rodríguez Saá le hizo en su programa radial “Planeta Xilium”, hay al menos once casos de documentos “truchos”, supuestamente firmados por funcionarios judiciales de Concarán.

La singularidad es que en todos esos trámites está involucrado Ponce, un conocido abogado de la villa de Merlo que fue procesado en febrero del año pasado por tres de los hechos denunciados por Ucello de Melino.

“Esta historia empezó a principios de 2011, cuando se presentó un señor –es Jorge Pascual Arcaro– que había iniciado un juicio por posesión veinteñal. Llegó con una copia que tenía toda la forma de una sentencia, es decir, con mi firma y sello. El problema era que quería hacer una inscripción en el Registro de la Propiedad y no podía”, contó.

Ese hombre le había pedido a la abogada que tenía en ese momento que se encargara de esa diligencia. Ella fue al Juzgado Civil para ver el escrito donde salía provista la demanda. Cuando habló con su cliente, éste le dijo que tenía una copia de la sentencia definitiva por la posesión veinteñal firmada por Ucello de Melino.

Al mostrársela a la jueza Civil, ésta reconoció su firma. Pero al consultar el libro de protocolo de sentencia no coincidían el número, los autos y la fecha. Descubrieron que la copia que Arcaro tenía en su poder no concordaba con la que estaba en el registro. Además, el expediente todavía estaba en la primera etapa, por lo que no podía haber aún un dictamen.

Arcaro aseguró que a la copia de la sentencia por la posesión –que resultó ser apócrifa– se la había dado Eduardo Ponce, el abogado al que había contratado para hacer ese trámite.

Cuando hicieron la consulta en el Registro de la Propiedad Inmueble informaron que el bien sobre el que se había planteado el juicio de posesión veinteñal figuraba a nombre de otras personas.

Otro caso similar. Por esa razón, Ucello de Melino hizo una denuncia penal. Y a ésta después se agregaron otros casos que llegaron a su despacho. El protagonista de uno de ellos era un hombre de apellido Montenegro, quien tuvo una situación similar a la de Arcaro.

Éste le dio a la jueza una copia de una sentencia definitiva dictada por una posesión veinteñal. Al hacer el cotejo de la causa en cuestión notaron que la carátula que llevaba, en realidad, correspondía al trámite de posesión de un inmueble distinto al que figuraba en la copia de la sentencia.

Ambos expedientes estaban en la primera etapa del proceso, es decir, lejos de que hubiera un fallo. Coincidentemente, Montenegro dijo que al documento se lo había entregado Ponce.

Norma Beatriz Longino también fue clienta de ese abogado. Afirmó que unos cinco años antes había realizado una presentación en el Juzgado de Familia de Concarán, a cargo de Daniela Estrada, en la que solicitaba la búsqueda de su hija y su nieto.

La diligencia fue iniciada por otra abogada y Ponce y un colega la continuaron a partir de 2008. Longino supo durante una consulta en la mesa de entrada del juzgado que la causa no tenía movimiento desde ese año.

La mujer se sorprendió: Ponce le había entregado la copia de un oficio con fecha de abril de 2010, que tenía la firma de la jueza Estrada. A través de él, la funcionaria solicitaba al juzgado de igual grado y en turno de Córdoba la citación de su hija y su nieto para establecer un régimen de visitas.

Cuando debió declarar, Estrada dijo que no podía reconocer que la firma del oficio fuera suya, dado los fotomontajes que podían hacerse. En efecto, una perito consideró que las firmas en las copias de las dos sentencias por posesión veinteñal y el oficio probablemente fueron “trasplantadas por recorte y por refotocopiado a posteriori para obtener el documento actual”. “Lo que habían hecho era un fotomontaje, un collage, como lo que hacen los chicos del jardín, pero en estos casos, con firmas de jueces”, abundó Ucello.

“Negó haber entregado la copia”. El estudio de la perito fue tomado en cuenta por la jueza penal de Concarán, Patricia Besso, para procesar a Ponce en febrero de 2012 por “falsificación de instrumento público, tres hechos”. El procesamiento fue apelado y está para ser revisado por la Cámara de Apelaciones de la Tercera Circunscripción.

Ponce “tiene más de 30 años de trabajo, es muy conocido en Merlo. Hablé con él después de esto, preguntándole por qué o para qué hizo esto. Nunca me lo supo contestar ni lo pude entender. Negó haber entregado la primera sentencia que me llegó. Pero en un allanamiento en su estudio encontraron copia del mismo documento en un cajón del escritorio. Tenía una excusa para eso. Dijo que se la tiraron por abajo del escritorio”, refirió la funcionaria.

Ucello de Melino anotició de su denuncia al Colegio de Abogados de Concarán, para que estimaran si lo que hizo Ponce está reñido con el correcto proceder como profesional. “Reiteré la comunicación cuando lo procesaron, pero todavía no hubo una respuesta. Extraoficialmente me han dicho que esperan la resolución de la causa penal, con lo que no estoy de acuerdo, porque una cosa es el delito y otra cosa es la ética”, consideró.