Sólo uno de cada cinco dólares de los contratos se dirige a firmas locales.
Sólo uno de cada cinco dólares de los millonarios contratos de las petroleras van a parar a empresas radicadas en la provincia. Así se detalla en un extenso informe sobre el impacto de la ley del Compre Neuquino que elaboró la provincia y que da cuenta de la enorme resistencia de las operadoras a cumplir con la norma.
A tal punto existe poca colaboración del sector privado, que el Centro Pyme, autoridad de aplicación de la norma, tuvo que multar a cuatro compañías con 60.000 pesos a cada una. Chevron, Pan American Energy, Tecpetrol y Total Austral deberán afrontar la sanción por no presentar los detalles de sus contrataciones, una información clave para observar qué peso tienen las contratistas locales en sus planillas de proveedores.
De hecho, las cuatro firmas multadas plantean objeciones a la ley e interpretan que no están alcanzadas por las misma.
De la información que sí pudo recabar el Centro Pyme, se refleja que tan sólo el 21% de los montos de contratos de las petroleras que operan en Neuquén son con contratistas locales. Pero en algunos casos, como servicios de consultoría, remediación ambiental o infotecnología, tan sólo el 1% de los contratos se hace con firmas radicadas en la provincia.
El dato preocupa el Ejecutivo, que busca generar un derrame local a través de la ley 2.775. La norma obliga a las empresas a que el 60% de sus contratos sean con empresas neuquinas. Y no alcanza sólo a las operadoras sino también a las grandes firmas de servicios como Schlumberger o Baker.
El problema fue cómo hacer efectivo ese número. Para eso se planteó un registro de empresas locales. Para ingresar, las firmas deben acreditar algunos requisitos para demostrar que son idóneas para cumplir las tareas que se les exige. Sin embargo, a la fecha, tan sólo 32 compañías entraron, mientras que otras 101 están en trámite.
La resistencia de las grandes empresas a cumplir con esta ley tiene antecedentes similares en otras provincias e inclusive hubo casos de presentaciones judiciales. Para las compañías, la información que se exige es sensible y por lo bajo se quejan de que las firmas locales no tienen estructura para cumplir con las exigencias.
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