En diciembre de 2013, militantes de las organizaciones de derechos humanos, querellantes, víctimas y familiares de víctimas del terrorismo de Estado se reunieron en la puerta de los Tribunales federales de Paraná. En el asfalto de calle 25 de Mayo dejaron pintadas las siluetas blancas que en Argentina, desde hace más de 30 años, simbolizan a los detenidos-desaparecidos. En las baldosas de la vereda estamparon los rostros de los represores. Ese día, 19 de diciembre, se cumplían 10 años del pedido de reapertura de la causa Área Paraná, luego de la caída de las leyes de impunidad. Hubo palabras alusivas, entrega de firmas y una reunión en el hall de la planta baja, donde el secretario del Juzgado de Leandro Ríos, Juan Antonio Rosas Paz, dijo que la causa entraría pronto en su recta final. La megacausa Área Paraná tiene un atraso estructural que se mantuvo en 2014, como sucedió con el resto de los casos por delitos de lesa humanidad en Entre Ríos. A la lentitud propia del procedimiento que se aplica en el trámite de esta causa –por escrito– se suman los constantes recursos dilatorios –incluidas numerosas recusaciones a jueces y camaristas– presentados por los imputados, sobre todo por el exauditor del Ejército Jorge Humberto Appiani y el expolicía federal Cosme Ignacio Marino Demonte. La etapa de plenario, con las declaraciones de los testigos en audiencias públicas, se inició el 6 de octubre. En las primeras jornadas, las notas salientes fueron el mecanismo llamado “absolución de posiciones”, que permitió a los acusados interrogar a las víctimas, y la provocativa presencia de Appiani interviniendo en su propia defensa, pidiendo la palabra en la sala, obligando a quienes fueron víctimas de torturas y secuestros a volver a escuchar su voz y recrear situaciones vividas en los centros clandestinos de detención. Las audiencias públicas terminaron a fines de noviembre. Desde entonces, la causa está en manos de la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná, que debe resolver sobre recursos presentados por los represores respecto de más de 100 testigos ofrecidos por la defensa que fueron rechazados por el juez. Luego volverá a manos de Leandro Ríos, para que se produzcan los alegatos y luego, al fin, la sentencia. Consultado por UNO, el subsecretario de Derechos Humanos de la Provincia y militante de la agrupación Hijos Regional Paraná, Julián Froidevaux, reiteró el pedido de “celeridad en la resolución de la Cámara Federal de Apelaciones; reclamo que ya realizó públicamente la Multisectorial de Derechos Humanos en la conferencia de prensa realizada el 10 de diciembre, sin que hasta ahora se hayan tenido respuestas”. Froidevaux exigió también que se avance en la investigación de un hecho conectado directamente con esta causa, como fue el robo en la casa de la abogada querellante y secretaria de DD.HH., Salud y Educación de la Municipalidad de Paraná, Florencia Amore. “No hubo resultados como consecuencia de la falta de investigación de parte de la Justicia provincial en la causa por el robo de las computadoras y el intento de intimidación a Florencia Amore. Este fue uno de los hechos importantes del año”, resaltó. Como se recordará, en los días en que se desarrollaba el plenario de la causa, poco después de que se pidiera la imputación por falso testimonio de un testigo que perteneció a la Policía Federal –Jacinto Abdo–, desconocidos ingresaron a la vivienda familiar de Amore violentando una puerta, provocaron desórdenes, desparramaron su ropa, cambiaron de lugar papeles relacionados con el caso judicial y se llevaron sus computadoras. En cambio, no robaron ningún otro elemento de valor, lo que se interpretó inmediatamente como un claro acto intimidatorio. A pesar de que se pronunciaron desde distintos sectores, empezando por el gobernador, Sergio Urribarri, el hecho no se esclareció y no hubo avances importantes en la investigación hasta el momento. Mientras se demora la causa Área Paraná, en la lista de espera está Área Paraná II, que también tramita por escrito y que parece condenada a seguir el mismo letargo que su antecesora. Detenciones En 2014 hubo una sola detención vinculada con delitos de lesa humanidad y fue en diciembre. Atilio Ricardo Céparo, de 66 años y oriundo de La Paz, fue indagado por el juez Ríos y derivado a la Unidad Penal Nº 1. Céparo es suegro del vocal del Superior Tribunal de Justicia Emilio Castrillón; fue policía y se desempeñaba hasta su detención como chofer del STJ. Se trata de un “hecho nuevo”: una privación ilegal de libertad denunciada este año y que no pertenece a las causas que se encontraban abiertas anteriormente. También se pidió la detención de otro represor, el locutor y expolicía provincial Carlos Carvallo, pero se fugó antes de que lo arrestaran. Carvallo vivió en Posadas hasta noviembre y fue imputado por su participación en secuestros y torturas en el marco de la causa que investiga los crímenes cometidos en la vieja comisaría de El Brete, en Paraná. Mientras tanto, sigue en espera el juicio oral y público contra el expolicía federal José Darío Mazzaferri. Este acusado de secuestros, torturas y violación de domicilio -hechos cometidos en Concepción del Uruguay- fue detenido a fines de 2013 luego de haber estado prófugo cuatro años y medio. En aquel momento se pensó que su enjuiciamiento sería rápido, ya que mientras estuvo prófugo se realizó el juicio por los mismos hechos, en el marco de la causa Harguindeguy, y sobreabundaron las pruebas en su contra. Sin embargo, esto no sucedió. En el listado de causas sin resultados se encuentra la que tiene por objetivo la averiguación del paradero del hijo varón de los desaparecidos Raquel Negro y Tulio Valenzuela. En esta no hubo imputaciones y –obviamente– no se logró la restitución de la identidad de aquel niño nacido en el Hospital Militar de Paraná y que estuvo internado en el Instituto Privado de Pediatría en 1978. Tampoco se avanzó en la búsqueda del hijo o hija de los desaparecidos Graciela Capocetti y Guillermo López Torres, que también está a cargo del Juzgado federal de Paraná. Germano y Savoy Para Entre Ríos hubo dos sucesos destacables: las restituciones de los restos de los detenidos-desaparecidos Eduardo Germano y Adela Savoy. Ambos fueron identificados este año por el Equipo Argentino de Antropología Forense, como coronación de la larga búsqueda de sus familiares y organismos de derechos humanos. Leli Savoy había sido enterrada en forma clandestina en un cementerio de Isidro Casanova, mientras que el Mencho Germano estaba en el cementerio La Piedad de Rosario. El desafío de investigar a los cómplices civiles Sabrina Gullino Valenzuela Negro Colaboración Nací en el Hospital Militar de Paraná en 1978, durante la última dictadura cívico-militar. Mis padres, Raquel Negro y Tulio Valenzuela, fueron asesinados y desaparecidos. Mi hermano mellizo y yo fuimos separados de nuestra familia. En 2008 pude al fin restituir mi identidad; fue como consecuencia de las investigaciones del Juzgado federal de Paraná, del Registro Único de la Verdad de Entre Ríos (RUV) y de las organizaciones de derechos humanos. A partir de allí me uní a la búsqueda del Melli, junto a mi hermano mayor Sebastián Álvarez y Guillermo Germano, el recordado Mencho, quien como coordinador del RUV fue quien realizó la denuncia que dio origen al proceso, y la agrupación Hijos. Esta búsqueda todavía continúa. En 2011 la causa conocida como “Hospital Militar” se consolidó y llegó a ser el primer juicio de lesa humanidad en Entre Ríos. Los condenados fueron todos exmiembros del Ejército: Pascual Oscar Guerrieri, Juan Daniel Amelong, Walter Salvador Dionisio Pagano, Jorge Alberto Fariña y el médico militar Juan Antonio Zaccaría. En ese juicio las protagonistas principales fueron las enfermeras, que con sus testimonios reconstruyeron nuestro nacimiento en el Hospital Militar y nuestra derivación al Instituto Privado de Pediatría (IPP). Lo más relevante de aquellas audiencias orales y públicas fue que se pudo probar que el Melli fue dado de alta del IPP, por supuesto con vida, el 27 de marzo de 1978. Hoy la causa se llama NN López s/averiguación de paradero –NN López es como se registró el paso de mi hermano por el IPP– y se enmarca, junto con otras causas, en un nuevo momento histórico y un nuevo desafío: el de lograr el juicio y el castigo a los cómplices civiles de la dictadura, en este caso, el de los profesionales de la salud. En el país los juicios comenzaron a ir en ese sentido. Sin ir más lejos, el lunes pasado, el Tribunal Oral Federal 6 de Capital Federal condenó a 13 y 7 años de años de prisión, respectivamente, al médico militar Norberto Atilio Bianco y a la partera Luisa Yolanda Arroche de Sala García, quienes atendían partos y fraguaron actas de nacimientos en la maternidad clandestina de Campo de Mayo Este es el paso que nos debemos como sociedad. Y es el desafío que tiene el Juzgado federal de Paraná, que se encuentra ante la oportunidad de dar un paso decisivo en la reconstrucción de la verdad histórica. Necesitamos que se investigue el rol de la sociedad civil en el robo de bebés y en los crímenes de lesa humanidad en general. Ese paso también es muy importante para poder encontrar a todos los jóvenes que todavía nos faltan. En 2014 tuvimos la inmensa felicidad de ver a Estela de Carlotto abrazar a su nieto. Creo que no hubo nadie que no se sintiera profundamente conmovido por ese encuentro. Ignacio Guido Montoya Carlotto nos enseñó con su ejemplo: ni bien se enteró de que no era hijo biológico de sus padres, se hizo la prueba de ADN. Lo mismo ocurrió con último nieto, Jorge Castro Rubel. Esto nos demuestra que el triunfo de la verdad, tarde o temprano, siempre llega.