Son tiempos turbulentos dentro de la Policía bonaerense que, en medio de una sucesión de escándalos por casos de corrupción, acaba de tener un cambio de mando: salió el comisario general Pablo Bressi y entró, por ahora de manera provisional, su par Fabián Perroni. Al primero lo denunciaron por presuntas conexiones con el narcotráfico. Y al segundo por supuestos apremios en una comisaría de La Plata, que lo llevó a estar dos días demorado y dos años en disponibilidad. Pero a ninguno le probaron nada en el plano judicial. Por eso Bressi se retiró con honores y Perroni hoy es el jefe a cargo de la fuerza.

En medio de este complejo cuadro de situación, la Región no parece ser un compartimento aislado, ya que desde hace poco más de un año, desde el 1º de abril de 2016 al 30 de abril de 2017, ya fueron sumariados 547 efectivos, algunos de ellos de alta jerarquía.

De acuerdo a los números oficiales, en La Plata, Berisso y Ensenada hubo 30 expulsados; 142 suspendidos y 375 desafectados, dentro de los cuales hay cinco comisarios mayores; 18 comisarios; 24 subcomisarios y otros 328 agentes de menor rango dentro del escalafón policial.

Respecto de las causas que motivaron su apartamiento, el 55% fue por hechos de corrupción vinculados al cobro de sumas de dinero para permitir la venta de droga y el juego clandestino y por la obtención de plata negra a cambio de dar seguridad, indicaron a este diario fuentes de la Auditoría General de Asuntos Internos.

Después hubo un 30 por ciento que cometieron irregularidades en dependencias; un 10 por ciento por manejos extraños con las Horas Polad y un cinco por ciento por violencia de género y abuso de poder, agregaron los mismos voceros.

Cabe aquí destacar que el decreto 1050/09, que reglamenta la llamada Ley de Policía (13.982), establece distintas sanciones para las faltas que cometen sus subordinados.

Los que están desafectados están apartados de la fuerza. Tienen sumario en trámite, se les retiene el arma y la placa identificatoria y se los manda al domicilio, a la espera de que terminen las actuaciones, cuyo máximo temporal es de 120 días.

Si por diversas cuestiones el auditor no logra en ese tiempo definir la situación del imputado, cuenta con dos opciones: la disponibilidad preventiva o la inactividad (para los detenidos), que son dos actos administrativos que, una vez dictados, permiten profundizar la investigación sin plazo.

Los suspendidos, en tanto, son aquellos que, terminado el sumario, se le aplicó una sanción que les impide ejercer la función policial durante determinado lapso de tiempo: 30 o 60 días por ejemplo.

Por último, los exonerados son los que ya han sido expulsados de la fuerza.

UNA MIRADA MAS PROVINCIAL

Si hablamos de la Provincia de Buenos Aires en su conjunto, con un plantel de casi 100 mil hombres, la cantidad de policías que están bajo la lupa en sumarios administrativos, alcanza a un 12 por ciento.

De ese universo de casos, 4439 corresponden a efectivos que debieron ser separados de sus funciones bajo la sospecha de que había cometido algún acto de corrupción o falta grave.

Hay más datos: otros 1155 efectivos fueron suspendidos tras recibir sumarios y 362 quedaron directamente tras las rejas, por estar involucrados en algún delito.

También se indicó que hubo 73 policías con causas penales y por cinco personas que habrían mostrado un crecimiento anormal de su patrimonio y, que podrían estar en tareas de lavado de dinero o de activos, se dio intervención a la Unidad de Información Financiera (UIF).

La Auditoría General de Asuntos Internos atendió, además, 300 expedientes por un presunto enriquecimiento ilícito en los que estarían comprometidos unos 900 agentes.