La Asamblea Legislativa y sesiones extraordinarias en ambas cámaras conforman el menú legislativo de este jueves que podría ser el último del año. Son 24 los pliegos de candidatos a cargos en el Poder Judicial que deberá considerar la Asamblea mientras que en Senado y Diputados esperan tratamiento temas hacendales como Presupuesto 2018, reforma tributaria, ley de promoción para Pymes y endeudamiento externo aunque ninguno de ellos tiene fijado tratamiento preferencial para la tarde.

La Comisión Bicameral de Acuerdos entrevistó ayer a los candidatos a los cargos en la justicia e incluso a una aspirante que fue la mejor calificada por el tribunal en el concurso múltiple para cargos en los juzgados Civil y Comercial de Santa Fe pero su pliego no fue remitido por el Poder Ejecutivo.

Son cinco las vacantes locales en ese fuero y los propuestos son Ana Rosa Alejandra Álvarez (décima primera nominación), Iván Gustavo Di Chiaza (octava), José Ignacio Lizasoain (novena), María Romina Kilgelmann (décima) y Marcelo Germán Gelcich (sexta).

Para Rosario, el Ejecutivo remitió los pliegos de jueces penales de primera instancia de Román Lanzón, Eleonora Verón, Facundo Rodrigo Becerra, Mariano Aliau, Silvia Laura Castelli, María Trinidad Chiabrera, María Meliana Carrara, Pablo Sebastián Pinto, Rafael Hernán Coria, y Paula Alvarez.

También como jueces penales de Carlos Andrés Gazza para San Lorenzo, Marisol Usandizaga para Villa Constitución y Alvaro Campos para Cañada de Gómez.

Otras propuestas son para juzgados de Circuito y los nombres son Mariana Alvarado en Arroyo Seco, Miguel Esteban Juárez de Villa Ocampo y María Cecilia Belfiori para Reconquista.

Por otra parte están a consideración los pliegos de Valeria Haurigot como fiscal del MPA de Rosario y Luis César Pérez como defensor público de Vera.

Hubo en la comisión algunas objeciones, entre ellas a Haurigot, fiscal adjunta que pasaría a ser titular, y quien meses atrás dio positivo en un control de alcoholemia mientras que asociaciones de mujeres pusieron el acento en cuestionar a Gelcich por su postura ante el tema aborto.

Ayer, tras las entrevistas, Acuerdos recibió a Mariel Rodríguez Ocampo quien había solicitado -por nota- exponer su postura ante lo que considera discriminación del Poder Ejecutivo al no haber enviado el pliego para el juzgado Civil y Comercial local. En Acuerdos está la nota enviada oportunamente por el Colegio de Abogados de Santa Fe cuestionando dicho nombramiento.

En las cámaras

En el Senado, aguardan tratamiento dos temas ya aprobados por Diputados como son el Presupuesto General 2018 y la llamada ley Pyme así como los pedidos de endeudamiento externo por 800 millones de dólares, 300 con el Banco Mundial y 500 con la emisión de títulos en el mercado externo. Ninguno de los tres temas tienen tratamiento preferencial para la tarde no obstante existen negociaciones con el Poder Ejecutivo para apurar el tratamiento.

El ministro de Economía, Gonzalo Saglione, recibió ayer a senadores del Frente Progresista y esta mañana hará lo propio con justicialistas con el objetivo de allanar el camino ante posibles dudas en los tres temas. 

En tanto, en Diputados aguarda tratamiento el proyecto de reforma impositiva para 2018 que tampoco tiene pedido de preferencia para esta tarde aunque el jefe de la bancada socialista, Rubén Galassi, ayer solicitó a sus pares considerar la posibilidad de tratarlo sobre tablas. En principio, la reforma tributaria tiene algunas objeciones de propios legisladores oficialistas sobre algunos cambios que se propician en Ingresos Brutos, entre ellos el intento de gravar a la industria láctea. “El gobierno provincial dice defender la producción láctea, plantean reclamos a la Nación por falta de apoyo y luego quieren gravar la actividad” dijo un radical que simpatiza con Cambiemos.

La reforma tributaria contempla una suba del Impuesto Inmobiliario con pisos del 25 % tanto para Rural como Urbano y Suburbano que en algunos casos podrán llegar al 75% por el coeficiente de convergencia que resultará de la relación entre el valor de cada partida aplicando los valores máximos y mínimos, por hectárea, y los precios básicos de inmuebles urbanos y suburbanos, en ambos casos aprobados por la Junta Central de Valuación y los valores fiscales vigentes. Los otros temas incluidos en la reforma refieren a pequeñas modificaciones en  Ingresos Brutos.

El tratamiento de la reforma fiscal requiere antes la definición del Senado sobre la ley pymes, según admiten en Diputados y en el propio gabinete de Economía.

Por otra parte, Diputados tiene con preferencias para la tarde el tratamiento de dos mensajes del Poder Ejecutivo. Uno de ellos para la promoción y conservación del arbolado y el otro estableciendo el régimen provincial de operación y administración de acueductos, tema que viene en revisión del Senado. Esta iniciativa prevé que ASSA tenga a su cargo la explotación de los acueductos que está construyendo el gobierno provincial. Pero también determina que las localidades donde pasen los conductos estarán obligados a conectarse mientras que el Poder Ejecutivo definirá la estructura, procedimiento y régimen tarifario aplicable a la provisión de agua. Uno de los temas que provoca preocupación es el articulado que dice en materia tarifaria que “su determinación debe reflejar los costos efectivos de prestación del servicio, incluyendo los rubros relativos a toma de agua, potabilización y transporte, basándose en los criterios de horizontalidad y equidad, de manera de resultar única la tarifa para la totalidad de las localidades alcanzadas por el programa de Grandes Acueductos”.

Lácteas

El Centro de la Industria Lechera Argentina (CIL) que preside el santafesino Miguel Paulón fue recibido ayer en audiencia por la Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados. Los empresarios expusieron sus objeciones a las modificaciones al Código Fiscal en la ley impositiva anual. 

La entidad que agrupa a los industriales lácteas advierte que el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo elimina exenciones a la industria alimenticia que tendrá “alto impacto en el sector” y también observa con preocupación la intención de gravar con una alícuota del 2% a la gran industria del sector.