Esta mañana se llevó a cabo el plenario de concejales convocado por el bloque Peronista - Frente para la Victoria para tratar el aumento del cuadro tarifario decretado por el gobierno nacional y que se verá reflejado en las facturas a partir del mes de mayo. La convocatoria había sido originalmente desestimada por la Presidencia del Consejo, aunque la insistencia de los ediles finalmente dio sus frutos.

El encuentro contó con la presencia de concejales de distintos espacios políticos, funcionarios de la Oficina de Defensa al Consumidor y representantes de la Cooperativa Eléctrica, entre ellos el presidente del Consejo Directivo, Oreste Binetti.   

Si bien el objetivo central del plenario era informar a los vecinos “sobre los aumentos en las facturas de energía eléctrica actuales y los que puedan surgir a futuro”, las demandas e inquietudes de los vecinos que se hicieron presentes en el recinto ampliaron el temario.  

“La Cooperativa trajo todo muy bien presentado, con ejemplos y casos concretos que se proyectaron en una pantalla para que fuera más sencillo comprenderlos”, valoró la concejal Vanina Pascualín (FpV). “De todos modos, cuando analizamos cómo va a afectar este aumento en el sector industrial, nos damos cuenta de que las empresas locales están en riesgo. Más de uno va a optar por ver qué posibilidades tiene en General Rodríguez, donde las tarifas son menores y además hay otros beneficios. Algo similar ocurre en el sector comercial, donde las subas se van a trasladar a los precios, generando una inflación añadida”, explicó.

A pesar de que la empresa social dio marcha atrás con la suba del aporte de capital aprobada en octubre del año pasado, “ellos tienen que cubrir un déficit, el cual podría incrementarse a partir de las subas salariales pautadas para este año. Dejaron en claro que si bien por el momento se suspendió, por asamblea pueden decidir volver a implementarlo”. Además, “ya informaron que en octubre viene otro aumento de tarifas”, indicó Pascualín.  

Por otra parte, también se informó sobre los alcances de la tarifa social dispuesta por el gobierno nacional: “Explicaron que grupos están incluidos -jubilados, discapacitados, beneficiarios de planes sociales- y cuántos van a ser los beneficiados en Luján, cerca de 10.000”. También comunicaron que “todo aquél que considere que debe estar encuadrado dentro de la tarifa social, debe acercarse a la Cooperativa y aportar la documentación necesaria”.

Reclamos vecinales

“La gente se quejó porque plantea que la Cooperativa no informa debidamente y hace lo que quiere. Ahí surge la discusión de las asambleas donde se toman las decisiones, donde no existe el concepto de quórum. Mucha gente manifestó haber querido participar en alguna y no se le permitió”, señaló la edil en relación a los reclamos que manifestaron muchos de los vecinos que asistieron a la convocatoria.

“Justamente la intención del plenario es empezar a abrir un poco el juego, porque si la Cooperativa es transparente y juega en beneficio de la comunidad, no tiene porqué preocuparse. Nosotros planteamos que si no hubieran pasado tantos años sin hacer una reunión, no se hubiera generado esta distancia con los vecinos. Creo que tienen que hacer una autocrítica, en virtud de que es una empresa de la comunidad. También es cierto que la gente en general no participa hasta que se siente afectada, pero la Cooperativa no tiene instrumentos abiertos en este sentido. No cualquiera puede participar. Además, el estatuto hay que pedirlo por nota y ellos pueden negártelo”, justificó.  

Mayor apertura

“Lo que sacamos en limpio es la información que nos llevamos, que seguramente servirá para armar otros proyectos, pero lo que se destaca  especialmente es la ausencia del Estado municipal, que no interviene en el conflicto a pesar de tener representantes en el Consejo Directivo, Néstor Luciani y Javier Casset”, afirmó Pascualín. “Lo único que dicen es que van a las reuniones para traer información, pero con esa información no hacen nada. Eso es también lo que reclama la gente, tanto al Ejecutivo como a nosotros los concejales, qué podemos hacer para frenar esto. Queremos que el Ejecutivo se pronuncie e intervenga en el conflicto”, amplió.

En este sentido, la concejal recordó que su bancada “ya presentó un proyecto para lograr la reducción de las tasas municipales al 50 por ciento y por otra parte, a partir del 1 de mayo, cuando empiecen a llegar las facturas con aumento, pedimos que se suspendan las multas a aquellos que paguen fuera de término”. “También desde el PJ estamos juntando firmas para presentar un recurso de amparo con respecto al tarifazo”.    

El conflicto que la proveedora de energía mantiene con el sector de Servicios Funerarios “no se pudo tratar porque no nos alcanzó el tiempo. Había gente que inclusive quería hacer denuncias y no podíamos negarle la palabra a nadie”. “Eso no quita que los concejales podamos tener un acercamiento para ver qué podemos aportar en la solución del tema. Lo que no puede ocurrir es que aquellos vecinos que estuvieron pagando 50 años el servicio funerario, cuando lo necesiten no lo tengan”, concluyó.