Un testigo directo dispuesto a contar todo lo que vio en torno al polémico decreto firmado por el ex intendente Carlos Arroyo unas horas antes de irse, un secretario del gabinete al que sacaron de un aula donde estaba dando clases a las diez de la noche para, en la vereda de la escuela, dos funcionarios municipales llevados hasta allí en el auto oficial del intendente, hacerle estampar la rúbrica en ese documento, una denuncia penal en una causa que amenaza convertirse en un escándalo (acaban de solicitarse registros y entrecruces de llamados telefónicos y de las imágenes captadas por las cámaras de seguridad del edificio municipal), un nuevo intendente que en su primer día de gestión elimina de un plumazo lo firmado por su antecesor, ex funcionarios municipales que le advertían a Arroyo que era escandaloso firmar algo así, una mochila y mucha gente nerviosa…

Situaciones, las anteriores, que rodearon la firma del decreto municipal N° 3256, el último de Arroyo, ratificando el contenido de un acta transaccional rubricada meses atrás con la firma Playa Azul SA, concesionaria de las cocheras de Playa Grande, que por fin abría las puertas, legalmente, para habilitar un boliche en ese espacio, lo cual se les venia negando sistemáticamente durante los últimos seis años. Pero todo volvió a derrumbarse.

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Lunes 9 de diciembre. 22 horas. El despacho principal de la comuna se ve distinto. Sólo quedan algunos muebles. El intendente Carlos Arroyo ya embaló todas sus pertenencias ya que en algunas horas nada más -diez para ser exactos- deberá realizar el traspaso administrativo ante su sucesor, Guillermo Montenegro. Sin embargo, las luces siguen encendidas y hay cierta ansiedad entre quienes entran y salen del despacho desde horas antes. Simultáneamente, el profesor Luis Distéfano, secretario de Educación, está dando clases en un aula de la escuela técnica de Jara y Maipú. Se sorprende ante la visita. Se dirige a la vereda y se encuentra con Matilde Ladrón de Guevara, subsecretaria de Coordinación Administrativa y de estrecha relación con Arroyo, y con el director de Asuntos Estratégicos de la privada, el arquitecto Ricardo Gutiérrez quienes acaban de descender del auto oficial del intendente, conducido por uno de los choferes oficiales.

Distéfano firma al pie el decreto –el único funcionario que acompaña al entonces intendente en este documento- y parece preocupado. Gutiérrez hace un llamado telefónico. Algunos celebran del otro lado. Fin de un día agitado. Ultima jornada de Arroyo como intendente. Poco después de las 22.15, las luces del despacho principal se apagan.

Pese a tener una denuncia penal en su contra, Arroyo se va a descansar con el decreto firmado. Esa misma tarde, por su despacho desfilaron el secretario de Legal y Técnica, Gustavo Gil de Muro, el secretario de Gobierno, Alejandro Vicente –pidieron que fuese citado a declarar en la causa- y el contador municipal Guillermo Costanzo. Los tres coincidieron en resaltar la inconveniencia de firmar ese decreto. De hecho, tanto Gil de Muro como Costanzo, con sus firmas, habían emitido documentos contrarios al acuerdo transaccional luego convertido en decreto. Dos concejales del riñón del ex jefe comunal también ingresaron en varias oportunidades, más tarde, al igual que algún abogado, y hasta el cadete de un ex secretario que salió eyectado del gobierno municipal.

El más ajetreado e inquieto parecía Ricardo Gutiérrez, autor del decreto de marras según todas las fuentes, y “quien más lo impulsaba”, según coincidieron en expresar al menos tres miembros del gabinete quienes aseguran que no tendrán inconvenientes de ratificar esos dichos ante la Justicia.

¿Quién es Ricardo Gutiérrez?

De bajo perfil, al menos durante el gobierno del intendente Arroyo, poco se supo sobre el accionar de este funcionario. ¿Pero quién es Ricardo Gutiérrez? Durante la gestión del ex intendente Elio Aprile se desempeñaba en el área de Unidades Fiscales del Emtur. Su nombre apareció en la prensa relacionándose con un escándalo. En una sesión de una comisión del Concejo Deliberante, concesionarios de La Perla lo mencionaron, con nombre y apellido, acusándolo de haberles pedido una coima. Uno de los concejales allí presentes, el hoy fiscal general Fabián Fernández Garello hasta planteó la necesidad de radicar una denuncia penal, recuerdan los protagonistas de aquellas reuniones. El entonces concejal justicialista Eduardo Salas también “incineró” a Gutiérrez ante la prensa. Aprile le buscó una salida “diplomática” a pedido de otro funcionario (Mario Statti) y el arquitecto pasó al ostracismo.

Sin embargo, el año pasado, y cerca de jubilarse, Arroyo lo “rescató” y se lo llevó a la Privada y de hecho lo designó–según figura en la declaración jurada del funcionario- director de Asuntos Estratégicos de la privada. Gutiérrez deberá presentarse seguramente ante la justicia aunque se desconoce en qué caracter. Su testimonio será valioso por cierto y quizás logre dilucidarse el marcado interés que tenía en que se firmara sí o sí este decreto y su accionar en torno al mismo, o los miles de motivos que habrá tenido para mostrarse tan activo en estas actuaciones. Más aún durante el último día de trabajo de su jefe, recibiéndose como una especie de “empleado del mes” yendo a las diez de la noche a buscar una firma en una escuela.

En tanto, Gutiérrez en las últimas horas ya tuvo su primer roce con el nuevo secretario de Obras, Jorge González. “El Guasa no sólo lo sacó volando de la secretaría sino que les pidió a todos los empleados que ni siquiera lo dejen acercarse. Aparentemente estaba buscando algunos expedientes”, refirieron desde Obras donde nadie quiere quedar pegado a quien identifican con el extraño sobrenombre de “El untado”.

Al margen, en los Tribunales se suman elementos en la causa en la cual Arroyo aparece denunciado por los supuestos delitos de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario publico. El pedido de registros de llamadas telefónicas entrantes y salientes de varias personas –algunos de ellos ex funcionarios- y de las imágenes captadas por las cámaras de seguridad de la comuna (mediante nota se le solicitó a la actual gestión que no sean eliminadas las filmaciones del 9 de diciembre) fue formalmente solicitado por los abogados para que se incorporen a la causa. De hecho, hasta se aportan los números telefónicos de al menos once personas cuyas identidades no se conocieron aún, aunque trascendió que figurarían “Gutiérrez, un concejal y un ex concejal arroyista, dos ex secretarios, un joven ya involucrado en otros casos resonantes y dos ex funcionarias”, entre otros.

Los delitos de cohecho en su faz activa y pasiva, tráfico de influencias, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas y abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, están mencionados en la denuncia que tramita ante la Fiscalía de Delitos Económicos.

Nadie quería firmar…

“Nadie quería firmar este decreto. Luis (por Distefano) no tiene nada que ver tampoco. Inexplicablemente, hicieron intervenir a una arquitecta de Educación cuando se excusó el secretario de Obras y Planeamiento. ¿Por qué firmó el intendente pese a que nos cansamos de decirle que no lo hiciera? No lo sé. ¿Quiénes estuvieron detrás de todo esto? Lo van a saber pronto”, revela uno de los ex funcionarios de Arroyo quien confirma que hay testigos dispuestos a aportar “mucha info”, haciendo referencia incluso a la existencia de fotocopias de documentos celosamente guardados.

¿Qué hizo el intendente actual, Guillermo Montenegro, a poco de asumir y ser informado sobre toda esta situación? Dio intervención a sus asesores legales y sin perder el tiempo decidió suspender los efectos del decreto 3256 firmado por Carlos Arroyo la noche previa a su despedida. Todo será analizado ahora por el área Legal y Técnica. La disposición, firmada por Montenegro y su secretario de Gobierno, Santiago Bonifatti, deja en claro que Arroyo autorizó la obra con un informe de la Contaduría General que cuestionaba la legalidad de lo actuado y sin esperar el “dictamen definitivo del órgano de asesoramiento jurídico del municipio”.

Y ante la excusación de intervenir en el expediente anterior, el entonces secretario de Obras, Guillermo de Paz, el nuevo gobierno refirió que tal situación “cae en abstracto” a partir de la asunción de las nuevas autoridades el 10 de diciembre por lo que dispuso la continuidad de la tramitación ante las autoridades naturales de la secretaría de Obras y Planeamiento Urbano”.

“La firma de un decreto la noche anterior a irte no es algo muy normal”, había subrayado Montenegro ante la prensa antes de dejar sin efecto lo decidido por Arroyo. En la ampliación de la denuncia presentada ante la Justicia por el concesionario Sergio Goransky con el patrocinio legal del doctor César Sivo se expresa que “habría que ser ciego para no comenzar a sospechar que el acta transaccional esconde por detrás un millonario negociado que podría hacer incurrir a los funcionarios involucrados en delitos penales de mucha mayor envergadura que aquellos que pueden fácilmente probarse con la simple lectura del expediente”.

“Para ser sinceros, los concesionarios de Playa Grande, en su mayoría, juegan a la mancha con los aviones. Pero estos se pasaron de rosca”, refiere por su parte un concejal de la comisión de Turismo. Y agrega: “además, cuando ves quiénes son los que defienden mediáticamente este mamarracho del acta transaccional no te queda otra que cruzarte de vereda”.

Del análisis de los expedientes municipales, en tanto, surge que ya el 5 de septiembre de 2013, el entonces subsecretario de control municipal, Adrián Alveolite (gestión Pulti) rechazaba el pedido de Playa Azul SA para habilitar actividades gastronómicas en ese espacio. A partir de allí, y con el correr de los años, el Emtur, la Secretaría Legal y Técnica, y otros organismos de contralor coincidían en el diagnóstico.

En todos los casos, se impedía modificar las condiciones del proceso licitatorio y el destino del espacio. Sistemática, reiterada y coincidentemente. Hasta el 9 de diciembre pasado, cuando la noche antes de irse, el entonces intendente Arroyo firmaba el polémico decreto para algarabía, según varias fuentes, de algún “concejal arroyista, un ex secretario, un funcionario de la privada y un joven valijero” quienes seguramente deberán transitar, al igual que el ex intendente, los pasillos de los Tribunales locales. ¿Será justicia?