Durante varias horas, el concesionario de Playa Grande Sergio Goransky declaró en la Fiscalía de Delitos Económicos Nº10 de este distrito, oportunidad en la que ratificó y amplió la denuncia por presunto abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público del ex intendente Carlos Arroyo, a partir de actos administrativos vinculados al estacionamiento del complejo.

Además, insistió en la necesidad de que sean citados a declarar, como ya se pidió en un escrito, el ex secretario de Gobierno, Alejandro Vicente y el ex titular de Legal y Técnica, Gustavo Gil de Muro, en relación a esta cuestión.

“Llamó la atención gratamente que la Fiscalía estaba muy al tanto de los detalles y el contenido de la denuncia”, expresó una fuente cercana al denunciante quien contó con el respaldo del abogado penalista César Sivo.

De esta forma, se puso en marcha la investigación relacionada con el acta transaccional que firmó el 10 de abril del año pasado el entonces intendente Arroyo con Playa Azul, la concesionaria del estacionamiento de Playa Grande, que estaba a un paso de perder la concesión por incumplimientos en las obras previstas en el pliego licitatorio.

A través de ese acuerdo, Arroyo se comprometió a otorgarle a la concesionaria los usos “gastronómico y complementarios” (que en los hechos implican establecer un boliche, lo que había solicitado la firma con anterioridad) a cambio de que hiciera tres obras por fuera de Playa Grande: un Centro Municipal de Veterinaria y Zoonosis en Laguna de los Padres, la puesta en valor de un inmueble de propiedad municipal y la demolición de la Unidad Turística Fiscal N° 5 de La Perla.

El 9 de diciembre, un día antes de dejar el cargo, Arroyo y su secretario de educación, Luis Distéfano, firmaron el decreto 3256, mediante el que autorizó la obra del boliche a Playa Azul y aclara que la habilitación comercial dependería de Inspección General. Goransky, en forma inmediata, amplió la denuncia penal que había presentado contra Arroyo y la extendió a Luis Distéfano. “Este esperpento jurídico fue refrendado entre las 21 y 23 horas por el entonces secretario de Educación municipal, el profesor Luis Distéfano, quien fue designado por Arroyo para suplantar al secretario de Obras excusado”, señala la ampliación.

En el marco de la denuncia, en los últimos días también se solicitó formalmente el acceso a las imágenes de las cámaras de seguridad de la comuna, especialmente del 9 de diciembre, cuando se firmó el polémico decreto, como también el entrecruzamiento de las llamadas telefónicas y mensajes de no menos de diez personas -entre ellos el ex intendente, un par de concejales y algunos ex funcionarios- que tendrían relación con el tema.

Cabe recordar que el intendente Guillermo Montenegro suspendió los efectos de ese controvertido decreto de Arroyo y lo envió para su revisión a Legal y Técnica y otras áreas con competencia en la materia. Entre sus argumentos indica que Arroyo autorizó la obra con un informe de la Contaduría General que cuestionaba “la legalidad de lo actuado” y sin esperar el “dictamen definitivo del órgano de asesoramiento jurídico del municipio”. “La firma de un decreto la noche anterior a irte no es muy normal”, dijo Montenegro en su primera conferencia de prensa como intendente, el día de su asunción.