Feroz descenso de los depósitos y un torrente de plata para financiar gastos corrientes del Estado. El paso siguiente al vaciamiento es la privatización, un viejo anhelo neoliberal.

elato oficial dice que en su segundo y decisivo año de gobierno Maurizio Macrì quiso homogeneizar su equipo, dejar claro que los únicos que lo expresan como si fuera él mismo son el jefe de gabinete Marcos Peña Braun y sus a lateres, Mario Quintana y Gustavo Lopetegui. Por eso fueron notificados del despido la presidente de Aerolíneas, Isela Costantini, el ministro de Hacienda y Finanzas Alfonso De Prat-Gay, el de Espacio Público Daniel Chain y ahora Melconian como presidente del Banco Nación. En el caso específico del economista, la narrativa oficial añade que era partidario de un ajuste más drástico, en lo que disentía con De Prat-Gay, quien celebró su reemplazo por su maestro, Javier González Fraga, e incluso se transcribieron definiciones que Melconian ofreció durante la campaña electoral. Alguna grabada en audio, como su afirmación de que no se podían subir más salarios y jubilaciones porque “el anterior gobierno se fumó las reservas, las vacas y el trigo”, y otras sin documentar pero que son derivación lógica de la anterior, como que es necesario bajar 40 por ciento los salarios, lo que sólo se puede hacer con una desocupación del 15 por ciento. Si esto no ha ocurrido no puede atribuirse a timidez oficial sino a la fuerte resistencia social que convierte cada ajuste, en el sector público o en el privado, en una batalla con amplio consenso social hacia los testarudos que no aceptan irse a casa cabizbajos. Por último, algunos diálogos a media voz entre funcionarios sugieren que ante las notorias dificultades económicas, sin semestre de alivio a la vista, Macrì sentenció que “hay más que hacer en inseguridad y narcotráfico que en economía” y abrió la campaña electoral con una serie de respuestas de populismo punitivo, como la baja de la edad de punibilidad de los chicos, la reinstalación de la farsesca peripecia del fiscal bon vivant Natalio Nisman, los acuerdos con Estados Unidos para borrar la separación entre Defensa Nacional y Seguridad Interior y permitir la actuación castrense en temas de política interna; la adquisición a Israel de parafernalia represiva que se exhibió el último lunes en Puente Pueyrredón, la reforma por decreto de las leyes de Accidentes de Trabajo y de Migraciones para desproteger a los trabajadores, revocar residencias y expulsar extranjeros manu militari, y la agresión en distintos lugares del país a quienes reclaman derechos, sean los tupaqueros de Jujuy, los mapuche de Chubut, los manteros de Once o los gráficos del Grupo Clarín, baleados y gaseados por fuerzas federales de seguridad.

En 2011 cuando la UCR lo eligió como su candidato a la vicepresidencia, González Fraga dijo algo muy parecido a lo que ahora afirma Macrì: los grandes problemas argentinos no son económicos sino institucionales.

Entonces también propuso una de las políticas que Macrì desarrollaría en el siguiente turno presidencial: reemplazar las retenciones y las regulaciones al ingreso de capitales por un nuevo endeudamiento estatal y la apreciación del peso. Con el apoyo de una trama suprapartidaria de hombres del sector financiero, como Martín Redrado, Eduardo Amadeo, Mario Brodersohn y De Prat-Gay, González Fraga proponía ya entonces las ortodoxas metas de inflación, con aumento de tasas de interés, reducción del gasto público y retenciones, apreciación cambiaria y nuevo endeudamiento público, medidas similares a las que se estaban aplicando en Europa, con resultados catastróficos.

Los recientes pronósticos sombríos del Fondo Monetario Internacional y de la calificadora de riesgo Moodys explican este acento oficial en otras cuestiones más susceptibles de manipulación mediática que la economía. Tanto el FMI como Moodys bajaron las expectativas de crecimiento de América Latina y lo atribuyeron al mal desempeño de la Argentina y de Brasil. Para Moodys la región no llegará al 1 por ciento de crecimiento entre 2016 y 2018.

Si esto es achacable a Brasil y a la Argentina, la lógica implícita es que aquí el crecimiento sería aún más bajo que en el conjunto, si es que hay algún crecimiento. Para que el Producto Interno per cápita no disminuya, el crecimiento de este año debería alcanzar el 5 por ciento, que es el doble de las estimaciones oficiales más optimistas. Macrì se refugió en las generalidades que le recomiendan sus asesores para minimizar el problema en su última conferencia de prensa. No importa cuál sea el número de este año, sino empezar a crecer y seguir creciendo durante veinte años, verseó. Cuanto menos probable es alcanzar las metas inmediatas, más lejos se extiende la visión presidencial, hasta el horizonte de la nada misma. Si los inmigrantes y los pibes villeros son chivos expiatorios siempre a mano, de los males de la economía deberán pagar las consecuencias los radicales: Nicolás Dujovne en Hacienda y González Fraga en el Banco Nación.

Usos y abusos de Keynes

Lo que Macrì y su mesa chica no ceden es la lapicera de contraer deudas, que sigue firme en la mano de Luis Caputo, porque ese es el corazón del programa económico, cuyo músculo es la colocación de hormigón donde sea posible, siempre a través de las empresas propias y/o de los amigos. Con la misma frescura con que Macrì se desligó de Odebrecht y Joe Lewis, lo hará mañana de sus funcionarios radicales. “No veo donde está el tema, no entiendo cómo se relaciona, esa parte no la logro comprender”, son sus frases predilectas para defender lo indefendible. Perdido en el cúmulo de informaciones y sin títulos ni análisis que llamaran la atención sobre este punto, el duopolio de prensa oficialista aludió a la razón real del alejamiento de Melconian. Martín Kanenguiser escribió en La Nación que Melconian tuvo una actitud de cautela frente a las exigencias de préstamos por parte del Tesoro.

“En diciembre nos pidieron más de $ 60.000 millones de pesos; ahora, en el año de las elecciones, quieren un banco más keynesiano”, le atribuyó no sin ironía a un colaborador de Melconian. El viernes dijo casi lo mismo Ricardo Roa en Clarín: en diciembre “el Gobierno le pidió al Nación una parva de plata para tapar el agujero fiscal y Melconian corcoveó”. En su despedida, en la que el rostro del duro tecnócrata neoliberal que es se mojó con las lágrimas del pibe armenio de Valentín Alsina que fue, Melconian dijo que había ordenado a su gente de prensa “no operar la noticia ni bajar línea”. La parva de plata ¿fue una excepción a esa regla o el dato provino de la trinchera opuesta? En cualquier caso, allí está en núcleo irreductible que hizo imposible la continuidad de Melconian en el principal banco público del país.

No es que corcoveó ahora. La pulseada por los fondos del Banco Nación lleva tanto tiempo como el gobierno de Macrì y puede rastrearse en los documentos oficiales del Banco Nación y de la autoridad regulatoria, la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias del Banco Central, a cargo del ex compañero de Macrì en la comisión directiva de Boca Juniors, Fabián Zampone, y su gerente general de supervisión, Fabian Violante, quien ingresó al BCRA durante la presidencia del numen neoliberal Pedro Pou. En 2009 el Banco Central fijó límites normativos a los préstamos del Banco Nación al Tesoro.

Cuando se trata de amortización de deudas, obras de infraestructura o inversiones en bienes de capital para la prestación de servicios públicos críticos o de interés público, esos créditos no pueden superar el 30 por ciento de los depósitos del sector público nacional no financiero en el mismo banco. El límite se extiende al 100 por ciento de los depósitos computados, más el 50 por ciento de la Responsabilidad Patrimonial Computable de la entidad para el total de exposiciones con el sector público nacional. Durante el último semestre del gobierno de CFK esos depósitos crecieron un 62 por ciento o más de 68 mil millones de pesos (de 110 a 178 mil millones). Por el contrario, en el primer semestre de Macrì se derrumbaron un 45,3 por ciento (de 178 mil hasta 108 mil millones, con una pérdida de 81 mil millones de pesos) a junio de 2016. Esto se reflejó en una caída de los depósitos totales del Banco Nación.

En el último semestre de Cristina habían crecido 74 mil millones y en el primero de Macrì cayeron 54 mil millones. Del mismo modo se modificó la proporción de depósitos del gobierno nacional sobre el total de los depósitos del Banco: del 48 por ciento que representaban cuando asumió Macrì, se desplomaron al 31 por ciento en abril de 2016, en apenas un cuatrimestre. El gobierno nacional acumuló deudas con el Banco Nación por cuotas vencidas impagas de 13 mil millones de pesos. Estas variaciones se aprecian en los tres gráficos oficiales (ver página 10).

El incremento de créditos concedidos por el Banco Nación al Tesoro (mediante la compra compulsiva de títulos públicos) y el simultáneo retiro de depósitos del Fondo Único de Cuentas Oficiales (FUCO) en el Banco desembocó a mediados del año pasado en una situación crítica. Por primera vez desde las regulaciones de 2009 se violaron los límites impuestos al financiamiento por el principal banco público del país al Estado Nacional. Ambos movimientos responden a la misma compulsión, que es derivar esos recursos a gastos corrientes. El 20 de julio de 2016, Melconian solicitó una excepción hasta el 31 de diciembre en el cumplimiento de las relaciones técnicas.

El mismo día se pronunciaron en forma favorable Alejandra Márquez Miranda, gerente de supervisión de entidades financieras y los gerentes Cristian Pujol, de derecho financiero, cambiario y comercial, y Nora Binaghi, de Asesoría Legal. En la síntesis del caso preparada por el gerente de supervisión Violante, el Banco Central atribuye tanto las financiaciones otorgadas al sector público como la “significativa caída” en los depósitos del sector público “a la necesidad de fondos por parte de la jurisdicción nacional”. Incluso, reseña que Melconian gestionó ante el entonces unificado ministerio de Hacienda y Finanzas una mejora en el nivel de los depósitos y una cancelación parcial de los créditos e intentó algún maquillaje de la situación, por ejemplo en una deuda de la provincia de Mendoza de 2200 millones de pesos, reemplazó la garantía de coparticipación federal de impuestos por recursos tributarios cuyanos “a fin de aliviar el cómputo sobre el cupo de financiamiento al gobierno nacional”, aunque de ese modo perdiera “calidad en sus garantías”.

Tomando en cuenta que el Nación es el agente financiero del Estado Nacional y que la Nación Argentina garantiza sus operaciones, Sturzenegger admitió “con carácter de excepción” que no se considerarían excedidos los límites de las relaciones técnicas “en la medida equivalente a la diferencia total entre las asistencias y los recursos computables para cada uno de los límites”, es decir cubría el total del apartamiento de la norma. Incluso, anticipaba que incrementaría esa gracia en la medida en que volvieran a caer los depósitos en los meses siguientes. El 21 de julio, apenas 24 horas después de la solicitud de Melconian, Sturzenegger concedió lo solicitado, por la Resolución 291 del directorio. La excepción duraría hasta el último día de 2016, plazo en el cual el Banco Nación debería recomponer las relaciones técnicas, desbaratadas por decisiones que no tomó Melconian sino el ministerio de Hacienda y Finanzas. En el memo del Nación, firmado el mismo 20 de julio por su gerente y subgerente generales, Raúl Duzevic y Luis Enrique Downs y dirigido al Superintendente del Central Zampone, hay una sola frase subrayada. Es la que consigna que la situación planteada “no responde a una decisión crediticia voluntaria del Banco Central”. Es decir, ayúdenme porque ustedes nos metieron en este lío.

Pero el 21 de diciembre, diez días antes del vencimiento del plazo, una resolución conjunta de las secretarías de finanzas y de hacienda le enchufó al Banco Nación una nueva Letra del Tesoro (Letes) por 48 mil millones de pesos, con vencimiento el 21 de marzo de 2017. Si bien aún no están disponibles los informes respectivos del Banco Nación y del Banco Central, es ostensible que este contundente supositorio financiero aplicado en la semana de las fiestas de fin de año, terminó de desacomodar al soldado de Macrì que presidía el Banco y que pugnaba por cumplir con las relaciones técnicas que garantizan su solvencia y robustez. La negativa a recibir una nueva dosis de 60 mil millones de pesos echó su suerte. González Fraga ha demostrado que no tiene ese tipo de pruritos. El sendero a recorrer es conocido: primero el vaciamiento y después la privatización, que implica negocios para los amigos y quitar de en medio una alternativa de regulación y de fortaleza estatal.