Este tipo de ventas genera una competencia completamente desleal”, dijo el presidente de Cameco en la ciudad, Juan Antonio Gutiérrez.

Un estudio realizado por una cámara empresarial reveló que en Mar del Plata hay un puesto de venta ilegal cada 612 habitantes, lo que graficó la problemática que atraviesa la ciudad y el país.

El dato surge de una muestra realizada en 465 ciudades del país por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), donde también se revela que en los últimos nueve meses hubo mucho desplazamiento de vendedores clandestinos hacia el interior del país.

El trabajo detalla que se encontraron en la Argentina 662 saladitas en 110 localidades, 6 más que en la última medición (agosto 2016), mientras que la cantidad de vendedores informales (manteros y en saladitas) cayó 2,3% en ese periodo, pero con un movimiento particular: por el incremento de los alquileres de las tiendas en ferias y los mayores controles en la vía pública, en las ciudades que tienen esos formatos de venta, muchos puesteros se desplazaron a lugares donde había menos presencia de comercio antirreglamentario.

En ese ránking elaborado de ciudades con “puestos en saladitas + manteros en la vía pública”, Mar del Plata ocupa el puesto 66 con un puesto de venta ilegal cada 612 habitantes. “En la ciudad no hay una concentración masiva como en La Salada, pero sí hay instalaciones donde en la mayoría de los casos no se reúnen los metros cuadrados mínimos que se necesitan para que funcione un local”, le explica a LA CAPITAL Juan Antonio Gutiérrez, presidente de la Cámara Marplatense de Empresas Comerciales y de Servicios (Cameco). Y agrega: “Este sistema empieza con la adquisición de locales grandes que luego son subdivididos pero sin respetar la reglamentación municipal que prohíbe este tipo de puestos. A partir de ahí se genera toda una situación irregular”.

Gutiérrez explica que este tipo de grandes locales termina generando conflictos legales con los puesteros. “Estas estructuras tienen un responsable que es el que alquila el lugar. Muchas veces la gente que trabaja en estas saladitas chiquitas no tiene una relación laboral legal”, sostiene. Y agrega: “Todo esto después origina una serie de juicios y demás contra el dueño del lugar. Por eso debería regular como corresponde”.

Los perjuicios

Gutiérrez sostiene que la venta ilegal genera “una competencia que es totalmente desleal”. “Los negocios hoy no están pasando por una situación ideal. Cayeron las ventas, los costos fijos son muy altos, la carga impositiva es importante y las tarifas subieron. Todo ese hace que el costo operativo sea alto”, grafica. Y agrega: “Si ese panorama se lo compara con un puesto de venta ilegal obviamente se hace más desfavorable porque no pagan impuestos, alquiler, y tienen un costo operativo bajo. Esta situación es desproporcionada para el comercio pyme que quiere hacer las cosas bien en la ciudad”.

El presidente de Cameco también insiste con una denuncia que desde la entidad vienen realizando hace cinco años: la venta ilegal en la costa durante la temporada. “Hay una invasión de gente que viene de otros países a vender bijouterie en la playa a la vista del todo el mundo. Nunca han sido controlados. Esa es toda venta ilegal y genera un movimiento económico muy fuerte con productos que están ingresando al país ilegalmente”, dice. Y agrega: “Por eso es que a veces nos sentimos mal porque a veces ARBA hace algún tipo de punto fijo en negocios instalados y los otros que mueven fortuna, porque son emprendimientos que responden a un mismo patrón, no tiene control. Esto lo venimos denunciando desde hace aproximadamente cinco años porque no tiene que ver con el espíritu de la pyme, el comercio y la producción”.