Casco fue apuntado como el principal organizador de un grupo de personas que realizaron una toma de terrenos en noviembre de 2015, pero lejos de estar involucrado el ex cooperativista sólo posee su vivienda en el mismo barrio, donde durante años participó como militante peronista para organizar la asistencia a las problemáticas de los vecinos. Luego de sufrir traslados por distintos penales bonaerenses como si fuera acusado de un delito mayor, ahora debe afrontar un juicio armado, en lo que parece ser una muestra de autoritarismo del poder político en vinculación con el judicial para atacar a los más necesitados.

 “Yo tenía un contrato con la Municipalidad por la cooperativa, y cuando caí detenido me sacaron todo, no me pagaron más nada, ni siquiera figuraba en la Municipalidad y hasta se encargaron de decir que yo era un puntero político. Yo siempre viví en el barrio, estaba un poco más presente con la gente que otros porque me ocupaba de hacer cosas que se necesitan, pero nunca hice nada malo. Yo ayudaba a la gente y además cumplía con mi laburo, pero un día me inventaron una causa por algo que nunca hice y me metieron preso”, relató en diálogo con AgePeBA el ex trabajador municipal Miguel Casco.

Los próximos 23 y 24 de agosto deberá afrontar el juicio en el que se lo acusa de supuesta “instigación a la violencia colectiva” agravada y “propagación de enfermedades” en una toma de terrenos que comenzó entre la madrugada del 31 de octubre y el 1 de noviembre de 2015 en la localidad de Arturo Seguí, partido de La Plata.

Lo que la Justicia para nada tuvo en cuenta hasta ahora es que Casco fue detenido ilegalmente el 9 de noviembre de 2015 y desde ese momento permaneció privado de su libertad hasta el 22 de abril del año siguiente por la orden del juez platense Pablo Raele, quien dictó la detención preventiva con complicidad y por pedido del fiscal Marcelo Romero de la UFI N º6 de La Plata. Seis meses tuvo que sobrevivir Casco en distintos penales de la provincia de Buenos Aires hasta que logró su excarcelación en una causa sin pruebas claras, pero con el principal objetivo de mantener al militante peronista en prisión.

Casco estuvo detenido en primera instancia en la Comisaría 14 de Romero, después pasó por la Alcaldía Pettinato, para finalmente llegar a la Unidad 1 de Olmos. Luego de soportar varias golpizas allí, logró acceder a representantes de la secretaría de Derechos Humanos bonaerense para dar a conocer su dramática situación, pero lo único que la Justicia ordenó fue separarlo al área de buzones, y más tarde trasladarlo a la Unidad 23 de Florencio Varela. A su vez, según pudo saber el militante, su destino original luego de pasar por el penal de Olmos era Sierra Chica, una de las prisiones de mayor seguridad pero también con peores condiciones de convivencia del país, lo que no pudo ser efectivo por problemas en el transporte, y que da cuenta de una determinación judicial insólita para un acusado de una causa insignificante.

En este sentido, el ex empleado municipal afirmó que “tenía una causa armada y pase un mal momento viendo cómo sobrevivir, me hizo mal psicológicamente y afectó a mi familia. Viví un infierno, hicieron una hazaña ilógica con alguien que no cometió ningún delito. Yo me sentí siempre un preso político, porque labure para una gestión pero lo hice como parte de mi trabajo, haciendo mi trabajo en el barrio cortando plantas o pasto y también ayudando a los vecinos cuando podía, nada más que eso”.

La toma de terrenos a la que se lo vincula se encuentra en las calles 416 entre 154 y 155. Según Casco y otros 10 testigos que ya declararon a su favor de manera voluntaria, el ex cooperativista no tenía ninguna relación con las personas que comenzaron la toma en noviembre de 2015, sino que su participación solo se basó en intervenir pacíficamente como vecino del barrio para que la policía no avanzara contra la gente. Esa defensa contra las fuerzas de seguridad le valieron que el 9 de noviembre varios patrulleros rodearan su casa y se lo llevaran detenido.

Asimismo, insólitamente fue acusado de incitar a la violencia y a la propagación de enfermedades por una supuesta quema de gomas durante la toma, pero sin embargo estos hechos jamás ocurrieron. No existe ningún registro ni acta policial que confirme algún enfrentamiento entre la policía y los vecinos, y menos donde Casco sea sospechoso de participar como actor principal. Es más, hoy en día la toma continua sin ninguna imposición y la gente que allí habita ya ha comenzado a construir sus casas de material. “No se quemaron gomas, no hubo represión, ni tampoco balas de goma. Desde que empezó la toma durante una semana los policías estuvieron juntos con las personas que estaban tomando las tierras, y hasta había un acuerdo para que dejaran el lugar en caso de que llegara el dueño en algún momento. Pero en la denuncia contra mí dicen que hubo una quema de gomas y un desalojo forzoso”, explicó Casco.

Además de los perjuicios económicos y psicológicos que sufrió junto a su familia, Casco también fue expuesto en los programas televisivos del periodista PRO Jorge Lanata y de igual manera en los de Mauro Viale luego del hecho y el pasado año. Por su parte, la gran mayoría de los medios platenses ocultaron hasta ahora la versión del ex empleado municipal, tomando en cuenta solo las fuentes oficiales de la Policía.

El diario El Día y el portal Infocielo publicaron en noviembre de 2015 artículos que confirman la detención de Casco pero en el que además se lo responsabiliza sin pruebas necesarias de ser el organizador de la toma de terrenos y de incitar a la violencia contra las fuerzas de seguridad. “El diario el día sacó fotos y videos y nunca se ven insultos ni violencia contra la policía. Si la policía hubiese reprimido estaría en el acta de procedimiento de la causa, y dirían que me detuvieron por disturbios o lo que fuera, pero no hay nada de eso, me culpan de contaminación, y encima caigo detenido 9 días después cuando estaba sentado en mi casa”, denunció Casco.

Pese a que nadie vio esto, las fuentes policiales utilizadas por la Justicia informan que “desde el día 31 de octubre (de 2015), en horas de la madrugada y en inmediaciones de la calle 416 entre 153 y 154 de la localidad de Arturo Seguí, un sujeto del sexo masculino (identificado como Miguel Ángel Casco) instigó a un grupo indeterminado de personas a cometer el delito de usurpación en relación con el predio ubicado en las arterias mencionadas”. Además, se apunta que el trabajador comunal habría “incitado públicamente a la violencia colectiva respecto de los vecinos del lugar”, recurriendo al “amedrentamiento mediante amenazas”. La justicia presentó a cuatro testigos con esta versión, la cual es absolutamente contraria a la del acusado y los 10 testigos que ya confirmaron la falsedad de los hechos.

Después de todas las golpizas que soportó en distintos penales y el trato judicial de su causa como si fuera un delito de altísima gravedad, a Casco no le queda otra opción que afrontar ahora un juicio armado en el que intentan acusarlo por su condición de militante ligado al peronismo. “Usaron mi detención para advertir y frenar todas las tomas que se estaban haciendo en La Plata como en Abasto, Romero, Olmos, Altos de San Lorenzo y otros barrios; me usaron como bandera, y me da mucho miedo ir a un juicio cuando sé que el Poder Judicial está en el medio y está todo armado. La mía es una causa claramente armada”, alertó antes de presentarse en los tribunales el próximo miércoles.

Desde la llegada de Cambiemos a la Municipalidad de La Plata, el hostigamiento a cooperativistas se vio agravado más aún en los casos que eran militantes peronistas o al menos ligados al kirchnerismo. Las salvajes represiones de comienzos del año pasado a los cooperativistas que reclamaban pagos adeudados en la puerta del Municipio dieron una muestra de la política social que busca imponer el intendente Julio Garro, con decisiones contrarias a las necesidades de las grandes mayorías que habitan principalmente en la periferia de La Plata, uno de los centros urbanos con mayor urgencia habitacional en la Provincia con al menos unos 129 asentamientos registrados. La pantalla mediática de Garro oculta tras detenciones como la de Casco una verdadera problemática habitacional de la cual el Estado municipal es responsable y cómplice por propiciar un ajuste económico seguido de despidos masivos y otras políticas neoliberales que siguen ubicando a más gente en las calles, obligando a que vecinos de diversos barrios platenses se concentren en terrenos tomados para luchar por un lugar para sobrevivir.