La fiscalía de Delitos Culposos las acusó de haber generado un grave riesgo ambiental y sanitario en la región por la acción ilegal y sin ningún tipo de control.
La Justicia de la provincia de Buenos Aires, a través de la fiscalía de Delitos Culposos, imputó a 14 personas acusadas de haber generado un grave riesgo ambiental y sanitario en Mar del Plata, a través del reciclado informal de envases vacíos de fitosanitarios.
De acuerdo con el fiscal Pablo Cistoldi, los involucrados utilizaban los envases para elaborar insumos plásticos “sin adoptar ningún tipo de recaudo ni tratamiento, de forma totalmente clandestina, provocando una amenaza de alcances desconocidos para el ambiente y la salud de todos”. La fiscalía decidió imputar a los individuos en cuestión ya que su conducta infringió lo dispuesto por la Ley 24.051, referida a los Residuos Peligrosos.
La causa inició a partir de investigaciones a cargo del fiscal Rodolfo Moure, que culminaron con un allanamiento, encabezado por la Policía Ecológica del Ministerio de Seguridad bonaerense, en un trabajo conjunto con el Ministerio de Ambiente y a través de la Dirección Provincial de Residuos Especiales y Patogénicos.
Conforme a un procedimiento del que también participó personal del ministerio de Desarrollo Agrario de la provincia, de SENASA, de Obras Sanitarias e Inspección General, se procedió a la clausura del predio y al secuestro de los envases, que se derivaron a un Centro de Acopio Transitorio mediante la gestión de la asociación CampoLimpio. El origen de los envases, se presume provenía de entregas o ventas ilegales por parte de productores agropecuarios de campos cercanos al predio.
La labor del poder judicial, que contó con la participación de personal de la DDI Ambiental y del Cuerpo de Ayuda Técnica a la Instrucción (CATI) de la Fiscalía General, permitió establecer la presunta responsabilidad de los imputados en la recepción y acopiamiento ilegal de miles de envases vacíos de agroquímicos, que luego molían y reintroducían en la producción, haciendo caso omiso a lo establecido por la normativa vigente. En ese sentido, Cistoldi consideró en riesgo tanto a los operarios que recibieron y manufacturaron los bidones como así también a los consumidores, reales y potenciales, de los productos elaborados con dicho plástico.
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