El acta constitutiva partidaria establece que para poder participar en el reparto de bancas de concejales municipales y consejeros escolares (el intendente es electo a simple mayoría de votos) deben obtenerse, al menos, 30 por ciento de los votos válidos emitidos.

En ese sentido, las listas participantes obtuvieron: la B, 14.185 votos; la C, 17.115; la D, 8.054; la E, 20.364; y la F, 8.437; lo que hace un total de 68.158, resultando el 30 por ciento la cifra de 20.447 que marca el piso que se debe obtener para poder acceder a la representación proporcional.

Respecto al piso de 20.447, ninguna de las listas contendientes obtuvo el mínimo legal. En consecuencia, por imperio del artículo 100 del Código Electoral, aplicable en forma subsidiaria, deberá reducirse ese piso en un 50 por ciento. Es decir, que automáticamente el piso pasará a ser de 10.223 votos, y solo aquellos que superen esa cantidad pueden acceder al reparto de bancas.

A pesar de la claridad de la normativa, dentro de la Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires existe, por estas horas, un tire y afloje de intereses políticos y familiares que amenazan con no cumplir con lo dictado en el Código Electoral.

Es que los integrantes de la Junta están todos relacionados, de manera tan diversa como polémica, al frente massista: el doctor Eduardo Delbés es nada más y nada menos que suegro de José Ramón Arteaga; Ana María Bourimborde es la madre de Dolores Martínez Bourimborde, directora de Relaciones Internacionales del Tribunal de Cuentas y candidata en tercer término en la nómina de Arteaga; Gustavo Daniel Spacarotel fue compañero de Carlos Martínez en épocas del alakismo, quien es padre de la postulante Bourimborde y miembro consorte de la Junta.

En tanto,  Eduardo Grinberg es el presidente del Tribunal de Cuentas que designará a Dolores Martínez como directora provincial en pago de favores recibidos (a modo de aporte, según bromean dentro del organismo, Grinberg es apodado “pastalinda” o “el rey de los ñoquis”. Todos ellos están comprendidos por las generales de la ley, razón suficiente para que se excusaran en los diversos expedientes en trámite.

Artilugio procesal

Según trascendió durante el fin de semana, Alberto Delgado -primer aspirante a concejal de la lista que llevó a Marcelo “Chuby” Leguizamón como candidato a jefe comunal- presentaría un amparo para intentar contrarrestar una maniobra que excede lo meramente local y podría convertirse en un escándalo de grandes proporciones.

Por otro lado, desde la secretaría de la Junta aseguraron que hasta el domingo 6 de setiembre nada se había resuelto a la espera de instrucciones, pero aclararon que las resoluciones de la Junta Electoral de carácter interno solo se notifican a los partidos políticos y de ningún modo se difunden a la ciudadanía ni a los medios de comunicación.

Es decir que, en esta jugada a “varias bandas”, la ciudadanía no puede tener información real que transparente el acto comicial y los representantes de los sectores que responden a Leguizamón y Carlos Melzi, probablemente por detalles técnicos, jurídicos y/o procesales, sean dejados de lado con argumentaciones formalmente válidas pero con un verdadero tufillo fraudulento.

Pero todo tiene que ver con todo. Hoy la pregunta que ronda los pasillos de la Junta Electoral es una: ¿Desde el organismo trabajan limpiamente en contra del Frente para la Victoria o están preparando el terreno para acomodarse con el sector victorioso?

Probablemente, buena parte de los sectores que resulten dejados de lado en las listas del Frente Renovador no se quedarían con las manos vacías e irían rápidamente al Frente para la Victoria o a la alianza Cambiemos a ofrecer sus servicios.

Esto, consecuentemente, debilitaría al sector massista. La justificación es clara: no podrían mantenerse leales con el sector de Arteaga que, de un plumazo, los borró de las listas, gracias a sus contactos políticos y familiares.

Fortalecer a Arteaga mediante este artilugio procesal, aunque resulte en una gran injusticia dejar de lado a aquellos que legítimamente se han ganado un lugar en las listas, es coadyuvar subliminalmente al Frente para la Victoria.

Un pacto que bien se podría haber elaborado entre el ex senador consorte Carlos Martínez y el candidato a gobernador del Frente para la Victoria, Aníbal Fernández, quienes fueran compañeros de bancada y mantienen fluidos y frecuentes contactos.