Entre los fundamentos de la iniciativa legislativa el diputado Zapata señala que “el  momento histórico que estamos viviendo, donde altos funcionarios se encuentran imputados por enriquecimiento ilícito y el consecuente descreimiento por parte de la ciudadanía de los funcionarios, torna muy oportuno la sanción de esta ley en el ámbito provincial”.

El proyecto establece un conjunto de deberes, prohibiciones e incompatibilidades, sin  excepciones, aplicables a todas las personas que se desempeñen en la función pública – cualquiera sea su nivel y/o jerarquía - en forma permanente o transitoria, hayan ingresado a la administración pública provincial o municipal por elección popular, designación directa, por concurso o por cualquier otro medio.

Indica 10 pautas de comportamiento ético, entre ellas cumplir y hacer cumplir la Constitución provincial, las Cartas Orgánicas municipales, las leyes y los reglamentos que en consecuencia se dicten; defender el sistema republicano de gobierno;  Observar en el en el desempeño de sus funciones los principios éticos de honestidad, probidad, rectitud, buena fe y austeridad; Privilegiar el interés público sobre el particular, velando en todos sus actos por los intereses del estado y el bienestar genera ;  No buscar ni recibir ningún beneficio personal vinculado a la realización, retardo u omisión de un acto vinculado a sus funciones, como así tampoco establecer condiciones especiales que deriven en ello