La representante de la organización no gubernamental “Árbol de pie” de Bariloche, Ana Wieman, junto a la senadora Magdalena Odarda (Frente Progresista CC-ARI)  presentaron unas 30.000 firmas al Superior Tribunal de Justicia (STJ) para que se incorporen a un expediente relacionado con un amparo por la contaminación del lago Nahuel Huapi.

En los momentos previos, miembros de esa agrupación política realizaron en el edificio de Tribunales una campaña tendiente a juntar más adherentes, con lo cual se llegó a la mencionada cifra. Asimismo, se dedicaron a informar sobre la situación que afecta ese espejo de agua.

La acción judicial fue promovida para conseguir la concreción de medidas apropiadas y urgentes a los efectos de impedir nuevos vuelcos de efluentes cloacales sin tratar. Odarda informó a “Río Negro” que a esta cantidad de suscripciones se le deben agregar otras 6.000 firmas, de las cuales 3.000 son de Bariloche y otras tantas del resto de la Provincia.

Indicó que este trámite se hace ante el máximo órgano judicial con el propósito de que el vocal Sergio Barotto “no se desentienda” y no pase a la Justicia Federal ante anuncios previos de una posible declaración de incompetencia para actuar. Frente a esta situación, los amparistas hicieron una apelación para evitar el traslado de las actuaciones y quede en el fuero provincial.

Por su parte, Wieman se mostró preocupada por el volcado de camiones atmosféricos en la cámara que va a la planta de tratamiento y que se “reventó” por la presión. Agregó que lo de los vuelcos “es anecdótico” porque nosotros “estamos preocupados como vecinos, no vamos con un escribano público, pero se ven lo que se tira incluso hasta planta de tomates”. Asimismo, la vecina expuso sus críticas hacia la poca efectividad de los análisis que hace la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC).

En cuanto a los efectos iniciales de acción judicial, Odarda mencionó por otra parte, que “g racias a este amparo, hace escasos días pudimos informar que se le asignaron más recursos a las obras de saneamiento para este espejo de agua con un importe de 285.838.370 pesos, lo cual no es menor”.

La acción legal fue iniciada tras la denuncia de un derrame de casi un millón de litros de efluentes cloacales. La iniciativa de carácter colectivo de Odarda y las organizaciones ambientalistas se presentó ante el Poder Judicial el 23 de diciembre del 2015.

Las amparistas solicitaron al STJ que “ordene que se adopten medidas coordinadas entre el Estado municipal y provincial a fin de lograr la contención necesaria en el sistema de saneamiento de la planta de tratamiento de líquidos cloacales de Bariloche”.

Reclamaron como medida cautelar que, hasta tanto recaiga sentencia definitiva, se ordene a la Provincia y a la Municipalidad “la concreción de medidas apropiadas y urgentes a fin de impedir nuevos vuelcos de efluentes cloacales sin tratar al lago Nahuel Huapi, erradicando de inmediato la situación de riesgo existente y la vulneración de los derechos constitucionales afectados”.

La planta de líquidos cloacales fue concesionada a la Cooperativa de Electricidad Bariloche (CEB) por el Departamento Provincial de Aguas (DPA) y comenzó a operar en 1996, pero hoy es insuficiente y está colapsada.