Por Laura Vales

La ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, se presentó en los tribunales de Comodoro Py para que sea la Justicia Federal la que decida en la disputa que mantiene con los movimientos sociales por el plan Potenciar Trabajo. Le solicitó al juez Ariel Lijo que la habilite a pagar el plan a los titulares de este programa que, según los datos de AFIP, tuvieron en octubre ingresos superiores a dos salarios mínimos. No existe una norma que diga taxativamente que quienes están en esta situación no lo pueden cobrar, señalan en el propio ministerio; sin embargo, la ministra considera que la situación podría acarrearle un señalamiento de la Justicia, luego de que el fiscal federal Guillermo Marijuán la denunciara por incumplimiento de los deberes de funcionario público. Así, el conflicto de los Potenciar Trabajo, que parecía haber quedado resuelto el viernes, tras una reunión del presidente Alberto Fernández con Tolosa Paz, Emilio Pérsico, y el titular de la UTEP, Esteban “Gringo” Castro, volvió a quedar lejos de alcanzar una salida. Incluso se agravó, porque por las demoras en la liquidación del programa, un 1.300.000 titulares que debían haber cobrado este lunes no lo hicieron. En este marco, la Unidad Piquetera anunció que este martes a la mañana concentrará frente al ministerio, y la UTEP decidió realizar una jornada de asambleas en todo el país, con centro en el Obelisco, el miércoles.

En Desarrollo Social aseguran que los titulares del Potenciar van a cobrarlo y que sólo una proporción menor, que no cuantificaron, tendrá que esperar el aval judicial. Sin embargo, resulta evidente que dentro del ministerio continúa la discusión sobre el criterio con el que van a ser liquidados los planes en diciembre.

“Muchas compañeras no cobraron el Potenciar y tienen que pagar el alquiler. Mañana tampoco van a cobrar y nos dicen que van a pagar el miércoles, tal vez. A eso se suma que los alimentos no llegan a los comedores en la cantidad comprometida, que no sabemos qué va a pasar con el aguinaldo social, que los convenios del Potenciar están trabados y nos faltan insumos y herramientas”, planteó Dina Sánchez, del Frente Darío Santillán, a la salida de una reunión de la UTEP en la que la organización ratificó la protesta del miércoles.

A su vez, la Unidad Piquetera decidió adelantar su movilización y este martes hará una concentración frente al ministerio, a partir de las 11 y por tiempo indeterminado. “Vamos a pedir una reunión con la ministra, que claramente ha confundido el enemigo”, señalaron los movimientos. “Vamos a exigirle una fecha de cobro, vamos a reclamar además un bono de emergencia por la inflación y a demandarle que no desenganche el Potenciar del salario mínimo”.

En la mayor parte de los movimientos hacen una interpretación del conflicto que reconoce que existe una presión judicial y mediática contra el programa pero que, yendo más allá, enfoca también lo económico. Creen que Tolosa Paz se apoya en la presión judicial para avanzar en el ajuste pedido por el FMI, que la semana pasada llamó al Gobierno a “mejorar la focalización de los subsidios y la asistencia social". Sostienen que existe una decisión estructural de hacer un gran recorte.

¿Qué se discute?

El conflicto de los Potenciar se originó en un informe de la AFIP que decía que había más de 250 mil beneficiarios con declaración de Bienes Personales, o más de una vivienda, o con autos 0 km e incluso muertos que cobraban el plan. Sobre ese informe, los medios de la derecha montaron una campaña en la que se dijo cualquier cosa (algunos portales llegaron a publicar que 250 mil muertos cobraban un Potenciar). Luego se conoció que el relevamiento de AFIP mezclaba casos de incompatibilidades con casos que no, pero para ese entonces el escándalo mediático ya estaba montado y la Justicia Federal había iniciado dos causas sobre los funcionarios a cargo del programa.

A fines de noviembre, a pedido de Desarrollo Social, la AFIP  confeccionó un segundo informe, que tomó otro corte y nominalizó los datos, es decir hizo un listado con nombres y apellidos. El ministerio le pidió el listado a la Justicia y lo usó para definir qué bajas hacer. En este punto estalló el conflicto con los movimientos sociales.

El Potenciar fija incompatibilidades explícitas para sus beneficiarios, como ser dueño de más de un inmueble, o de un auto 0 km, ser titular de un comercio, tener empleo, cobrar una jubilación. Fuentes de la cartera dicen que las incompatibilidades detectadas en base a la reglamentación del Potenciar no son para el escándalo y que hay acuerdo de todos los sectores en realizar su baja.

En cambio, hay beneficiarios que si bien no presentan incompatibilidad -no tienen auto ni tienen bienes-, registran ingresos por más de 2 salarios mínimos. Es un tope que no está en la normativa, pero que Tolosa Paz considera una inconsistencia, ya que supera los ingresos de un monotributista categoría A, que es el tope para ingresar al programa. Si el ministerio avanza con estas bajas, el porcentaje de planes caídos daría un salto y, sin dudas, será impugnado por las organizaciones, que aceptan discutir nuevos criterios hacia adelante pero no hacia atrás, incluidos los casos de pequeñas compras de dólares ahorro y de ingresos que hayan superado los 120 mil pesos mensuales.

¿Pueden o no pueden percibir un Potenciar estos trabajadores de la economía popular? La discusión tiene que ver con su sentido; ¿el programa es contra la pobreza o es para fortalecer el trabajo de quienes no tienen ni salario ni patrón?

A modo de anticipo del debate que se viene, Página/12 consultó a algunos de los protagonistas. En el Polo Textil del Frente Darío Santillán cuenta Silvia Cano: “Cuando vendemos una remera, o delantales de cocina, usamos las billeteras virtuales o mercado pago. Cuando compramos insumos también, pensá que hoy seis hilos y un paquete de botones están arriba de las 15 lucas. Entonces, podemos tener en la billetera virtual movimientos mayores. Si ponen en cuestión esos ingresos (o esos consumos) están fomentando que la gente cobre y trabaje en negro, en la informalidad. A nosotros nos cuesta mucho conseguir laburo y esto nos da mucha bronca”.

Un referente del Frente de Organizaciones en Lucha señala: “Nuestras compañeras manteras, que arreglan ropa usada y la venden en La Plata, están llegando a dos salarios mínimos entre lo que venden y lo que cobran como salario social complementario. Esto las mata, más acercándose a las Fiestas”.

Otros casos a la vista son los de trabajadores en polos de reciclado, en cooperativas que urbanizan los barrios populares o que hacen los tendidos de agua potable para Aysa: son construcciones que han recuperado ingresos y derechos laborales mediante la organización. No todos logran ingresos superiores a los 120 mil pesos, pero en todo caso la pregunta es: ¿hay que impulsarlo o hay que tomarlo como tope para retirar el pago del Potenciar? Y ¿quién debe definir ese criterio?