Este sábado por la mañana desde la Casa Rosada el Gobierno anunció que serán dados de baja más de 27.000 planes sociales. Ello en el marco de una estrategia de revisión y control de los  programas asistenciales y sociales vigentes, y en miras de cumplir el objetivo oficial del Gobierno de Javier Milei, de restringir con un recorte profundo de gastos estatales hasta alcanzar el déficit fiscal cero.

En ese sentido, desde el Ministerio de Capital Humano, conducido por Sandra Pettovello, argumentaron como justificativo primordial de la medida, que fueron detectadas varias irregularidades que incluyen el incumplimiento por parte de los beneficiarios de requisitos básicos que debían acreditarse para ser destinatarios con derechos a percibir la ayuda estatal.

El plan de reducción progresivo de programas sociales hasta su total eliminación, que está implementando el Gobierno de Milei, derivó en este recorte masivo, producto de una investigación con verificación interna y entrecruce de datos que realizó personal de la cartera ministerial bajo la titularidad de Pettovello. Más precisamente, en el relevamiento se cruzó información referente a la verificación de datos y cumplimiento de requisitos para el acceso a los beneficios con datos correspondientes a los actuales titulares de los programas.

Incumplimiento de requisitos 

A resultas de la investigación minuciosa, el Gobierno detectó  irregularidades en 27.208   beneficiarios de planes sociales, que se encontraban cobrando la ayuda estatal del programa  Potenciar Trabajo. A la vez, que también se detectaron incompatibilidades en otras 12 personas que estaban cobrando como beneficiarias del plan  Potenciar Empleo. Lo que derivó en la inmediata baja de dichos planes sociales fue el hecho de que los beneficiarios no eran aptos para recibir estas sumas de asistencia o apoyo del Estado. Por ende, a todos los beneficiarios sin derecho a la asistencia se les eliminó automáticamente el cobro de la ayuda estatal.

Para el rastreo de incompatibilidades se realizó un confronte de información entre la base de datos de la ANSES y la información disponible en el Sistema de Identificación Nacional Tributaria y Social. De ese contraste surgió que entre los beneficiarios que cobraban los planes sociales dados de baja, se encontraban casos de beneficiarias de jubilación o pensión; beneficiarios de prestación por desempleo; monotributistas “Categoría C” o superior; trabajadores autónomos; residentes en el extranjero; fallecidos y hasta se detectó a algún titular de automóvil con menos de diez años de antigüedad.

Ahorro millonario derivado de las bajas

Según informó el Ministerio de Capital Humano, la baja de estos planes asistenciales redundará en un ahorro de $2.000 millones al “evitar la erogación incorrecta”. Además, indicaron que hasta el momento la actual gestión de Milei, lleva eliminados a 31.808 beneficiarios de programas asistenciales estatales por haberse detectado diversas irregularidades y/o incompatibilidades. 

Cabe señalar que en paralelo aún se esperan definiciones respecto de cerca de 160 mil programas que, en octubre pasado, fueron denunciados por el fiscal Guillermo Marijuán. Se trata de beneficios que fueron cobrados por personas que registraron haber realizado viajes al exterior, en aviones, yates y cruceros. En concreto, este universo bajo la mira y análisis, está siendo evaluado por el Gobierno actual y se espera que en pocos días también se anuncie su baja, tras una minuciosa evaluación de cada caso en particular. 

En concreto, las irregularidades fueron descubiertas en una investigación donde se detectó que desde el año 2020, fueron 159.919 los beneficiarios del “Potenciar Trabajo” quienes viajaron al exterior, cuando en paralelo se beneficiaban de la ayuda del estado. Con base en su investigación  Marijuan  denunció la irregularidad ante la jueza María Servini de Cubría.

En la denuncia  se  detalló que el Estado paga por cada plan unos $66 mil  mensuales, lo que representa una suma total de $10.554.654.000 millones. El fiscal enfatizó que al multiplicarse  ese monto por los meses, desde  principios del 2020, la pérdida es multimillonaria con claro perjuicio para un  Estado ya debilitado. De modo que las más de 27.000 nuevas bajas se suman a las más de 4.500 bajas efectivizadas en diciembre último. En ese caso las incompatibilidades surgieron del cruce de datos de los beneficiarios del plan Potenciar Trabajo con la nómina de empleados públicos en 14 provincias. 

Sumando en  total, desde el 10 de diciembre, con la asunción del Gobierno de Milei, 31.808 bajas en el listado de beneficiarios titulares de programas que cobraban la ayuda estatal en forma indebida.

Avanza firme el “Plan Motosierra”

Con esta nueva limpieza de beneficiarios sin derecho legítimo al cobro de esos planes sociales, el Gobierno avanza con su plan “Motosierra”, que fuera  carta de presentación durante la campaña presidencial del referente por La Libertad Avanza. Así continúa con  su objetivo oficial que apunta al recorte extremo del gasto público y a un ajuste del déficit fiscal en niveles cero. 

Fue precisamente tras el regreso de su viaje y participación en el Foro Económico Mundial en la ciudad suiza de Davos, cuando el mandatario  mantuvo una reunión con la ministra de la cartera social Sandra Pettovello, donde terminaron de definir la baja en forma inmediata de los más de 27.000 planes sociales. Por lo pronto, se espera que esta semana la medida sea oficializada mediante la publicación de una resolución ministerial en el Boletín Oficial.

Por lo pronto, las agrupaciones, de izquierda y peronistas, se sumarán al paro general de la CGT, en rechazo a la actual gestión de Milei, por considerar que impulsa una “estigmatización” de los sectores más vulnerables.